El 4 de noviembre 2022 y el 18 de noviembre 2023 se produjeron inundaciones de viviendas, calles y avenidas en el denominado Gran Santo Domingo y otras provincias de República Dominicana. El otro noviembre fue en el 2016, donde se registró un total 14 mil personas evacuadas. La mayor cantidad de lluvias de la historia dominicana se produjo este 18 de noviembre 2023, según ONAMET. Los tres noviembres dejaron, por un lado, pérdidas millonarias en bienes materiales, por otro lado, muertes, heridos y secuelas psicológicas en los afectados.
Según informe de Defensa Civil, entre 2017 y 2022 un total de 79,182 personas fueron desplazadas y 35,438 albergadas. En ese periodo, 31,776 viviendas resultaron afectadas entre anegadas (25,787), parcialmente deterioradas (5,075) y totalmente destruidas (914).
En medio del desastre se reitera la pregunta que hicieron urbanistas, ingenieros, topógrafos y geógrafos entre 1997 y 1998: ¿por qué construir elevados y túneles en dirección este-oeste si el drenaje natural es norte-sur, hacia el mar Caribe? Santo Domingo tiene un gran privilegio en relación a muchas ciudades del mundo, porque la mayor parte de las aguas pluviales caídas bajan de manera natural hacia el sur. ¿Recuerdan hace varios años el rompimiento de las losas del túnel de la avenida 27 de febrero? Cuando se producen situaciones como las actuales, las aguas chocan como un misil a los muros que las obstaculizan.
Por otro lado, por varias décadas, las porosidades naturales de los suelos han sido sustituidas por muros y cementos que vuelven impermeables los suelos. No solo se necesitan drenajes sanitarios y pluviales (que siempre serán importantes), también se necesitan aplicaciones de consecuencias a infractores de regulaciones sobre las diferentes vocaciones o usos de los suelos residenciales y comerciales. Las grandes ciudades como Tokyo, Paris, Nueva York, Georgia, Etc. se inundan y hay drenajes, pero los impactos negativos son inferiores al de los países empobrecidos porque son ciudades con planificación desde hace varios siglos y han generado capacidades de adaptación.
Los planes de drenajes sanitarios y pluviales son proyectos que se ejecutan en periodos de más de 20 años. Para Santo Domingo existe el Plan Maestro de Drenaje Sanitario. Los costos o presupuestos de ejecución son altísimos. Eso no significa que no se hagan y de hecho hay avances con varios proyectos ejecutados en administraciones públicas pasadas y en ejecución en la actual administración. El drenaje es y será valido para la canalización de las aguas residuales y pluviales, pero insuficientes cuando se construyen en ciudades con desarrollo espontáneo o sin planificación.
La ciudad de Santo Domingo para el año 1947 contaba con una huella construida de aproximadamente de 14 Km2. En el año 2016, está huella evolucionó sorprendentemente hasta 361 Km2. Este crecimiento, al cual no escapan otras ciudades dominicanas como Santiago, San Francisco, Puerto Plata, San Cristóbal, Etc. se produjo sin ninguna regulación del ordenamiento territorial y de los usos de los suelos. Hoy, donde están ubicadas las fábricas, los negocios, las industrias, las residencias donde vivimos han sido construidas, en la mayoría de los casos, con pocas o nulas regulaciones. “Se construye donde se quiere y como se quiere”. Esa expansión urbana ha ido arrasando patrimonios culturales, ambientales y la biodiversidad desde el 1990 hasta la actualidad. Los riachuelos, muchos, fueron convertidos en cañadas; Guajimía es un ejemplo. Los drenajes naturales han sido bloqueados por muros de concretos.
¿Hay salidas? Si. Hay salidas de largo plazo y de mediano. Por un lado, hay que seguir ordenando los territorios, los usos de suelo y los asentamientos humanos. Hay que fortalecer los gobiernos locales en su compromiso en aprobación de la normativa de uso de suelos urbanos y rurales. Actualmente el Gobierno apoya en estrategias de ordenamiento territorial y promulgó la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. La proyección a mediano y largo plazo será que no se quede ningún municipio de República Dominicana sin ordenamiento territorial. El desafío inmediato el sistema gobernanza de ordenamiento mediante la articulación del gobierno central, los sectores económicos, la sociedad civil y los gobiernos locales para que actúen juntos; el cual está siendo puesto en marcha por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). La planificación territorial, su ejecución, se lleva décadas. Colombia inició en la década de los años 90. El freno a los usos irregulares de los suelos urbanos puede darse desde ahora por parte de los gobiernos locales.
Por otro lado, fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático. Los países de renta media y baja sufren los impactos de los problemas generados por los grandes emisores de gases de efecto invernadero (China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón). Las inundaciones, los ciclones y tormentas seguirán siendo más intensas, los incrementos de temperatura son irrebatibles, los incendios forestares aparecerán con más frecuencias, la disponibilidad de agua está siendo amenazada y las sequías ponen límites al desarrollo agropecuario. El Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático coloca a República Dominicana como el quinto país de mayor vulnerabilidad en la región de América Latina y el Caribe, luego de Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras. La adaptación al cambio climático es un compromiso compartido: Estado y sociedad.
Para 2030 los desastres socio naturales estarían costando a las ciudades del mundo 314 mil millones de dólares por cada año y 77 millones más de personas residentes en localidades urbanas estarían entrando a la condición de pobre. Una gran esperanza: que el 2030 encuentre a América Latina y el Caribe con ciudades y municipios ordenados, con asentamientos humanos con barrios rehabilitados (vivienda y hábitat sostenible), con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas avanzadas en el alcance de sus resultados y un pacto nacional para la adaptación y la resiliencia ante el cambio climático.
Los países de América Latina y el Caribe, en caso de amenaza por inundaciones y para evitar tragedias, tendrán que limitar la libre circulación en la movilidad urbana de las ciudades y en la comunidades suburbanas y rurales vulnerables. Nos acercamos al modelo de albergue en amenaza de ciclones al modelo de albergue para amenaza de inundaciones. Es lógico el pensar en el dilema que existe entre el derecho a la vida y el derecho a la libre circulación de las personas. Las restricciones a la circulación deberán pasar a ser parte de los sistemas de alerta y que estos transciendan la visión de semáforo que se presentan en boletines. Los sistemas de alertas tempranas ameritan un cambio de su estructura conceptual, para que sean consistentes con la nueva visión de resiliencia (aumentar la capacidad de dar respuesta ante el riesgo). Los mapas de territorios con la condición de inundable constituyen un grandísimo instrumento para restringir la movilidad urbana por calles y avenidas en esos asentamientos o espacios urbanos amenazadas. La tecnología satelital es una gran fuente para cartografiar suelos inundables y tomar decisiones.
Ante esta realidad del cambio climático seguiremos con muchas preguntas con respuestas y sin respuestas.