En la última década, dos periodistas han trascendido el trabajo rutinario del diarismo, para contarnos sus testimonios más sensibles sobre la situación del sistema nacional de salud, desde una perspectiva humanista, en defensa de los derechos de los pacientes y afiliados a la Seguridad Social.

Altagracia Ortiz Gómez, periodista senior del periódico HOY, nos entrega dos libros: el primero, “EN CUIDADOS INTENSIVOS, Una visión crítica al sistema de salud dominicano” (2015), y el segundo, “EL COMERCIO DEL DOLOR, Los pacientes se convirtieron en clientes” (2022). Por su parte, Doris Pantaleón, periodista senior del Listín Diario, publicó su libro “JUNTOS LLORAMOS”, Historias que no se olvidan” (2023).

Si bien los tres han sido bien recibidos en las esferas oficiales, en las academias y por los profesionales de la salud y de la seguridad social, todavía no han sido debidamente apreciados por sus respectivos contenidos, especialmente a la luz de los debates y de las propuestas de la modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Los tres libros coinciden en las críticas, desde una perspectiva humana, de las limitaciones y deficiencias del sistema público de salud, destacando las deficiencias, interrupciones y carencias principalmente de los grandes hospitales públicos, falencias de larga data, debido a la confluencia de fuertes intereses políticos, gremiales y comerciales.

Además, reconocen la mayor aceptación de los pacientes de los servicios de las clínicas privadas, a pesar de su costo. Pero, critican el afán excesivo de lucro que induce a prácticas lesivas al derecho de los pacientes; y la indiferencia de las autoridades competentes ante las revelaciones de los medios de comunicación y las crecientes quejas de los pacientes.

Minorías que realizan fraudes y plagios contra los pacientes y el PBS

Nuestra Fundación reconoce, valora y promueve estas publicaciones porque expresan las angustias, limitaciones y el costo del acceso de los afiliados al derecho universal a la salud. Además, porque aportan valiosas informaciones sobre la necesidad de la administración del riesgo para evitar los fraudes, excesos y abusos de una minoría de profesionales faltos de ética. Veamos algunos ejemplos:

  • “El pago de “incentivos” para lograr derivaciones de los pacientes hacia servicios médicos se está generalizando en el país”, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las empresas que no lo hacen, y la salud de los pacientes.
  • Para que un profesional sea nombrado en Salud Pública, el médico debe pagar “coimas” de hasta 50,000 pesos. En los casos de enfermeras y bioanalistas, fluctúa entre 20 y 30 mil pesos.
  • “Intencionalmente se dañan equipos de los hospitales, para beneficiar negocios que funcionan en sus derredores y en ocasiones se les hacen diagnósticos equivocados a los pacientes”.
  • En algunos hospitales, minorías organizadas provocaron fallas y averías tan frecuentes en las instalaciones y equipos, que hubo que militarizar el centro y colocar cámaras de seguridad”.
  • Se registra un crecimiento vertiginoso en la realización de cateterismos, angioplastias e implantes de stents (endoprótesis) en pacientes que real o supuestamente necesitan de un procedimiento cardiovascular.
  • Una denuncia refiere que los médicos y las clínicas privadas serían responsables de ejecutar fraudes a las ARS entre un 10 % y un 15 %.
  • Solo 60 trabajos de los 5,000 presentados son reales, el 98.8 % son trabajos falsos y publicados en revistas médicas que no existen”.

Ambas periodistas coinciden, en sus respectivas publicaciones, en que tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), como el Colegio Médico Dominicano (CMD), las sociedades médicas especializadas y las universidades del país, conocen desde hace décadas la existencia de estos fraudes y plagios, sin enfrentar el problema.

Los tres libros de estas dos valientes periodistas revelan la existencia de un pequeño grupo de médicos, abogados y centros de salud, muy activo y preparado, dedicado a fomentar fraudes y plagios reñidos con la ética y el juramento hipocrático. Estas acciones, ponen en riesgo la salud y el bienestar de cientos de miles de pacientes, representan un costo millonario, acentúan el gasto familiar de bolsillo y el desequilibrio del PBS.