En la entrega pasada compartimos los 10 cambios más importantes de los últimos diez años en el país sobre el abordaje del delito de la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; cambios tangibles demostrados por estudios y datos estadísticos, los cuales reflejan una mejoría notable en la respuesta del sistema público de justicia ante esta problemática.

A parte de los cambios enumerados, los estudios reflejaron un aumento en la percepción de confianza de las propias autoridades en la respuesta del sistema de justicia a la explotación sexual comercial y la trata de personas; dicha percepción obedece a la proactividad de procesamiento de casos y las condenas dispuestas a los explotadores, lo cual ha ido evidenciando una reducción importante en la impunidad de este delito.

Misión Internacional de Justicia -IJM por sus siglas en inglés-, ha estado presente en el país por los últimos 10 años enfocados completamente en apoyar al Estado Dominicano en la prevención y persecución de este delito, la protección de sus víctimas y el fortalecimiento del sistema de justicia de manera sostenible. Y luego de alcanzar los objetivos de su programa de manera exitosa, llega al fin de su presencia en el país confiados en el empoderamiento de las autoridades para continuar la lucha y combate a este mal y su sostenibilidad, a través de las reformas de marcos legales y políticas públicas implementadas y las que quedan aún por implementar.

Un aspecto fundamental a los esfuerzos de reforma del sistema público de justicia en los que IJM pudo aportar fue la incidencia local. De estos esfuerzos se destaca la eliminación del matrimonio infantil: a través de una estrategia legal consistente en una acción directa de inconstitucionalidad contra el matrimonio infantil, 16 organizaciones de la sociedad civil apoyaron la causa mediante escritos de amicus curiae, campañas e incidencia a los nuevos gobernantes sobre la necesidad de su eliminación, lo cual terminó siendo un hecho y una realidad legislativa para el país a partir de enero 2021 con la promulgación de la Ley 1-21.

Posterior a este nuevo marco legal y a fin de hacerlo real y sostenible, las autoridades se han mantenido aunando esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas públicas necesarias para la prevención del subsiguiente gigante: las uniones tempranas y embarazo en adolescentes.

Otra incidencia importante lograda por igual a través de una estrategia legal, fue la sentencia TC/0349/22 emitida por el Tribunal Constitucional en la cual, si bien rechazó la acción presentada por IJM para la adopción de una ley de protección a víctimas, el tribunal sí reconoció que el servicio a las víctimas se ofrece de forma limitada y por tanto, entendió pertinente que tanto el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y las instituciones involucradas en el Servicio Nacional de Representación Legal de las Víctimas (RELEVIC), especialmente la Procuraduría General de la República, deben implementar mejorías para ofrecer un servicio ampliado a las víctimas.

Por último, y no menos importante porque aún se encuentra en curso y estamos completamente confiados que veremos esta ley ya siendo una realidad para el país, es la nueva ley contra la trata de personas.

Desde mediados de 2019, el Comité Interinstitucional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (CITIM) con apoyo de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y organizaciones de la sociedad civil, llevaron a cabo unas mesas de trabajo para la elaboración de un nuevo proyecto de ley contra la trata de personas. Con el cambio de gobierno y la llegada de nuevas autoridades, el proyecto de ley tomó un curso mucho más lento, se vio sujeto a revisión y modificación nueva vez y luego de agotado, fue reenviado al Senado de la República Dominicana desde la consultoría del Poder Ejecutivo el pasado mes de diciembre 2022; es decir que ya se encuentra a un paso más cercano de que se estudie y se apruebe una nueva ley contra la trata de personas para el país, capaz de responder a las necesidades actuales que demanda este delito.

La justificación para la adopción de una nueva ley contra la trata es la necesidad de ajustarla a los tiempos actuales y la disposición de una fuente de recursos para su combate. Además, ha sido una recomendación constante del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el reporte TIP (Trafficking in persons/Trata de Personas) que realiza cada año. Dichos reportes clasifican a todos los países del mundo en uno de cuatro niveles, tomando como base sus esfuerzos combatiendo la trata de personas y las normas mínimas de la TVPA (Ley de Protección de Victimas de Trata) para la eliminación de la trata de personas las cuales, por lo general, son consistentes con el Protocolo de Palermo.

La importancia e impacto de dichos reportes para el país es la disposición de recursos provenientes de los Estados Unidos para la mejora y desarrollo de la economía dominicana. En los últimos once reportes TIP, ha aparecido como recomendación constante de parte de Estados Unidos la modificación o adopción de una nueva ley contra la trata de persona en la República Dominicana. Once años después me atrevo a afirmar que estamos en el momento más cerca de ver esa recomendación ya hecha una realidad.

Todos estos logros y esfuerzos nos confirman que el trabajo colaborativo entre Gobierno y Sociedad Civil, funcionan. Misión Internacional de Justicia -IJM por sus siglas en inglés- es una organización global de derechos humanos con 25 años de trabajo a nivel mundial, cuya misión es la de proteger de la violencia a las personas que se encuentran en estado de pobreza, asociándose con las autoridades del Estado para rescatar víctimas, traer criminales a la justicia, restaurar sobrevivientes y cooperar con las autoridades para fortalecer el sistema público de justicia a fin de construir un futuro seguro y duradero.

En República Dominicana, IJM se encontraba desde 2013 trabajando de la mano de las autoridades para proteger de la explotación sexual comercial y la trata de personas con esa finalidad a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Para lograr esta protección, trabajamos a favor de un sistema público de justicia eficiente en el que los policías son proactivos y realizan investigaciones de alta calidad, se logran rescates de víctimas llevados a cabo de manera sensible, fiscales lideran investigaciones y procesamiento de casos de calidad logrando protección a la víctima y condenas firmes, y profesionales de atención a la víctima buscan su recuperación y restauración integral.

Como observamos de esta entrega y la anterior, el país ha alcanzado cambios notables en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual en los últimos 10 años. Aún queda mucho por hacer, pero es importante reconocer que se ha trabajado y legislado para eso.

La adopción de nuevas leyes que protejan adecuadamente a las víctimas y se castigue al responsable, es vital para hacer sostenible en el tiempo los logros alcanzados. El nuevo proyecto de ley contra la trata de personas es una muestra del compromiso del Estado Dominicano en brindar protección a sus ciudadanos contra este mal, y la segunda ley más importante en materia de Derechos Humanos que adoptará el país luego de la eliminación del matrimonio infantil.

¡Hasta que todos sean libres!

 

Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia (IJM).