Misión Internacional de Justicia -IJM por sus siglas en inglés- es una organización global de derechos humanos con 25 años de trabajo a nivel mundial, cuya misión es la de proteger de la violencia a las personas que se encuentran en estado de pobreza, asociándose con las autoridades locales para rescatar víctimas, traer criminales a la justicia, restaurar sobrevivientes y cooperar con las autoridades para fortalecer el sistema público de justicia a fin de construir un futuro seguro y duradero.
En República Dominicana, IJM se encuentra desde 2013 trabajando de la mano de las autoridades para proteger de la explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes. Para lograr esta protección, trabajamos a favor un sistema público de justicia eficiente en el que los policías son proactivos y realizan investigaciones de alta calidad, se logran rescates de víctimas llevados a cabo de manera sensible, fiscales lideran investigaciones y procesamiento de casos de calidad logrando protección a la víctima y condenas firmes, y profesionales de atención a la víctima buscan su recuperación y restauración integral.
De esta manera, el país ha tenido un notable cambio en el abordaje del delito de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes durante la última década, y en este artículo desglosaremos los diez más significativos que se han logrado. Estos cambios obedecen a un trabajo conjunto de las autoridades del Estado y la sociedad civil en prevenir y procesar este delito, así como la protección y cuidado brindado a la víctima luego de ser removida del lugar de su explotación, ecuación que da como resultado un sistema público de justicia más robusto en este tema y una significativa reducción de la comisión de este delito.
- La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ha pasado de ser un delito invisibilizado e impune a ser perseguido y judicializado. En 2013, el Departamento de Trata y Tráfico de la Policía Nacional no registró ningún caso de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y trata de personas con fines de explotación sexual; mientras que de 2013 a la fecha se registraron más de 130 casos. De manera parecida, el Ministerio Público registró un aumento relativo de 82.2 % en comparación con 2013.
- El trabajo articulado de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Departamento de Trata y Tráfico de la Policía Nacional, el CONANI y el apoyo de IJM, lograron la judicialización de 54 casos contra explotadores sexuales, rescataron del lugar de su explotación a 91 adultas y 129 niños, niñas o adolescentes quienes recibieron atenciones primarias y lograron condena en 28 casos en un período de nueve años.
- Desde la adopción de la actual Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas No. 137-03 en el año 2003, sólo existía hasta 2013 menos de una sentencia condenatoria por cada año. Es decir que en un período de 10 años se cuentan menos de 10 condenas. A partir del 2013, la Procuraduría General de la República creó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ha logrado grandes avances en la persecución del delito; así, entre 2014 y 2021 se cuentan nueve veces más condenas para los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas para fines sexuales que entre 2010 y 2013.
- La calidad de las investigaciones policiales y las acusaciones presentadas por fiscales ha aumentado de un 14 % en 2012 a un 60 % en 2022.
- Dentro de este mismo período de tiempo se cuenta también la realización de dos grandes operativos nacionales contra la trata de personas y la explotación sexual llevados a cabo por la policía nacional, ministerio público y personal de CONANI, como prevención del delito.
- Hoy día, el departamento de trata de la policía nacional cuenta con un mejorado sistema tecnológico para la mejora y facilidad de su trabajo diario.
- El acceso a la justicia de la víctima se ha visto facilitado gracias al involucramiento de IJM como parte querellante en el proceso penal, así como de los abogados gratuitos que ha dispuesto la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para estos fines. Tal como apuntamos en una entrega anterior, IJM ha sido la primera organización no gubernamental en el país en representar víctimas de trata de personas ante los tribunales, con o sin su consentimiento, en procura de una correcta aplicación de la ley, la protección a víctimas y respeto de los derechos humanos.
- Al día de hoy, más de 3,600 actores clave del sistema de justicia y agentes de cambio han sido capacitados y sensibilizados en el fortalecimiento de sus capacidades frente a este delito: jueces, fiscales, policías, psicólogas, trabajadoras sociales, sociedad civil, iglesias, comunidades.
- IJM creó la primera red de sobrevivientes de la explotación sexual comercial en República Dominicana. Bajo el nombre Cicatrices de oro, un grupo de sobrevivientes jóvenes recibe capacitación y empoderamiento para apoyar y prevenir a otros sobre el delito.
- Y finalmente no por ello menos importante, todo lo anterior más otras informaciones relevantes que compartiremos la próxima semana, ha reducido la prevalencia de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en lugares públicos del país en un 78 %, de conformidad a un estudio publicado por IJM el mes pasado de noviembre.
Todo lo anterior refleja un aumento significativo en las investigaciones, persecución y protección a sobrevivientes de la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades se encuentran más confiadas sobre el abordaje de este delito, cuentan con herramientas, conocimientos y experiencias sobre las mejores prácticas en su persecución y la protección adecuada a las víctimas.
A través del estudio de desempeño sobre la respuesta del sistema público de justicia entre 2010 y 2021 realizado por IJM, el país hoy cuenta con unas estadísticas visibles sobre la forma en cómo se ha respondido al delito al transcurrir los años; las autoridades pueden reconocer y afianzar lo que ya han venido haciendo bien y trabajar en los cuellos de botella identificados en el estudio, a fin de que nuestros ciudadanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan vivir libres de explotación.
¡Hasta que todos sean libres!
Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia (IJM).