El pasado miércoles 19 de octubre, por gentil invitación de los organizadores (MEPYD, Foro Ciudadano, COPADEBA, y Ciudad Alternativa, entre otros), tuvimos la oportunidad de participar en la presentación, ante organizaciones sociales, del informe sobre “Desigualdad de Ingreso en la República Dominicana 2012 -2019”, por representantes calificados del MEPYD y de la CEPAL (ONU).
Este estudio es resultado de un proceso de colaboración entre el Gobierno de la República Dominicana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Laboratorio Mundial de Desigualdad (World Inequality Lab ó WIL). El documento completo puede ser obtenido en la página del MEPYD o de la CEPAL.. Estudios similares ya han sido realizados en 9 países de América Latina.
Aplicó una metodología para calcular el Coeficiente de Gini, la magnitud y evolución de las desigualdades de ingreso, mediante la inclusión de diversas fuentes de información generadas por la ONE, el Banco Central, la Dirección General de Impuestos internos, que supera algunas de las limitaciones de las tradicionales mediciones basadas exclusivamente en encuestas. Entre las limitaciones superadas, se encuentra la subrepresentación de los deciles poblacionales de mayor ingreso, lo cual reduce falsamente la magnitud de las desigualdades.
No cabe duda que la economía de nuestro país, medida en términos del PIB, ha crecido considerablemente en los últimos decenios, triplicando sus magnitudes. Sin embargo, las desigualdades sociales se han reducido muy poco, incluso en los períodos de mayor crecimiento económico, y sustentan en buena parte el descontento de la ciudadanía con el modelo de desarrollo y los resultados de la democracia en la vida cotidiana de las familias. De acuerdo con el Latinobarómetro, el 71 % de los dominicanos consideran que el ingreso nacional es injustamente distribuido.
La pobreza, la exclusión y la marginalización social, son expresión de procesos multidimensionales, y el nivel de ingresos familiares es solo uno de ellos. Sin embargo, es, indudablemente, uno de los más relevantes. Conocer y transparentar mejor las desigualdades en la apropiación del ingreso nacional, es una base esencial para definir y desarrollar mejores políticas públicas, que se orienten a una mejor distribución de la riqueza y la construcción de una sociedad más equitativa, próspera y democrática.
Mientras las políticas económicas promueven la ampliación de la producción de valor, ampliando la base material de la sociedad y logran que quienes más se benefician del crecimiento económico aporten más al desarrollo social y calidad de la vida de todos; las políticas sociales promueven condiciones favorables para la producción y reproducción de mejor calidad de la vida, como derecho, reduciendo las inequidades sociales y construyendo ciudadanía activa. Esto supone una clara definición de prioridades de inversión social (salud, educación, empleo, vivienda y hábitat saludable, ambiente, transporte colectivo, seguridad personal, entre otras) y una gestión efectiva que eleve la calidad y la producción de resultados de mayor valor social y disminución de las inequidades.
La información transparente y confiable es una base esencial para ambas caras de las políticas públicas. Este estudio representa, indudablemente, un importante paso en la dirección correcta, que puede servir de base para la definición de políticas y para el monitoreo y evaluación de los resultados de las mismas, en cuanto pueda ser actualizado periódicamente. Así mismo, favorece la participación activa de la ciudadanía en la formulación y seguimiento de dichas decisiones, en tanto las informaciones que sirven de base para el mismo puedan ser democratizadas y puestas a disposición de las academias y de las organizaciones sociales.
Entre los hallazgos, por ejemplo, cabe destacar que para el 2010, el ingreso captado por 1% más rico del país era superior al ingreso captado por el 50% más pobre de la población. Para el 2019, aun cuando la distribución había mejorado, el 1% de la población captaba ingresos similares al 50% más pobre. Esta mejoría se tradujo en una disminución leve del Coeficiente de Gini de 0.48 a 0.32. De continuar esta tendencia, la pobreza se habrá reducido de 23.8% en el 2021 a 17.1% para el 2030, incumpliendo la meta de los Objetivos de Desarrollo sostenible a los cuales se han comprometido los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. Si se lograra, en cambio, una reducción del 50% de la desigualdad en la apropiación del ingreso nacional para el 2030 la pobreza sería de 14.5% de la población, superando satisfactoriamente la meta comprometida, aun cuando el crecimiento de la economía, en términos del PIB se mantuviera más o menos similar.
Reducir las desigualdades de ingreso y en la calidad de la vida de cada uno de los diferentes segmentos y sectores de la sociedad, es un requisito básico para lograr mejores resultados de las políticas públicas económicas y sociales. No es solo un asunto ético, también de consolidación de la democracia, la paz social y de un desarrollo sostenible.