El amigo Luis Malkum en una reciente exposición televisiva resumió con esas tres palabras la coyuntura política y económica que vive el país y el posicionamiento del gobierno que preside Luis Abinader que lo proyectan para continuar en el poder por cuatro años más. Las repetidas encuestas que en los últimos meses le dan a Luis una holgada victoria frente a sus rivales simplemente atestiguan que el resumen más arriba enunciado es enteramente objetivo. ¿Qué puede hacer variar ese posicionamiento en los sesenta y pico de días que faltan para la celebración de las elecciones? Solo acontecimientos sociales y políticos de gran magnitud podrían modificar este panorama, fenómenos que no se otean en el horizonte.
Vamos por parte.
Transparencia.
Significa claridad. Al revés y al derecho y la propiedad de ser traslucido. Traspasado a la ejecutoria desde el poder, transparencia significa la acción gubernamental que no oculta nada de sus acciones, providencias, decretos y proyectos de leyes. Claro, en un Estado donde se supone que existe la separación de poderes la acción gubernamental es responsable únicamente de lo que dimana de la esfera ejecutiva. En efecto, la transparencia con la cual se ha manejado el gobierno ha sido antológica. Ningún gobernante, salvo Juan Bosch en el1963, ha mostrado una actitud como la de Luis Abinader en el ejercicio de sus funciones. Se ha evidenciado que cuando se han cometido errores de inmediato los ha corregido ante críticas responsables, sea de la llamada sociedad civil, de la oposición o de las que han provenido de las redes sociales. Ejemplos recientes lo prueban: las críticas emitidas por diversos sectores en relación con la Ley No.857 relativa al funcionamiento de la Dirección Nacional de Investigación, (DNI), con la Ley No.47-20 de Alianzas Publico-Privada o el proyecto de Ley integral sobre la Trata de Personas, Explotación y Tráfico ilícito de Migrantes, para solamente mencionar estas tres.
No ha habido, pues, disposición gubernamental que haya recibido críticas correctas que el gobierno se haya hecho de oídos sordos o empecinado en mantener de manera arrogante y totalitaria sus iniciativas. Al contrario, ha sido flexible y humilde.
Además, las conferencias de prensa semanales han sido un ejercicio de rendición de cuentas, por adelantado, de la gestión gubernamental sin necesidad de esperar los 27 de febrero de cada año para resumir las ejecutorias de las políticas públicas.
Confianza.
Es la tranquilidad, seguridad, de que no somos estafados ni engañados, presunción de seriedad y franqueza. No hay lugar a dudas que hay confianza en los sectores fácticos del país (empresarios y comerciantes, productores agrícolas, fuerzas armadas, iglesia), que son quienes con el ojo avisor auscultan las acciones del gobierno, para no hablar de la administración norteamericana. Por su parte, las políticas prudenciales del Banco Central envían mensajes responsables a los agentes económicos. No hay de la parte de la principal autoridad financiera del país, sorpresas ni cartas bajo la manga. Y esto es vital para que una sociedad y una economía se mantengan a flote ante las adversidades, sobre todo, cuando estas adversidades han provenido del exterior como han sido lss calamidades de la Pandemia, la guerra de Ucrania y ahora con las terribles repercusiones del conflicto en el Oriente Medio. La prueba de la confianza que muestran los inversionistas ante la actual administración ha sido los más de 4,000 millones de dólares invertidos en el 2023 en nuestro país, suma esta que evidencia la confianza de estos de que sus “cuartos” serán respetados y el hecho de que conozcan el rumbo que lleva el país, calificado por el Banco Mundial como la séptima economía de América Latina con un PIB que sobrepasa los 11,200 millones de dólares.
Seguridad jurídica.
Está es tercera buena nota del gobierno , que va unida como eslabón de una misma cadena, a la Confianza. Y que le ha permitido pasar el riguroso examen de los organismos crediticios internacionales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ciertamente, la estructura jurídica en la República Dominicana garantiza que la gente ,sea dominicano o extranjero sepa a qué atenerse , ante las normas jurídicas vigentes. Ahora no hay vacas sagradas ni dentro ni fuera del gobierno haciendo negocios amparados en las posiciones desde el poder traficando con sus influencias como fue el caso del gobierno pasado. Los tribunales ejercen sus funciones y atribuciones de manera independiente y en muchos casos penales y administrativos han emitido fallos contrarios a las iniciativas del Ministerio Público, y en los casos civiles o en la jurisdicción inmobiliaria la justicia se maneja también independientemente atendiendo a sus normativas. Lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia.
Naturalmente, la separación de poderes en nuestro país dista de ser perfecta y tiene mucho camino que recorrer Es una tarea todavía inconclusa.
En efecto, la cultura presidencialista todavía tiene un poder fascinante en la psicología popular producto de 180 años de historia. El presidente, ante los ojos de la población, es visto como un Demiurgo. Creador y responsable de todo lo bueno y de todo lo malo. Romper, pues, con ese esquema cultural que viene de añales no es un juego de niños.
Pero, hay que reconocer que el actual gobernante hace un esfuerzo titánico para romper con esa cultura tradicional y es deber de los sectores democráticos de la población de no permanecer como simples espectadores pasivos de la continuidad de esa vieja cultura, sino de contribuir con el actual gobernante a reducirla a su mínima expresión. Pero, justo es reconocerlo, es un proceso que lleva tiempo.
En consecuencia, estos tres factores, la transparencia, la confianza y la seguridad jurídica, es lo que los dominicanos valoran positivamente, lo cual se mostró claramente en las pasadas elecciones municipales.
Evidentemente, Luis Malkum ha dado en el clavo. Y los frutos están ahí.
Solo falta cosecharlos