A propósito del proyecto de ley de presupuesto reformulado 2022 y de las inquietudes que generó la propuesta de redireccionar o transferir RD$4,250 millones del presupuesto del Ministerio de Educación a otras entidades, el gobierno enfrentaba una encrucijada. Por un lado, dejaba de ejecutar RD$4,250 millones, indisponiéndolos -incluso- para subsidios sociales en el marco de una atmósfera inflacionaria generada por una de las más importantes crisis vividas en los últimos 100 años. Por el otro, si el gobierno hubiese transferido los RD$4,250 millones a otra entidad corría el riesgo de poner en entredicho el compromiso con el 4% para la educación, causa que incondicionalmente aglutinó a -prácticamente- todos los sectores sociales y culturales de principios de la pasada década.
Existiendo cerca de 300,000 que no han encontrado cupo en centros educativos públicos, el gobierno, sin embargo, recurrió a una alternativa que permitirá conjugar ambos escenarios: el establecimiento de un bono educativo (de aproximadamente US$500.00) para cobertura -en centros educativos privados- de estudiantes que no han logrado cupo en escuelas públicas. Con la selección de la opción escogida el gobierno contribuye con la ejecución de los RD$4,250 millones y -a la vez- dirige la ejecución de ese monto por un conducto esencialmente social.
La estructuración de un subsidio -pagadero directamente a centros educativos privados (o través de otras instituciones de distribución como las iglesias)- probablemente impactará notoria y favorablemente las finanzas de familias de clase baja. Un poco más al margen, la medida también tiene potencial de favorecer a centros educativos privados, los cuales integran un sector de la economía golpeado por la pandemia. Considerando el altísimo monto por ejecutar, originalmente había sugerido que el subsidio estuviese orientado a estudiantes (ya inscritos o por inscribirse) de familias de clase baja y de clase media, esta última generalmente excluida -de forma indirecta- de los planes sociales de los gobiernos. En cualquier caso, será necesaria la articulación de una plataforma de trabajo que permita la identificación del mecanismo de distribución, aunque resultará mucho más eficiente transferir directamente a un grupo de centros educativos que identificar a un muchísimo mayor número de beneficiarios individuales.
Algunas voces han planteado un potencial conflicto constitucional desde la perspectiva del derecho a la igualdad. Lo anterior sobre el argumento de que a algunos estudiantes el gobierno les está pagando educación privada a un grupo de estudiantes y a otros no. La realidad es que resultará absurda la configuración de un conflicto constitucional desde la arista del derecho a la igualdad fundamentado en ese argumento, sobre todo en atención a que la obligación del Estado consiste en proveer los medios que permitan a los estudiantes cursar currículos formativos según sus necesidades.
Más que lo anterior, preocuparía que la medida se convierta en una herramienta de debilitamiento del sistema de educación pública mediante la eventual fuga de recursos públicos hacia el sistema de educación privada. En consideración de lo anterior la medida tendrá que ser de carácter excepcionalísimo y fundamentarse en los efectos de las necesidades imperiosas generadas por el fenómeno inflacionario que se ha vivido durante los últimos meses. Se precisa evitar el fortalecimiento del sistema de educación privada en detrimento del de educación pública. Por el contrario, lo digerible es promover la robustez de ambos.
El carácter excepcional de la medida también impedirá que se produzca -en futuros años lectivos- éxodo masivo de estudiantes de escuela pública a privadas en procura de beneficiarse de la medida. Lo más lejos que podrá llegar la medida será -en caso de que se decida beneficiar a estudiantes inscritos- erogar los costos de matriculación aún hayan sido estos pagados por la familia, en cuyo caso el centro educativo le otorgará a la familia un crédito para uso eventual por parte de cualquiera de sus miembros. En el escenario en que la familia beneficiaria no se pueda utilizar, el crédito podría ser perfectamente transferible -una única vez- a un tercero. El subsidio coadyuvaría a que familias de clase media y baja dispongan, este año, de fondos que originalmente iban a destinar a educación formativa de sus hijos o, en su defecto, permitirá que sean beneficiarias de un crédito de esos centros educativos para el próximo año.
Otra de las virtudes de la alternativa escogida es que, tratándose de un subsidio, la misma no supone sujeción a la ley de compras y contrataciones públicas (Ley núm. 340-06). Esto supone una gran ventaja respecto de cualquier otra propuesta en razón de que -por efecto del monto y los umbrales aplicables a las contrataciones públicas- cualquier proyecto que involucre erogación de fondos (como construcción de escuelas, compra de tabletas o computadores portátiles o terminación de aulas) amerita un proceso de compra que tomará no menos de 3 meses e impedirá la ejecución de los fondos durante este ejercicio presupuestario.
La materialización de los riesgos de que el bono sea utilizado para otros fines es fácilmente evitable. Mayor atención deberán poner las autoridades en la potencial afectación que el bono pueda generar sobre la economía familiar. Refiero lo anterior porque seguramente un importante número de familias que, a 5 días del inicio de clases, no han encontrado cupo probablemente no cuenten con los recursos para costear el excedente que no sea cubierto por el bono. En un escenario como ese -mal que bien- el subsidio generaría una dificultad económica a la familia en razón de que les estaría imponiendo un costo, de forma que la familia será quien termine subsidiando al sistema de educación pública por no contar con los cupos suficientes. Al respecto recuerdo una anécdota que una vez escuché sobre Ricardo Lagos, ex presidente chileno, quien quería conocer la votación que obtuvo en un pueblo al que había llevado múltiples servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.). Suponiendo que habría alcanzado una gran cantidad de votos, se sorprendió al verificar que había perdido en ese poblado. “Me puso a pagar”, pensaba la gente.