República Dominicana es un país violento, como lo son muchos de los países de la región. En el día a día normalizamos la violencia, y nos parece natural lo que vemos todos los días en el tránsito, en las calles y en los barrios. Pero de lo que no nos damos cuenta es que la cultura de la violencia contamina todo el tejido social y puede manifestarse de diferentes formas, más leves o más agudas, pero todas están interconectadas y son, en cierta medida, consecuencia de diferentes factores, entre ellos la desigualdad social y la impunidad.
Hace unos días, el país amaneció aterrado con la noticia del asesinato de un Ministro de Estado, dentro de su propia oficina. Independientemente de las razones del crimen cometido, el primer pensamiento que tenemos está relacionado con la seguridad de un ciudadano común en la calle. Pero, como dije, este hecho, a pesar de llamar nuestra atención por los involucrados, es solo una faceta más de la violencia que observamos en nuestra vida cotidiana.
Otro hecho que nos llama la atención es la cantidad de ejecuciones que parecen estar ocurriendo en diferentes partes del país. No voy a entrar en detalles en tales casos, que son notorios, sino más bien recordarnos que sin políticas públicas que promuevan un mejor reparto de la riqueza nacional, y sin un Sistema de Justicia Pública capaz de hacer frente a este delito endémico que parecemos vivir, no hay forma de que el país deje de pasar por situaciones como esta. Sin una reflexión profunda sobre la situación de la criminalidad en el país y acciones que ayuden a minimizar los hechos delictivos, cualquier otro esfuerzo para poner fin a la violencia será meramente cosmético y temporal, ya que no aborda las raíces históricas y culturales del problema.
Por supuesto, no podemos ignorar el hecho de que República Dominicana es uno de los países con las tasas de homicidios más bajas de la región. También es importante señalar que, según estudios, la mitad de los casos de homicidio en nuestro país ocurren por problemas de convivencia, es decir, dentro de los hogares dominicanos, entre familiares o conocidos. Esto nos hace reflexionar sobre cómo la violencia es vista por muchos como una forma aceptable de resolver conflictos, y esto no es cierto. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional Dominicana, que viene atravesando un proceso de reforma que desea promover una mayor conciencia entre los policías, para que estén convencidos de que no hay país desarrollado sin policías profesionales, capacitados y sensibilizados para el trato con la población.
Según el Banco Mundial, "Durante la última década, el crecimiento económico en la República Dominicana redujo sustancialmente las tasas de pobreza y apoyó la expansión de la clase mediática. Sin embargo, las disparidades en el acceso a las oportunidades económicas y los servicios públicos siguen siendo profundas. Las tasas de pobreza son persistentemente altas en las zonas rurales y las mujeres enfrentan desafíos desproporcionados en todo el país".* Vemos, pues, que a pesar de la reducción de la pobreza en los últimos años, producto del alto crecimiento económico que ha experimentado el país en la última década, no ha sido posible que dichos ingresos se distribuyan adecuadamente entre toda la población, especialmente a quienes viven en situaciones graves de vulnerabilidad.
Por otro lado, República Dominicana no ha estado invirtiendo como debería en las instituciones de su sistema de justicia. Me refiero especialmente a los casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran entre los delitos más graves, ya que victimizan a las generaciones futuras, destruyendo sus vidas y su futuro. Y a pesar de este evidente problema, actualmente los órganos encargados de la prevención, persecución y protección no cuentan con los recursos mínimos necesarios para actuar. Para ser claros, por increíble que parezca, no hay fondos disponibles para la mayoría de las actividades operativas y para la protección de las víctimas de crímenes, quienes no reciben la atención necesaria para que puedan sanarse emocional y físicamente después de haber pasado por situaciones aterradoras.
Ante esto, nos preguntamos cómo salir de esta situación de violencia que azota al país. Y no hay respuestas fáciles y sencillas a esta pregunta, pero es posible que avancemos como sociedad, siempre y cuando las autoridades institucionales estén convencidas de que no es posible soñar con un país en paz si tenemos alrededor de una cuarta parte de la población en situación de pobreza, además de un sistema de justicia que no sanciona adecuadamente al infractor y que no otorga a la víctima la debida reparación civil. Y para que lo logremos se necesita una política de Estado que vaya en esa dirección, y lo primero que hay que hacer es invertir en estructuras públicas que puedan llevar a cabo esos cambios en la vida de las personas.
El hecho es que somos un país violento, y como mencioné antes, esto se puede ver en la forma como conducimos un automóvil o en la sensación de inseguridad que sentimos cuando estamos en espacios públicos. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a seguir así. Hay otros países que ya han pasado por la situación que atravesamos actualmente, que con visión, responsabilidad y voluntad política supieron cambiar la vida de sus ciudadanos.
Esperemos que el gobierno de la República Dominicana en los 26 meses restantes de su mandato adopte medidas que hagan avanzar al país hacia la justicia social y la debida retribución penal de los delincuentes.
No existen soluciones mágicas capaces de resolver todos los problemas a la vez, pero lo que sí estoy seguro es que si no hay acciones decididas por parte del gobierno, y no solamente promesas, seguiremos sometiendo a toda la población dominicana a las tragedias provocadas por el ambiente violento en que desgraciadamente vivimos.
Referencias:
*https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview
José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas