El eco de Montesinos

Sobre un reconocimiento que solo incentiva la soberbia

Lejos de un galardón, los caudillos fiscales ameritan de una interpelación y verdadera fiscalización de su gestión operativa histórica y ese MP íntegramente de una profunda reforma.

Por Manuel A. Rodríguez

El énfasis incesante en la creación de una meritocracia imparcial, en la que las posiciones sociales reflejan el esfuerzo y el talento, tiene un efecto corrosivo sobre el modo en que interpretamos nuestro éxito (o la ausencia de este). La idea de que el sistema premia el talento y el trabajo anima a los ganadores a considerar que su éxito ha sido obra suya, un indicador de su virtud, y a mirar con condescendencia a quienes no han sido tan afortunados como ellos.

La soberbia meritocrática refleja la tendencia de los ganadores a dejar que su éxito se les suba demasiado a la cabeza (…) Representa la petulante convicción de los de arriba de que se merecen el destino que les ha tocado en suerte y de que los de abajo se merecen también el suyo, y esta actitud es el complemento moral de la política tecnocrática”.

Michael J. Sandel en La tiranía del mérito (2020)

La designación de doña Miriam Germán Brito como procuradora general de la República demostró ser de forma casi inmediata una decisión acertada del presidente de la República. Los principales méritos de su gestión son aquellos que no se advierten en ejecutivas concretas o palpables por el sentido común, como cosecha capaz de ser fácilmente explotada políticamente, sino en la percepción de institucionalidad que se ha logrado en el MP en medio de su mayor crisis histórica con causa original en el reemplazo de un ex procurador general luego sometido a un proceso judicial complejo que arrastra consigo y salpica cual sospechosos a otros procuradores, múltiples empleados públicos y funcionarios de ese órgano, destituidos unos y otros aún perseguidos por supuestos actos de corrupción.

Ese panorama supuso una crisis institucional de escala mayor en el sistema de justicia penal nacional que no ha tenido su proyectada repercusión natural precisamente por el impacto positivo, la contención o desarticulación de contingencias instrumentada por la gestión de la actual procuradora general, quien ha sabido manejar la situación no solo mediáticamente -sobre todo por su buen juicio y mesura en el uso de la palabra-, sino internamente, con magia o no, evitando algo peor que el estado de cosas actual en esa institución.

Ahora bien, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente la PGR no es una ministra de Justicia, sino la encargada principal del trazado y ejecución de la política criminal del Estado dominicano. Y siendo así, también debo decir -en honor a la objetividad y mi responsabilidad como crítico- que ese liderazgo moral que ha desarrollado doña Miriam Germán Brito no se traduce en un liderazgo técnico, y mucho menos político, que es del que se han válido principalmente los anteriores procuradores generales en al menos los últimos 20 años de esa institución para domesticar sus rebaños al tiempo de mantener la armonía en los respectivos gobiernos de turno.

Esa circunstancia, concurrente con el contexto de crisis institucional que se origina con el desenlace del caso Odebrecht, el cambio de gobierno en el 2020 y la investigación que se abre contra el exprocurador, ha permitido que el liderazgo técnico en el MP -capitalizable como cuota de poder público tratándose de procuradores con ese afán- se redistribuya en caudillos departamentales, escena similar a nuestra realidad sociopolítica imperante entre 1865 y 1930, donde el poder político en esta media isla se distribuía en caudillos regionales, resultando así imposible la institucionalidad.

Esa situación se identifica en el actual MP, y entre tantas consecuencias funestas hace desvirtuar la misión y visión institucional de ese órgano del Estado, pues ahora se impone y prevalecen casuísticamente no solo distintas políticas criminales -entre sí incompatibles-, también el egoísmo de esos caudillos fiscales que de forma evidente se cuidan más de lograr sus intereses en una lucha personal por el mérito que los de la institución.

Y de ahí entonces en gran medida la causa parcial de los obstáculos que afectan la persecución del crimen contra la cosa pública en la Rep. Dom., agravados por la implementación de medidas incorrectas, pues no institucionales ni jurídicamente acertadas.

De ahí la importancia del protagonismo mediático, haciendo a un lado la concreción de la Justicia y la vigencia del Derecho como posibles logros de esa institución conforme a su misión y visión, y la autopromoción de pseudosuperheroes contra la delincuencia de cuello blanco, rojo, azul, verde y morado.

De ahí las múltiples movidas y decisiones de difícil comprensión para la racionalidad jurídica y política con pretensión de corrección; caso de destituciones o reemplazos de procuradores sin que se adviertan o den a conocer los motivos reales, o la supervivencia y blindaje de otros a pesar de contarse con la flagrancia de sus actos criminales en el ejercicio de sus funciones, pero también de ahí las confrontaciones hechas públicas entre superiores y subalternos sin que necesariamente prevalezca la postura del primero, pues quedando en el aire, y como todo lo relevante entre nosotros que con pan y circo tenemos, condenado al olvido.

De ahí también las victorias sistemáticas y constantes de los acusados sometidos en los últimos grandes procesos judiciales, es decir, la ausencia de sentencias condenatorias celebres en la mayoría, por no decir en la totalidad de los procesos que más inversión de tiempo y trabajo histórico -supuestamente- ha dedicado el MP en su preparación y estrategia de investigación y posterior litigación. Y para muestra botones nos sobran: Odebrecht, Los Tres Ojos, Tucanos, OMSA, etc.

Ha habido corrupción en esos casos, no puedo racionalmente ponerlo en duda. ¿Qué ha fallado? Principalmente un MP dirigido como la economía doméstica de una pensión de estudiantes, cada quién por su lado y conforme a sus intereses.

De estar exclusivamente en la Judicatura la falla, es decir, en los jueces que han sido apoderados de conocer y decidir esos megaprocesos -como pretenden comunicar los caudillos fiscales, dioses de sus propios reinos departamentales-, entonces debería al menos advertirse sometimientos de estos jueces, o investigaciones, cuando no haberse ya constatado un indicio de posible corrupción judicial, más allá que las críticas generales que desahogan en medios de difusión masiva luego de sentencias desfavorables.

Y entonces ahora nos llega el anuncio de Participación Ciudadana invitando al “Acto de Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2022”, a ser otorgado a los  distinguidos magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, hoy viernes 9 de diciembre a las 6:00 PP, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD.

Vale decir, al margen de todo lo ya expresado y que da cuenta de que, lejos de un galardón, los caudillos fiscales ameritan de una interpelación y verdadera fiscalización de su gestión operativa histórica y ese MP íntegramente de una profunda reforma (que inicie por el régimen procesal disciplinario que respecto de sus miembros administra con pobres posibilidades en cada caso, no obstante la notoriedad de la corrupción fiscal identificada por su departamento de Inspección General); ese reconocimiento solo tiende a incentivar el enraizamiento del estado de cosas incompatibles con la institucionalidad en el sistema de Justicia Penal, y a promover un malestar sistémico que se viene cultivando en la confrontación cada vez más agresiva entre jueces y fiscales en una absurda rebatiña de culpabilidades por el deficiente funcionamiento de la justicia penal en la lucha histórica contra la corrupción en la República Dominicana.

Aún desechando todo lo dicho hasta aquí, que desde mi opinión al menos pone en perspectiva la realidad institucional de un órgano estatal de compleja administración, en cualquier caso, soy de la convicción racional de que premiar por procurar hacer lo que debe hacerse como servidor público, por lo que también se recibe una contraprestación económica extraordinaria y llena de privilegios, y peor que eso en ausencia de logros extraordinarios palpables de cara al orden público, el interés general o el bien común, no es sino un despropósito político e institucional, pues populismo que solo incentiva la soberbia meritocrática, especialmente en la coyuntura en que se produce el citado anuncio, a poco de un enfrentamiento institucional sin precedentes entre la asociación de Jueces Dominicanos por la Democracia y la magistrada Yeni Berenice Reinoso. Por todo lo cual, la referida iniciativa de Participación Ciudadana me resulta incorrecta, inoportuna y desafortunada, digna del reproche y descontento ciudadano, como el que ahora expreso en ejercicio de mis derechos fundamentales en esta colaboración

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