Por razones políticas y culturales muchos proyectos cuya ejecución requieren la intervención de más de un gobierno son abandonados en perjuicio de la población. Esto es frecuente en la construcción de obras públicas como escuelas, hospitales, proyectos habitacionales para desalojados por fenómenos de la naturaleza, deportivos, etc. Esta situación se presenta también con proyectos de otra naturaleza.
Ocurre también que proyectos cuyo desarrollo requieren más de un período gubernamental, desde la definición hasta la conclusión, tienen dificultades para ser incluidos en la lista de los que van al presupuesto. Por razones políticas se prefieren proyectos cuyos resultados puedan verse dentro de los cuatro años de mandato de una administración.
Pero para el bienestar de la nación debemos empezar a pensar diferente, asumiendo como política la evaluación de todos los proyectos que tengan vocación de dar beneficios al país en el largo plazo. Sobre todo cuando se trata de asegurar la seguridad alimentaria, energética y sanitaria. En este artículo me referiré exclusivamente a la necesidad de considerar proyectos que contribuyan a mejorar la seguridad energética ante situaciones internacionales que puedan crear dificultades en el suministro de los combustibles.
Si consideramos nuestra matriz de combustibles para la generación de electricidad, en estos momentos dependemos en poco más de un 80% de combustibles importados. La energía eléctrica producida a partir de los recursos agua, viento, sol y biomasa, todavía no llega al 20 %. Sin embargo, estos recursos son abundantes en nuestro país y capaces de abastecer una proporción mucho mayor de la demanda, si se incorporan tecnologías recientes de almacenamiento de energía para los proyectos eólicos y solares, cuya producción es aleatoria, y en el caso de la solar también limitada al periodo de horas de sol.
Actualizar el potencial de todos los recursos autóctonos teniendo en cuenta los avances tecnológicos es una necesidad, pues define una intención positiva de que eventualmente tendremos una política energética explicita, orientada a disminuir la dependencia de combustibles importados, lo que facilita pasar de la etapa de planificación y diseño, a la de desarrollo de proyectos.
En el caso de los proyectos que aprovechan el viento y el sol, su naturaleza aleatoria requiere que se considere el uso del almacenamiento de energía con baterías, una tecnología reciente cuyos costos están descendiendo rápidamente, y su incorporación en parques eólicos y fotovoltaicos les permitiría garantizar una potencia firme que asegura la continuidad del servicio. Desde el punto de vista del inversionista, esto representa un aumento de sus ingresos, lo que facilita la decisión de invertir en el almacenamiento.
Si consideráramos los proyectos de generación usando la biomasa proveniente de Fincas Energéticas, los beneficios para el país son aún mayores, pues crean una demanda grande de mano de obra en las plantaciones, en la industria forestal que procesa la madera para producir un combustible utilizable en una central térmica, y en las propias centrales de generación. Sin considerar las que se crearían como resultado de hacer disponible energía eléctrica permanente en las zonas suroeste, noroeste, y fronteriza, donde existe disponibilidad de tierra no apta para producción de alimentos, y que pueden destinarse a la producción de biomasa.
Además del beneficio de crear abundante mano de obra y las condiciones para atraer inversiones en esas regiones, por el atractivo que genera aprovechar también los incentivos a las inversiones en la frontera, las Fincas Energéticas ayudan a recuperar los recursos agua y suelo, al reforestar grandes extensiones de tierra árida. Y esto es favorable ante la crisis medio ambiental que amenaza a la humanidad, y en particular a nuestro país, ubicado en una de las regiones más vulnerables a las consecuencias del cambio climático, por lo que la idea debería ser apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El obstáculo que tiene este tipo de proyecto es que su desarrollo requiere más de un período gubernamental, especialmente por el proceso de identificación de los terrenos; y los proyectos que no pueden mostrar beneficios en el corto plazo, que su desarrollo puede ser complejo, encuentran muchas dificultades para ser incluidos en los planes de los gobiernos. Esa es la razón por la que recomendamos introducir en las políticas públicas la tradición de considerar y apoyar los proyectos que resuelven problemas de seguridad nacional en el largo plazo.