La Política Energética es la manera en que el gobierno nacional decide manejar la importación, producción y comercialización de combustibles; la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica; la investigación, desarrollo, explotación, y conservación de los recursos energéticos autóctonos; y la forma en la que se use la energía, procurando que en la cadena energética, desde la forma primaria hasta el punto de consumo, los procesos sean eficientes y el costo final de una unidad de energía sea el mínimo, y el servicio cumpla con los estándares de calidad.
La política energética debe definirse a partir de una evaluación del potencial de los recursos energéticos autóctonos, de las leyes, reglamentos y procedimientos del sector, y se apoya con incentivos y acuerdos nacionales e internacionales. Para su aplicación y divulgación se publican documentos y folletos, se diseñan anuncios educativos, se difunden programas de promoción, se ejecutan proyectos piloto para la demostración de tecnologías relacionadas con la producción y uso de los diferentes recursos y tecnologías, con el fin de dar a conocer el potencial de cada recurso y promover y generalizar sus usos.
Un elemento fundamental de la política energética nacional es dar a conocer sus objetivos generales, los que sirven de guía en la formulación, definición y ejecución de los planes y proyectos que se identifican, con el propósito de lograr que cada subsector alcance las metas establecidas para cada variable de la oferta y la demanda del servicio.
La energía es un componente fundamental de las economías modernas. La economía nacional necesita, para funcionar bien, además de capital y trabajo, energía de calidad al menor precio posible, para que las actividades de producción, turismo, transporte, comunicación, agrícolas, comerciales, de salud, educación, vivienda, etc, funcionen óptimamente.
La política energética debe tener como objetivo que la economía y la seguridad de la nación no se vean perjudicadas de manera significativa por acontecimientos internacionales que afecten el suministro de combustibles y de bienes para la industria eléctrica y el transporte. Por eso, la política energética debe tener los siguientes objetivos:
- Disminuir la dependencia de combustibles importados. Para el subsector eléctrico, eliminar la dependencia en el largo plazo.
- Desarrollar y aprovechar eficientemente los recursos energéticos autóctonos (sol, viento, agua, biomasa, etc).
- Utilizar los recursos energéticos de la manera más eficiente posible.
- Lograr los objetivos previos protegiendo y conservando los recursos naturales y el medio ambiente.
Temiendo como base estos objetivos la política energética debe procurar que:
- Los combustibles y la energía eléctrica se suplan al menor precio posible, garantizando una rentabilidad razonable y atractiva para el inversionista.
- Los planes de desarrollo garanticen que los proyectos de ampliación de la oferta de combustibles y energía eléctrica se desarrollen a tiempo, para asegurar el abastecimiento del cien por ciento de la demanda y el mantenimiento de una reserva razonable para cubrir cualquier imprevisto.
- Los organismos reguladores estén dotados de personal debidamente capacitado, y en número suficiente para ejercer sus funciones de manera imparcial y con absoluta independencia, teniendo como guía exclusivamente la normativa vigente y disponiendo de los recursos técnicos e informáticos
Para asegurar el éxito de la política energética nacional, esta debe estar apoyada por programas de financiamiento y de incentivos al uso de los recursos energéticos renovables y al ahorro y conservación de la energía. Estos programas deben incluir actividades permanentes de educación, entrenamiento, y de manera especial, de financiamiento de inversiones en el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables y la eficiencia energética, con acceso a préstamos con tasas y plazos preferenciales.
Para que estos objetivos de política energética se cumplan el Estado debe limitar su intervención en la industria eléctrica a la definición de las políticas, la elaboración de los planes de desarrollo y de expansión del sistema, la regulación efectiva de los mercados, y la fiscalización de las operaciones de las empresas concesionarias, tal como está previsto en la Ley General de Electricidad, su Reglamento de Aplicación y los reglamentos emitidos por el ente regulador.
El tiempo ha demostrado ampliamente, cuando se considera como se han gestionado las empresas distribuidoras, que el rol que le corresponde al Estado en el subsector eléctrico es el de planificador, regulador y fiscalizador, además de inversionista en las empresas eléctricas capitalizadas. El subsector de los combustibles debería ser un referente para el gobierno en cuanto a la organización de la industria eléctrica, considerando primeramente lo que le conviene al país y a sus ciudadanos. En el subsector de los combustibles, la mayor parte de las actividades comerciales están bajo la responsabilidad del sector privado, y el gobierno ejerce su papel de regulador y fiscalizador con resultados favorables para el fisco, no teniendo que subsidiar a ninguna empresa, y limitando los subsidios al beneficio de los usuarios.
Sin embargo, el Estado no ha podido, ni antes de la capitalización de la CDE, ni después de retomar la administración de las empresas distribuidoras, entre los años 2003 y 2005, lograr que estas disminuyan sus pérdidas técnicas y no técnicas, sean autosuficientes y ofrezcan un servicio de calidad. Su permanencia en estas funciones lo que ha logrado es aumentar la deuda externa y frenar su rol de regulador y fiscalizador. Y el país es testigo de que en las regiones donde el servicio es ofrecido por el sector privado, este tiene una calidad que satisface los estándares internacionales, lo que favorece el desarrollo de negocios, el turismo, y el mantenimiento de la paz social.
En el subsector eléctrico es necesario que las funciones del gobierno sean las previstas en la normativa vigente. Es decir, elaborar las políticas, planificar el desarrollo, regular y fiscalizar las operaciones. Por lo tanto, el gobierno debería evaluar la situación actual y precisar la fecha en la que el Estado retomará el rol que le corresponde, según la Ley General de Electricidad, su Reglamento de Aplicación y los reglamentos emitidos por el órgano regulador, definiendo los plazos y los mecanismos a utilizar para capitalizar de nuevo las empresas distribuidoras, para que el sector privado retome las operaciones, como está previsto en la legislación vigente, y en un tiempo prudente las conviertan en empresas eficientes, que no requieran subsidios del gobierno para cubrir sus gastos operacionales ni para financiar sus planes de expansión; empresas que operen con beneficios, paguen impuestos al gobierno y brinden un servicio de calidad. La política energética definiría el nivel de subsidio focalizado que el gobierno otorgaría a todos los usuarios de bajos ingresos que se ajusten al perfil del usuario que califica para esta asistencia social.
Si se cumple con lo anterior, las empresas distribuidoras, bajo la administración del sector privado, deben ofrecer un servicio de calidad, remunerado mediante una Tarifa Técnica que permita recuperar la inversión con la rentabilidad razonable que define la normativa, y el usuario debe cumplir con su deber de pagar el servicio a tiempo. Si el gobierno y el sector privado hacen bien el trabajo de completar la reforma iniciada en el 1998, el servicio de las empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, debe ser similar al que ofrecen las empresas privadas en los Sistemas Aislados que operan en la zona este del país. En ese escenario, el costo del servicio eléctrico para el sector industrial y el comercio sería menor, lo que haría que el país fuera más competitivo en las exportaciones y el dominicano tenga acceso a productos y servicios más económicos, pues las inversiones y gastos en sistemas de emergencia se reducirían significativamente; las reclamaciones de los clientes serían mínimas y las que se presenten serían atendidas en los tiempos previstos en la normativa o antes.
Una política energética con visión de largo plazo debe procurar que el órgano regulador sea fuerte e independiente en el ejercicio de sus funciones, para garantizar los derechos de los usuarios y de los agentes del mercado, así como para requerir de estos el cumplimiento de sus deberes, a fin de evitar sufrir las amonestaciones y sanciones previstas en la normativa. Esto es urgente y necesario en el subsector eléctrico nacional.
Para concluir, reafirmamos que ya es tiempo de establecer en el subsector eléctrico una política energética sustentada en lo establecido en la legislación vigente, con el gobierno y el sector privado cumpliendo cada uno su rol de manera eficiente, para que el servicio se ofrezca a precios justos y competitivos, a fin de lograr un desarrollo socioeconómico más rápido, equitativo, sostenible y sustentable, apoyado en el fomento de la eficiencia energética, las energías renovables, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, bajo un acuerdo nacional para darle continuidad a su implementación, teniendo en cuenta que para alcanzar los objetivos definidos se necesitará más de un periodo gubernamental, y que los cambios frecuentes de funcionarios y técnicos impide que se cumplan los planes, se regule y fiscalice el mercado de manera efectiva, pues esto hacer fracasar la política energética con el consecuente perjuicio para el país.