República Dominicana necesita una reforma fiscal que permita elevar los ingresos del Gobierno, reducir el déficit presupuestario y la deuda pública, redistribuir el ingreso en favor de los sectores de menos recursos y aumentar la inversión pública y los presupuestos de salud, educación y otras áreas sociales.
Pero la reforma no debe enfocarse en crear nuevos impuestos ni aumentar tasas impositivas existentes, pues esas medidas no impactarían mucho en la recaudación si persisten la evasión de la renta y la retención ilegal del ITBIS, que las mismas autoridades públicas estiman en 62% y 43%, respectivamente.
La baja recaudación radica principalmente en esas evasiones. En 2023, el impuesto sobre la renta dio RD$339,658 millones, pero como ese monto representó el 38% de lo que debió recaudarse, no llegaron al fisco RD$547,835 millones. La recaudación por ITBIS fue de RD$336,694 millones (57% de lo que debió recaudarse) pero el Gobierno no recibió RD$253,997 millones. La pérdida de ingreso por ambos impuestos fue de RD$801,832 millones.
Algunos analistas proponen reducir el impuesto sobre la renta, del 27% al 18%, para “desestimular la evasión” y “darle más competitividad” a las empresas. Tal medida, claramente regresiva, implicaría una pérdida de ingresos de RD$110,000 millones, sin que la evasión disminuya, pues los empresarios no entregan lo que pueden apropiarse. El impuesto de 27% no ha impedido que la economía dominicana crezca a altas tasas, reciba mucha inversión extranjera y se coloque en el séptimo lugar entre las economías latinoamericanas.
Otros proponen reducir gradualmente el ITBIS hasta el 10% y ponerle esa misma tasa a los productos y servicios exentos. Con esa medida el Gobierno perdería RD$145,000 millones y se encarecerían los alimentos básicos, las medicinas y los servicios de salud y educación. Otros sugieren eliminar el subsidio a la energía eléctrica para que el Gobierno ahorre RD$90,000 millones aunque termine repudiado por el aumento de los precios y la pobreza.
Lo que urge reformar no es el sistema impositivo, sino la administración tributaria, para reducir la evasión y mejorar la eficiencia y calidad del gasto público. Ningún país tiene evasión 0, pero los organismos financieros internacionales consideran que una evasión “tolerable” no debe pasar de 15%.
Si el Gobierno reduce la evasión de la renta a un 40% recauda RD$194,000 millones adicionales. Si reduce la del ITBIS a un 30% obtiene otros RD$77,000 millones. Ambos tributos darían un aporte adicional de RD$271,000 millones (3.8% del PIB estimado para 2024), a pesar de que seguiría la evasión intolerable. La médula de la reforma fiscal consiste en que las autoridades de Hacienda aplique medidas administrativas que reduzcan la evasión.
En enero de 2018, el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, dijo que “un estudio del Banco Mundial asegura que el Gobierno podría incrementar la recaudación general de sus ingresos a un 4% del Producto Interno Bruto sin alterar las tasas impositivas, elevando la eficiencia de la recaudación del ITBIS y del ISR”. El ex ministro aseguró que “el estudio del Banco Mundial constituye un aporte para la discusión técnica de la máxima rigurosidad analítica”. Sin embargo, nada se hizo al respeto y hoy se vuelve a hablar de reforma fiscal.
El economista Magín Díaz, quien fue director general de Impuestos Internos, dijo en una entrevista que le hizo el periodista Fausto Rosario que “hay que buscar aquí a los que no pagan, que en la gestión anterior se identificaron”. Si el Gobierno sabe quiénes evaden, ¿por qué no aplica la ley? Se sabe que ese problema es político, pero ¿debe permitirse que por razones políticas le sustraigan al Estado más de RD$800,000 millones cada año?
Otro drenaje de recursos públicos es el llamado gasto tributario (exención y reducciones de impuestos), que en el Presupuesto General del Estado de 2024 se estima en RD$340,891millones. El Gobierno debe realizar un estudio de cada ley para determinar las que puedan eliminarse o modificarse y las que no conviene suprimir. Solo a partir de un estudio serio se puede tomar una decisión correcta sobre esas leyes. Pero si se lograra recaudar el 10% de ese monto (es un estimado), el Gobierno captaría RD$34,000 millones de pesos, que sumados a los que obtendría de la reducción de la evasión darían RD$305,000 millones.
Ese monto elevaría la carga tributaria del 14% al 18%, que todavía sería pequeña, pues el promedio de América Latina ronda el 22%. El déficit fiscal se reduciría del 3.1% al 1.5% del PIB y la deuda pública disminuiría, lo cual es muy importante porque en los últimos tres años el Estado recibió $20,665 millones de desembolsos de deuda y pagó $20,616 millones por servicio de la deuda. En términos contables, el 99.8% de los desembolsos se destinó al pago del servicio de la deuda. O sea, que la nueva deuda casi se fue en pagar deuda.
Como parte de la reforma el Gobierno debería eliminar el anticipo, una medida que no afectaría sus finanzas porque dicho pago no llega a los RDS$2,000 millones al mes, es decir, no representa ni el 2.5% de la recaudación mensual, pero que beneficiaría a las MIPYMES, las cuales tendrían más capital de trabajo y aumentarían sus inversiones, ventas y ganancias, es decir, contribuirían a un mayor crecimiento económico y a una mayor recaudación de impuestos por parte del Gobierno. Además, la recaudación por el anticipo no se perdería sino que se trasladaría a marzo de cada año.
Los recursos obtenidos con la reforma deberían utilizarse para lo siguiente:
a) Gasto orientado al cumplimiento de derechos, tales como salud (con un sentido integral pero con énfasis en el primer nivel de atención), la educación (formación docente, politécnicos, escuelas bilingües, etc.), la protección social, entre otros. Una meta sería eliminar en cuatro años la pobreza extrema, que el Gobierno estima en 3.2% de los hogares, y reducir la pobreza relativa del 20% al 15% de los hogares.
b) Inversión en infraestructura social (agua y alcantarillado, vivienda, protección ambiental y otras obras) y productiva: vial, energética, de riego, entre otras.
Para disminuir su déficit, el Gobierno puede reducir gastos de seguros privados para funcionarios públicos, publicidad, viajes, viáticos, compra de vehículos, exoneraciones, entre otros. También puede suprimir las instituciones con funciones duplicadas y trasladar al personal hacia instituciones que requieran sus servicios. El subsidio a la energía debe eliminarse gradualmente, en 10 años, pero garantizando las inversiones en energía limpia, la reducción de las pérdidas y el abaratamiento del costo y la tarifa energética
Finalmente, la reforma tributaria debe ser parte de un plan orientado a desarrollar al sector exportador, a las MIPYMES y a las cooperativas, a sustituir importaciones y a avanzar hacia la soberanía alimentaria, en un contexto de fortalecimiento del Estado, mejoría salarial y redistribución general del ingreso.
Hay que tomar en cuenta que una parte importante del déficit fiscal se cubre con deuda externa, la cual aumentó en US$8,152 millones entre los años 2020 y 2023, de US$30,702 millones a US$38.854 millones. Sin esos recursos las reservas monetarias del Banco Central rondarían los US$5,000 millones (un monto pequeño), el tipo de cambio fuera mucho mayor, las importaciones se hubieran reducido drásticamente (el 65% se componen de bienes intermedios y de capital, o sea, están vinculadas al aparato productivo) y la inflación superara el 10%. En otras palabras, sin los recursos de la deuda externa la economía no tuviera equilibrio externo, cambiario, monetario y de precios y el PIB fuera mucho menor.
Una reforma fiscal que elimine o reduzca mucho el déficit público ayudaría a frenar el endeudamiento pero podría provocar inestabilidad cambiara y de precios porque las exportaciones de bienes y servicios, incluido el turismo, solo generan el 65% de los dólares entran a la economía y el otro 35% proviene de fuentes no seguras, como las remesas, la inversión extranjera y el endeudamiento externo. Esa es una debilidad de la economía, pues las fuentes propias de devisas, las que genera el aparato productivo, son insuficientes.
Para garantizar las divisas que demanda la economía, las cuales podrían disminuir si se reducen el déficit fiscal y el endeudamiento externo, hay que desarrollar el sector exportador y sustituir o reducir paulatinamente algunas importaciones, sobre todo de bienes de consumo y de materias primas.
En ese esfuerzo por transformar la matriz productiva, hay que fortalecer a las MIPYMES, que representan el 98% de los establecimientos empresariales y emplean al 52% de la mano de obra nacional. Urge crear el Fondo de Garantía Crediticia que establece la ley 488-08, para que las MIPYMES reciban crédito. También hay que apoyarlas en aspectos gerenciales, garantizar que el Estado les pague a tiempo y crear un programa que les permita tener acceso a las nuevas tecnologías de información y conectarse con la economía digital.