Los planes de reducción de pérdidas de las Empresas Distribuidoras (EDE), anunciados por el Lic. Marranzini, son plausibles y deben implementarse, pero solo llevarán la situación de pérdidas de las EDE a los niveles del 2019. Eso significa que las EDE continuarán operando con déficit y el gobierno tendrá que continuar subsidiándolas para cubrir sus gastos de operación. El gobierno tendrá además que seguir endeudándose para realizar las compras de equipos y materiales necesarios para mantener la expansión natural de las empresas, pues el número de clientes crece continuamente.
La eliminación de las conexiones ilegales y de los fraudes eléctricos, tiene que realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la Ley General de Electricidad y su Reglamento de Aplicación, así como con los procedimientos de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Procuraduría General Adjunta para el Sector Eléctrico (PGASE). Las EDE tendrán que organizar sus equipos de investigación y detección de fraudes y coordinar con la SIE y la PGASE para regularizar a todos los usuarios que están defraudando a las EDE.
Cumplir con ese protocolo puede asegurar la recuperación de la energía utilizada y no pagada. Eso es sumamente importante pues revaloriza las empresas y favorece al gobierno en el proceso de licitación para la capitalización de las empresas. Teniendo en cuenta el número de usuarios fraudulentos esa tarea puede durar varios años. La misma puede llevarse a cabo paralelamente con la organización del proceso de capitalización y privatización de la operación de las EDE para que los beneficios puedan verse en unos pocos años.
La situación de las EDE no es financieramente peor gracias a la Central Punta Catalina, que abastece un porcentaje significativo de sus requerimientos de energía. De otra manera el gobierno tendría también que estar enfrentando los reclamos de pago de los generadores por via de la ADIE.
Esto puede significar que las EDE estén acumulando una deuda significativa con la Central Punta Catalina y que el gobierno esté dejando de percibir los beneficios que esta generadora puede producir. Si se toma esto en cuenta, el subsidio del gobierno a las EDE es aún mayor.
Si se hiciera el ejercicio de sumar lo que el gobierno gasta por mantener la operación de las EDE y lo que deja de recibir de Punta Catalina, y toma la decisión política de resolver el problema del déficit de estas empresas, los requerimientos de la reforma fiscal serían menores y el proceso para llevarla a cabo no sería tan complicado y podría lograrse sin provocar reclamaciones y protestas.
La capitalización de las EDE y la privatización de su operación es necesaria para lograr una recuperación permanente de estas empresas y para asegurar que el esfuerzo que realiza la presente administración no se pierda en el tiempo, como ya ha sucedido.
La experiencia dice que las pérdidas de las EDE han fluctuado dependiendo de las administraciones que han tenido. En una ocasión la administración general y la mayoría de las direcciones estuvieros ocupadas por técnicos extranjeros escogidos mediante licitaciones, y se notó una reducción de las pérdidas y una mejoría en otros indicadores.
Para evitar que la mejoría que se logre con las medidas que se van a implementar no se pierdan con el tiempo, es necesario que el gobierno inicie paralalemente el proceso de capitalización y privatización de la operación de las EDE. Reiteramos, uno de los beneficios de esa decisión política será la de facilitar la necesaria reforma fiscal.