La situación de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) es un desafío significativo para la gestión de la energía y las finanzas públicas. Las EDE siguen enfrentando problemas graves de rendimiento y eficiencia. Sus pérdidas han ido en aumento y esto obliga al gobierno a incrementar el subsidio y a endeudarse para realizar inversiones necesarias.
En estos momentos que el gobierno ha planteado la necesidad de una reforma fiscal, es importante recordar la importancia de retomar y completar la reforma del sector eléctrico.
Parece que llegó la oportunidad de continuar y completar esa tarea, pues el presidente del Consejo Unificado de las EDE, el Lic. Celso Marranzini, ha sido muy explícito al dar a conocer sus planes para perseguir y eliminar el fraude. Y más importante aún, anunció que trabajan para ¨sentar las bases de una gestión más eficiente. Una vez lograda esa organización, convocaremos a una licitación pública para la operación y mantenimiento por parte del sector privado¨.
Sin embargo, somos de opinión que es necesario impulsar una transformación más completa de las EDE, una que esté ajustada a la normativa vigente que ordena su capitalización y administración por el sector privado. Esta es una tarea que demandará mucho esfuerzo y sacrificios, pero los beneficios de esta decisión los sentirán en unos pocos años los usuarios, el sector productivo y las finanzas públicas.
La experiencia muestra que la gestión privada de empresas puede ofrecer mayor eficiencia y mejores resultados que la administración pública.
En el sector eléctrico tenemos como evidencia a las empresas de generación EGEHAINA y EGEITABO. Originalmente públicas, pero desde el inicio de la capitalización han experimentado un proceso de recuperación extraordinario, y en estos momentos no solo han aumentado su patrimonio, sino que además operan de manera eficiente y aportan recursos al gobierno. Así mismo, los generadores privados que usan las tecnologías renovables, solar y eólica, han colocado al país en la vanguardia en estas tecnologías y están reduciendo nuestra dependencia de combustibles importados.
Similarmente, la participación del sector privado en la distribución de energía en la región este del país ha sido tan exitosa que ha facilitado el desarrollo del turismo de tal manera que se califica de modelo a nivel mundial. Se puede decir, por lo tanto, que la participación del capital privado en el sector eléctrico ha sido beneficiosa para el país.
Aunque el fracaso de la primera privatización de las EDE es motivo de escepticismo, en general, la gestión privada de servicios públicos es exitosa en nuestro país. Podemos verlo en la educación, los aeropuertos y el transporte. Por lo tanto, retomar la privatización de las EDE no debe ser un obstáculo para dar cumplimiento a la normativa vigente.
El criterio que debería primar al retomar la capitalización es que el Estado mantenga una participación accionaria significativa, tal como está previsto en la normativa vigente, y que las instituciones de planificación, de definición de políticas y de fiscalización se preparen para que las compañías que obtengan las concesiones estén obligadas a ser diligentes y operen las empresas de manera eficiente y competitiva en el menor tiempo posible.
Para implementar la decisión será necesario llevar a cabo una serie de tareas que demandarán tiempo, dinero y recursos especializados, pues el proceso de capitalización y de pasar la administración al sector privado necesitará por lo menos:
- Realizar auditorías completas a las empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDESTE, para evaluar la situación financiera, operativa y el personal.
- Diseñar un plan de reestructuración que incluya la privatización gradual, con medidas para asegurar que la transición no afecte la calidad del servicio.
- Establecer un fondo para compensar adecuadamente al personal excedente y garantizar que los contratos de trabajo se manejen de manera justa.
- Fortalecer los mecanismos de regulación y fiscalización que aseguren que la energía que se sirve pueda cobrarse.
- Organizar y realizar las licitaciones necesarias para elegir las mejores propuestas.
Con la privatización de las EDE podemos esperar los siguientes beneficios:
- Mejora en la eficiencia: La administración privada puede implementar mejores prácticas y tecnologías que optimicen la operación y reduzcan las pérdidas.
- Reducción de cargas financieras: Al mejorar la eficiencia y reducir la necesidad de subsidios gubernamentales, se aliviaría la presión sobre las finanzas públicas.
- Facilitar la reforma fiscal: Además de reducir hasta eliminar el subsidio a la empresa por ineficiencias gerenciales, proveería ingresos al Estado.
- Inversiones en Infraestructura: Con la participación del sector privado, es posible que se realicen mayores inversiones en infraestructura que son cruciales para el desarrollo del sector eléctrico.
El objetivo de la privatización debe ser abordar los problemas actuales del sector eléctrico dominicano y asegurar una gestión eficiente y sostenible a largo plazo que apoye el crecimiento económico y mejore la competitividad del país.
Si la privatización se aborda desde el inicio de la presente administración, los beneficios se sentirán antes de que concluya su periodo, pues la reforma del sector eléctrico no necesita más análisis en el Consejo Económico y Social, ni ir al Congreso; es una decisión política que demostraría el interés del gobierno de racionalizar el gasto y evitar el endeudamiento para cubrir deficiencias administrativas.