En los países donde las empresas distribuidoras, tanto las públicas como las privadas, operan bajo un esquema regulatorio estricto, que requiere que ofrezcan un servicio de calidad facturado en base a una tarifa técnica, estas empresas operan sin intervención política en las decisiones técnicas y administrativas, y de esta manera garantizan un suministro estable que favorece el desarrollo económico y social. Bajo este esquema, las empresas están obligadas a pagar compensaciones económicas a los usuarios, si las interrupciones exceden los límites definidos por los reglamentos de calidad de servicio. Por esta razón, a las empresas del sector eléctrico, incluyendo las distribuidoras, les resulta más conveniente hacer las inversiones que evitan las interrupciones, que pagar compensaciones. Por eso, en los países con empresas distribuidoras eficientes, los clientes residenciales y comerciales pequeños, no tienen que hacer inversiones en equipos de emergencia, y como estas empresas operan con beneficios, tal como lo hacen las empresas de generación y transmisión, también pagan el impuesto sobre la renta a sus gobiernos.
En resumen, en los países con una regulación estricta y donde los gobiernos no intervienen en la operación y administración de las empresas eléctricas, limitándose a realizar la fiscalización que garantice un servicio de calidad al menor precio posible, las empresas distribuidoras, en lugar de ser una carga para el Estado, son fuentes de ingreso para que sus gobiernos puedan financiar las inversiones que requieren otros servicios públicos como salud, educación, seguridad ciudadana, etc.
En República Dominicana, lamentablemente, esa no es la situación. Aunque existe una normativa que exige a las empresas cumplir con normas de calidad de servicio, las distribuidoras exceden los límites establecidos para el número y duración de las interrupciones, el tiempo para atender las solicitudes de nuevos servicios, etc. Además, debido a sus ineficiencias técnicas y administrativas, en lugar de aportar recursos al Estado, mediante el pago del impuesto sobre la renta, necesitan recibir subsidios del gobierno y depender del Estado para financiar con préstamos públicos la expansión del servicio.
Para que el gobierno no siga repitiendo los errores del pasado, recordemos cómo ha operado el sector eléctrico. Desde el 1955, fecha en que nacionalizó la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, hasta la década de los 90, el sector eléctrico era propiedad exclusiva del Estado Dominicano; estaba organizado verticalmente bajo la sombrilla de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), y era operado y administrado por el Estado Dominicano. Y hasta finales del 1973, los precios de la energía, así como de los combustibles, obedecían a criterios técnicos y económicos; la calidad del servicio era relativamente buena, y aunque las pérdidas habían aumentado de manera significativa, la palabra apagón no estaba en el vocabulario de los dominicanos.
Sin embargo, en la década de los 70 se hizo evidente el inicio del deterioro del servicio eléctrico, al no tomar el gobierno medidas de política económica para enfrentar el primer embargo petrolero de la OPEC, en 1973, que cuadruplicó los precios de los combustibles. A pesar del impacto que tuvo este evento en la economía mundial, en la República Dominicana los precios de los combustibles y de la energía eléctrica permanecieron estáticos hasta el 1979. Una explicación de esta decisión del gobierno pudo ser el hecho de que durante ese año y los dos siguientes, los precio del azúcar, principal renglón de exportación en esa época, se mantuvieron a niveles tales, que permitieron que la balanza de pagos permaneciera con saldos positivos, a pesar de la crisis económica mundial.
Otro evento que influyó en la política energética de esos años, fue la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Tavera, que se le vendió al Presidente Balaguer como la solución al sector eléctrico. Un error que se hizo evidente en medio de la crisis petrolera. La cómoda situación financiera del gobierno, y una exageración del impacto que tendría en el sector eléctrico la entrada en operación de Tavera, provocó que no se tomaran medidas para enfrentar la crisis económica que inquietó al mundo en esos tiempos. Cuando empezaron a caer los precios del azúcar y los aportes de Tavera al sistema eléctrico no podían satisfacer la demanda de energía, empezaron los apagones y el deterioro económico de la CDE, y consecuentemente, de las centrales térmicas, de las líneas de transmisión y distribución, y del servicio comercial, debido a la falta de recursos económicos para reponer los inventarios de materiales, piezas y equipos, y para cumplir con los programas de mantenimiento y los planes de expansión.
Desde entonces, y hasta recientemente, las tarifas eléctricas no habían respondido a criterios técnicos y económicos que garantizaran la sostenibilidad financiera de un sector tan importante para el desarrollo económico y social del país como lo es el eléctrico. Y todavía está pendiente definir y poner en práctica una política de precios de la energía eléctrica que incluya una tarifa social que proteja a la población más vulnerable de los aumentos de los precios de los combustibles, mitigando el impacto que puedan provocar estos aumentos en la tarifa eléctrica, pero que le permita a las empresas distribuidoras cobrar el precio real de la electricidad a los usuarios vulnerables, a través de un subsidio focalizado.
La historia de los últimos cincuenta años nos enseña que las empresas eléctricas cuando son operadas y administradas por el Estado el servicio es pésimo y las inversiones para atender el crecimiento de la demanda se retrasan, por lo que se recurre a racionar el servicio. Por este motivo, el nivel de las pérdidas de energía continuó aumentando desde un 25% en 1975 hasta casi el 50% en 1998, cuando inició el proceso de capitalización de la CDE. Las cobranzas también disminuyeron hasta niveles del orden del 80%. Obviamente, con estas características de operación los ingresos no alcanzaban para dar mantenimiento a las centrales de generación, ni a las líneas de transmisión y distribución. Tampoco para comprar equipos de medición ni materiales para las acometidas. Mucho menos para extender el servicio. Por eso en 1990 el gobierno empezó a dar facilidades para que el sector privado supliera el servicio público de electricidad en zonas donde empezaba a desarrollarse el turismo. Así surgieron los Sistema Aislados, que hoy día ofrecen un servicio de buena calidad, que ha facilitado el desarrollo del turismo, sector de la economía que ha crecido tanto, que actualmente ocupa uno de los principales lugares en la escala de generación de divisas y empleos.
Pues bien, debido a la situación del Sector Eléctrico, caracterizado por su pobre calidad de servicio y por la ausencia de regulación, durante las décadas de los 70, 80 y 90, se hizo costumbre construir edificios y casas, y conectarlos a las redes antes de suscribir un contrato, pues si se seguían los procedimientos para solicitar el servicio la CDE tardaba meses en responder. Esta práctica contribuyó al aumento de las pérdidas comerciales.
Lamentablemente, la situación internacional de principios del siglo 21 provocó aumentos significativos en los precios del petróleo, y las empresas Unión Fenosa y AES, concesionarias del servicio de distribución de electricidad, como resultado del proceso de capitalización, que hubiera podido llevar a EDENORTE, EDESUR y EDEESTE a una situación de estado estable, en el que pudieran operar con una tarifa técnica en un plazo de 6 a 8 años, no pudieron retener las concesiones debido a la negación del gobierno de traspasar a las tarifas los aumentos de precio de los combustibles, debido principalmente a la ausencia de una política de susbsidios que protegiese a las clases mas vulnerables. Como resultado, el Estado readquirió las distribuidoras y lamentablemente, reasumió la operación y administración de estas empresas, pues era posible contratar este servicio con compañías de experiencia en este negocio. Como resultado de esa decisión, el Estado perdió la oportunidad de quitarse la carga económica que representaban las empresas distribuidoras.
Una prueba de que las empresas eléctricas cuando son administradas por el sector privado operan eficientemente la tenemos en el segmento de generación y en los Sistemas Aislados de la zona este del país. La capitalización de las centrales térmicas creó las empresas EGEHAINA y EGEITABO y el sector privado, mediante inversiones y buena administración, ha logrado operar estas generadoras con una calidad de servicio que satisface la normativa vigente. Además, ha continuado haciendo inversiones para mejorar el desempeño de estas centrales. Vale decir que EGEHAINA ha tomado el liderazgo en la producción con energía renovable, con sus parques eólicos y fotovoltaicos, y según encuestas es considerada como una de las mejores para trabajar en nuestra región. En el segmento de generación tenemos también a AES, que lidera el mercado en la producción con Gas Natural y opera el principal centro de despacho de este combustible en el Caribe.
En resumen, las inversiones del sector privado y la calidad de su gestión técnica y administrativa rescató al Sistema Eléctrico Nacional del colapso total y facilitó el desarrollo económico experimentado por el país en los últimos 20 años. En este momento, debemos decir que estas empresas pagan impuestos sobre la renta, crean buenos empleos, en número y remuneración, y han aumentado el patrimonio del Estado. En contraste, las empresas distribuidoras, que continúan siendo públicas, han aumentado significativamente la deuda externa del país y requieren una asignación importante del presupuesto nacional para cubrir sus déficits económicos
En este punto, me surge la pregunta: ¿Por qué oponerse a la participación privada en las empresas distribuidoras y en la Central Punta Catalina si la inversión privada en el sector eléctrico ha beneficiado al país? Los ejemplos del éxito privado en la operación de las centrales eléctricas son evidentes en EGEHAINA y EGEITABO, rescatadas de la ruina por el sector privado que decidió participar en el proceso de capitalización. Otros ejemplos de éxito del sector privado son las empresas generadoras privadas, los parques de energía renovable y los Sistemas Aislados de la zona este del país. Lo que necesita hacer el gobierno para exhibir ese nivel de éxito en Punta Catalina y en las empresas distribuidoras, es fortalecer su capacidad de regulación y fiscalización, con los siguientes propósitos: 1) Evitar poder de mercado en el segmento de generación, y 2) Lograr una operación eficiente de las empresas distribuidoras. Esto puede lograrlo si: 1) Las negociaciones se cierran con modalidades de contratos preparados para lograr estos objetivos, que son favorables a los intereses de la nación; 2) Se emite una tarifa social focalizada para proteger a los usuarios de menores ingresos, y 3) Se establece una tarifa técnica para las empresas distribuidoras que les permita recuperar costos, financiar inversiones y lograr el beneficio sobre la inversión autorizado por la normativa vigente. Con esta visión el éxito esta asegurado, pues el sector privado está obligado a hacerlo bien, para poder recuperar la inversión y lograr los beneficios permitidos por la normativa.