Ante la actual situación internacional, con pronósticos negativos para las economías de los países, el gobierno necesita, con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica alcanzada, además de aumentar sus ingresos de divisas, reducir las inversiones y gastos que pueden ser asumidos por el sector privado, como es el caso de la operación de las empresas distribuidoras de electricidad, sobre todo cuando consideramos la exitosa experiencia de las empresas privadas que operan en la zona este del país, que nos enseña que esa actividad es preferible que la asuma el sector privado y que el Estado se dedique a fortalecer sus capacidades de planificación y regulación.
La decisión tendría además el beneficio de hacer cumplir normativas vigentes, dando por concluido un periodo de transición que debió ser menos largo, y continuar la ejecución de lo establecido en las leyes de Reforma de las Empresas Públicas y de Estrategia Nacional de Desarrollo.
La distribución en manos del sector privado puede lograr en poco tiempo algo que el gobierno no ha logrado nunca, y es reducir hasta eliminar las elevadas Pérdidas No Técnicas, mejorar la eficiencia de las operaciones y la calidad del servicio, reducir hasta eliminar el subsidio a las empresas por deficiencias gerenciales, y ponerle fin al endeudamiento para la expansión y mantenimiento de las redes. La economía asociada con esta decisión política puede estimarse y seguro excedería los mil quinientos millones de dólares anuales, que podrían invertirse para mejorar otros servicios públicos y aumentar la inversión de capital.
Otro beneficio adicional que se obtiene de esta decisión política es el aumento de los ingresos fiscales a partir del momento que las empresas distribuidoras, ya privatizadas, reduzcan las Pérdidas Totales a niveles que les permitan operar en estado de régimen estable y obtener beneficios.
Como las empresas distribuidoras manejan dos negocios diferentes: Uno, la operación y mantenimiento de las redes y subestaciones, y otro, el de la venta y el cobro de la energía, limitando su accionar a la instalación y lectura de medidores y a la facturación y cobro de la energía entregada, pagando un peaje al operador de las redes, la privatización de este segundo negocio, la comercialización, puede realizarse de manera separada o simultanea al de la privatización de las redes, pudiendo dar como resultado más de seis empresas.
La decisión de cómo hacerlo puede ser parte del proceso de un segundo intento de privatización del servicio de electricidad, para lograr una solución definitiva a los problemas de este sector, que representan un obstáculo a un más rápido desarrollo del país. El método a seguir debe ser el más conveniente para el gobierno y para los inversionistas interesados.
Un problema aún más importante que el de la energía eléctrica es la escasez de agua potable resultante de la deforestación, la extracción de materiales del lecho de los ríos, y la contaminación de los suelos, ríos y arroyos, lo que representa una amenaza a la sobrevivencia en RD. El problema está vinculado a la pobreza rural, el uso inadecuado de los suelos, la ignorancia sobre la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, y la falta de supervisión del cumplimiento de las leyes que protegen los recursos naturales suelo y agua.
Todos estos son problemas vinculables que requieren la toma urgente de decisiones políticas, con objetivos y metas para eliminar los siguientes problemas: Pobreza rural, especialmente en las provincias de la frontera, ignorancia sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales, migración de la población dominicana del oeste al centro y este del país, deforestación, extracción de material de lechos de ríos y arroyos, contaminación de los suelos y de las corrientes de agua y aumento de la dependencia energética nacional.
Esta situación necesita que las políticas que se definan promuevan inversiones en proyectos que contribuyan a crear y recuperar bosques, proteger las cuencas hidrográficas, recuperar el caudal de los ríos y arroyos, mejorar el uso de los suelos, producir mucho más energía a partir de la biomasa y aumentar la población dominicana en la frontera.
La creación de un fondo especial para facilitar la preparación de proyectos y la promoción de alianzas público privada, con apoyo de Organizaciones sin Fines de Lucro con experiencia de trabajo en la zona fronteriza, puede facilitar la preparación de un plan para la creación de empresas que contribuyan a resolver el problema de la escasez de agua potable y de energía eléctrica, y de paso los de la pobreza en la frontera.
El plan puede partir de las informaciones disponibles en instituciones pública y organismos internacionales, y en la experiencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro que trabajan en la frontera y que podrían integrarse a los planes de recuperación de los recursos naturales y la biodiversidad, la eliminación de la pobreza, la mejoría de los servicios de salud, agua, energía y educación, y a promover la protección del medio ambiente y los recursos naturales, mediante la educación y entrenamiento de la población y el desarrollo de condiciones que favorezcan y apoyen el desarrollo económico y social de la región fronteriza.
Debido a la invasión rusa a Ucrania el precio del Gas Natural (GN) ha aumentado significativamente durante el 2022. Lo mismo ha pasado con el Carbón Mineral y el resto de los combustibles fósiles. Y el pronóstico es que los precios seguirán aumentando. Y es posible que el GN se convierta en un producto escaso. Esta situación y la salida de operación del gasoducto ruso son un obstáculo importante a los proyectos de generación de energía eléctrica en cartera. Esto significa que los planes de expansión de la generación se pospondrán, lo que afectará la oferta de electricidad en los próximos años.
Por lo tanto, es urgente que el país adopte una estrategia que tenga como objetivo reducir la dependencia de combustibles importados para la producción de energía eléctrica y promueva inversiones en el aprovechamiento de los recursos energéticos autóctonos. La dependencia de combustibles importados representa un peligro en el mediano y largo plazo para la seguridad energética nacional. Por lo tanto, lo que necesita la nación en estos momentos es una política que promueva la autosuficiencia energética.
Una opción para sustituir el GN y el Carbón Mineral en la generación de electricidad, es el fomento de la producción de biomasa en Fincas Energéticas, decisión que fortalece la independencia energética que todo país debe buscar. Como el desarrollo de estos proyectos puede requerir de 6 a 8 años para que aporten energía en volúmenes significativos, será necesario considerar algunos proyectos térmicos a base de combustibles convencionales, en contratos temporales, por ejemplo en barcazas, para no comprometer más la dependencia de combustibles importados y evitar el desabastecimiento.
El desarrollo de Fincas Energéticas tiene beneficios adicionales a la reducción de la dependencia de combustibles importados. Estos proyectos, que se desarrollarían en terrenos no aptos para la producción de alimentos, pondrían a producir tierras en las zonas suroeste y noroeste del país, lo que facilitaría la dominicanización de la frontera, al favorecer el establecimiento de industrias, que al mejorar la disponibilidad y calidad de la energía eléctrica, aprovecharían los beneficios de la Ley 12-21, que actualizó la Ley 28-01 de incentivos al establecimiento de industrias en esa zona. Además, como las Fincas Energéticas aumentan la cobertura boscosa de una región, tienen un impacto positivo en el medio ambiente que ayudaría a la recuperación de los ríos y arroyos. También crea una gran cantidad de nuevos empleos permanentes en la siembra de árboles, en la industria forestal que produciría el combustible para las centrales térmicas que se instalarían usando biomasa como combustible, y en las industrias y los comercios que serían atraídos por las nuevas facilidades fiscales y la disponibilidad de energía.