Las disputas por salir del empirismo en el manejo de la información nunca se agotan, más si pertenecen al ámbito de la salud pública. En Republica Dominicana, cualquier profesional con fundamento o no, pero también con estudios estadísticos o sin ellos, se siente “el dueño y señor de los números”. Más si pertenecen a las mortalidades por diversas causas, muy en especial en esta pandemia de COVID-19.
Del 2020 al 2021 murieron en esta nación alrededor de 132,000 personas por diferentes causas. De este total, está confirmado que 4,375 fallecieron por COVID, desde 2019 hasta ayer jueves 14 de abril.
Con la Ley 200-04 se garantiza, entre otros aspectos, el derecho de la ciudadanía al acceso a las informaciones públicas registradas en cualquier documento. Escrito, grabado, óptico, electrónico, imagen y otros. Todas las entidades del Estado y en aquellas donde este tiene participación, deben entregar información luego que cualquier ciudadano la solicite de acuerdo al articulo 7 de esta ley. El ocultamiento de información pública es un proceso en franco período de extinción.
Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la gestión por sistematizar los registros de muertes tiene una historia que se llega a Londres, Inglaterra en 1530. Para la ocasión con motivo de varias epidemias, se estableció en esta ciudad, un sistema de alerta de muertes, vía el cual las parroquias debían remitir semanalmente, informes del número de defunciones por plaga (peste negra) y otras enfermedades. A partir de 1604, se comenzaron a publicar regularmente estos boletines sobre estadísticas de mortalidad.
Es aceptado internacionalmente que existe un sub-registro de defunciones de alrededor 10% en las tasas de mortalidad. En medio de una pandemia, esta cifra tiende a ser mucho menor, dado que los sistemas de vigilancia epidemiológica están en la búsqueda activa de casos y fallecidos. Hoy, las cifras son más confiables, resultado del plan de casi una década, auspiciado por la OPS para fortalecer las estadísticas vitales en América.
El doctor Marcos Espinal, director de enfermedades transmisibles de OPS en Washington, subrayó en 2017, que producto del plan de acción regional de fortalecimiento de las estadísticas vitales y de salud, se creó la Red Latinoamericana de fortalecimiento de Sistemas de Información de Salud (RELACSIS). Iniciativa que impulsó la preparación y análisis de los datos de mortalidad de América Latina.
Sobre la mortalidad por COVID, los datos de la Dirección General de Epidemiología del ministerio de salud dominicano, coinciden con otros reportes independientes de datos como el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de Universidad Johns Hopkins (JHU), Instituto de Métricas y Estimaciones en Salud de Washington, Seattle y el sistema de seguimiento de OPS/OMS.
El subregistro se acepta como error a rectificar en sistemas de salud que pretendan exhibir datos confiables y comparables con otras naciones. Denunciar que la ausencia de exploración de mortalidad en República Dominicana llevó las muertes por COVID-19 de 4,375 certificadas este pasado domingo 10 de abril a más de 20,800 supuestos fallecidos por esta enfermedad, implica una proporción irracional de 1 caso cada 5 dejados de rastrear; un subregistro del 80%.
Cifra que hubiera implicado un promedio diario de 29 fallecidos que de ser cierto se hubieran notado, desde las funerarias y los cementerios hasta en las denuncias en los medios de comunicación.
Modernamente se utiliza la estadística inferencial mediante el intérvalo de confianza para fijar los límites inferiores y superior que definen un rango dentro del cual estaría la verdadera tasa de mortalidad. El nivel de confianza asumido es 95%. Es decir, dos desviaciones estándar de la tasa de mortalidad presentada como válida. La hipótesis de 20,800 fallecidos de COVID-19 excederían los intervalos razonables.
La tasa de mortalidad es el producto que se obtiene al colocar en el numerador el total de defunciones de una patología y en el denominador, la población en riesgo. Se multiplica por una constante de 100,000 habitantes, en un tiempo determinado y lugar concreto. Por su parte, la tasa de letalidad se deriva de la relación de dividir el total de fallecidos entre el total de enfermos de una patología, multiplicados por 100. La letalidad es más precisa que la mortalidad para evaluar la calidad del tratamiento de una patología.
Hasta el pasado domingo 10 de abril, se registran 4,375 fallecidos por COVID-19 de un total de 578,416 que se enfermaron, de una población de 10,621,938 dominicanos estimados para este año 2022. Estos valores arrojan una mortalidad de 41 fallecidos cada 100 mil habitantes y una letalidad de 0.75%. Para orgullo nacional, estos resultados epidemiológicos se ubican entre los mejores del mundo.
Los procedimientos para evaluar la calidad de las tasas de mortalidad y letalidad se compilan en textos clásicos de Epidemiología. En “Epidemiología, Principios, Técnicas y Aplicaciones” de los epidemiólogos canadienses Milos Jenicek y Robert Cleroux. Asimismo en los “Lineamientos Básicos para el Análisis de la Mortalidad de OPS/OMS.
El doctor Philip Sartwell pasado profesor de Epidemiología de la Escuela de Higiene y Salud Pública, Universidad Johns Hopkins, Maryland, Baltimore, EUA, fue muy racional en este tema. En sus conceptos y análisis hace una exégesis de las tasas. El doctor Sartwell, aporta una técnica elemental para cuestionar los numeradores y denominadores de las tasas que comentaremos en otras colaboraciones.