El modelo que fomenta el ahorro en cuentas propias individualizadas para afrontar los gastos en la vejez, denominado capitalización individual, ha estado sosteniendo por más de dos décadas en República Dominicana, que el suyo constituye el mejor mundo posible en materia de pensiones.
La fábula de bondades que pregonan los interesados ha tenido el modelo aludido, durante mucho tiempo ha gozado de amplia aceptación en distintos grupos de la población ocupada dominicana, aceptación que podría estar sostenido, entre otros aspectos, en la forma e intensidad como fue mercadeado el modelo que dentro de sus mensaje introdujo que con dicha modalidad de pensiones se generaría un océano de suficiencias en prestaciones para las personas cotizantes, promesa que no ha sido cumplida como lo muestran la mayoría de las personas que ya han ingresados a la fase de jubilados, al amparo del ineficaz y deficiente modelo pensional que implementan las corporaciones privadas en el país.
En efecto, el nivel pensional de capitalización individual apenas logra suplir el 16% de la canasta básica familiar, en aquellos cotizantes cuya base salarial corresponde al promedio de la remuneración nacional de los ocupados en pequeñas y medianas empresas formales durante el primer semestre del presente año. Esto es prueba suficiente para despachar, con muy bajos honores, el esbozo de burbuja de pensiones que mediante la articulación de los poderes fácticos, ha sido impuesto y sostenido en el país bajo el comando de lucro desmedido de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En las últimas dos décadas, mediante efectivos procesos de anestesiología social, los grupos que manejan el negocio de capitalización individual han mantenido en la oscuridad los efectos perversos, que en el orden social, genera el fallido modelo de capitalización individual, al poner bajo la lógica de la acumulación de capital los niveles pensionales en la Republica Dominicana, con la osadía de pavonearse, de manera grandilocuentemente en términos de que todos aquellos que han criticado su modelo expoliador, no presentan alternativas con viabilidad técnica y sostenible para mejorar los niveles pensionales.
Con la “Propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana”, se inicia la baja de las nubes de ese pavoneo técnico-gerencial que durante un buen tiempo han asumido la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP), sus representantes y acólitos. La propuesta es acompañada por la incuestionable reputación académica, profesional y ética de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Fundación Juan Bosch, la Coalición por una Seguridad Social Digna y la asistencia técnica de la Fundación Sol de Chile,
Efectivamente, la propuesta emerge como una alternativa viable, rigurosa, robusta, digna, y con horizonte promisorio para transitar hacia niveles pensionales justo y dignos del colectivo de personas que tan solo cuentan con su fuerza de trabajo para llevar una vida decorosa en su cuarto ciclo de existencia.
Cabe resaltar que el análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible se realiza en consonancia con las normativas legales existentes en el país, y la estimación numérica de los resultados que presenta, se mantienen dentro del marco paramétrico del modelo socio-macroeconómico vigente, que por cierto contiene, este último, enormes brechas de desigualdad en la distribución primaria de ingresos. Por consiguiente, los cimientos del modelo socio-macroeconómico no están siendo cuestionado, de ahí que, por ese lado, cualquier intento de alharacas argumentativas que pretendan levantar los intereses del sindicato corporativo conglomerado en la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones ADAFP, quedaría abortado en el intento.
Debe tomarse también en consideración, que no obstante la camisa de fuerza que significa el constreñimiento remunerativo para la clase trabajadora que impone el modelo socio-macroeconómica prevaleciente, la propuesta de pensiones por vejez justo (PPVJ) mantiene elevada armonía con los cinco principios básicos de seguridad social que avala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que en la sistematización y desagregación realizada por Mesa-Lago (PPVJ, 2023) se expresan en los siguientes: 1) diálogo social; 2) cobertura universal; 3) trato uniforme; 4) solidaridad social; 5) equidad de género; 6) suficiencia de las prestaciones; 7) eficiencia y gastos administrativos razonables; 8) participación social en la gestión; 9) rol del Estado y supervisión; y 10) sostenibilidad financiera-actuarial.
En tanto y cuanto, desde la perspectiva del bien común, el documento de análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible se erige como una herramienta orientativa para conducir el debate y búsqueda de respuestas efectivas, puede resultar provechoso y oportuno conocer la esencia de los planteamientos contenidos en la referido documento, al tiempo que se comparara con algunos de aquellos elementos en que se aleja, de manera radical, del modelo expoliador de capitalización individual.
También puede resultar de cierta utilidad contrastar algunos elementos de la propuesta con aquellas que realizó la Comisión Bicameral al Pleno del Congreso Nacional en el informe rendido el pasado 8 de mayo del presente año relacionado con el abordaje de una Reforma a la ley 87-01 sobre seguridad previsional en el país.
En el artículo de la semana próxima iniciaremos el abordaje de esos aspectos reseñados en los dos párrafos precedentes.