Mirando el estado epidémico actual del tránsito vehicular en República Dominicana y su creciente secuela de morbimortalidad, daños a la propiedad y la economía, me asientan las dudas sobre solución a corto, mediano y hasta largo plazos si no se implementa ahora acciones duras, sin contemplación.
Varios factores potentes se conjuntan para ahondar este mal de salud pública, hace décadas diagnosticado y con propuestas para achicharlo, pero sin correspondencia con la práctica. El resultado es que estamos ya al borde de un abismo insondable, casi sin posibilidad de reversa. Esto no se aguanta más.
El Gobierno, a través del presidente Luis Abinader, acaba de firmar el 18 de noviembre de 2024, el Decreto 656-24, el cual “declara de alto interés la seguridad vial en todo el país y establece el proceso de elaboración e implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) como organismo coordinador”.
En acto realizado en Palacio, Abinader ha destacado que “históricamente los accidentes de tránsito cobran más vidas que la pandemia” (covid-19) con un total de 26,257 personas afectadas en los últimos ocho años (2016-2024) en el país, con los sábados, domingos y lunes como los días con mayor cantidad de casos registrados. Otras 121,850 personas resultaron lesionadas solo en el 2023, lo cual representa RD$130,000 millones para el sistema de salud.
Entre enero y septiembre de 2024, el 25 % de las personas fallecidas fue jóvenes entre 25 y 34 años, ubicados en su mayoría en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.
El 28 de octubre de 2021 Naciones Unidas ha echado a andar el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el objetivo de reducir al menos en 50% las muertes y lesiones producto de los accidentes de tránsito.
República Dominicana es una vergüenza mundial en materia de muertes y heridos a causa de siniestralidad de tránsito terrestre.
El país ocupa uno de los primeros cinco lugares en mortalidad, para no decir el primero, con una tasa de 65 fallecidos por cada 100 mil habitantes, según la Organización Panamericana de la Salud. Y eso representa entre 3 mil y 4 mil muertos cada año (la mayoría joven) y 3 mil millones de dólares, 2.5% del Producto Interno Bruto (Total de riquezas nacionales).
En Alemania, la tasa es de 6; España, 4; Canadá e Italia, 5, EE. UU., 13, conforme Word Stadistics.
La etiqueta indeseada que tenemos no la mandó Dios. Tampoco se “ganó” de la noche a la mañana. Más bien ha sido construida de manera sostenida durante muchos años por la indiferencia y complicidad gubernamentales, el sindicalismo del transporte convertido en vulgar negocio; el manejo de temerario de los buses transporte colectivo de la oficial Omsa y del sector privado; el relajamiento de los agentes de tránsito (na e na y to e to); la elefantiasis del parque vehicular, unas 5,810,888 unidades a febrero de este año (lo importante es cobrar impuestos), la mayoría conducida por asesinos encubiertos y selváticos, viejos y jóvenes, hembras y varones, blancos, mulatos y negros, ricos, clase media y empobrecidos.
Como en otras áreas de la vida nacional, en el tránsito terrestre sufrimos una irresponsabilidad colectiva.
Tal parece que quienes creen en la convivencia y tratan de actuar conforme la ley han perdido todos sus derechos y deben pagar una cadena perpetua de sinsabores en vista de hechos cometidos cada segundo por una plaga de conductores que, de paso, suele mofarse de cumplidores las reglas del juego en los espacios públicos.
Algo hay que hacer, y ahora.
Por lo pronto, en los puntos estratégicos de las avenidas, elevados, túneles y desniveles de la capital, Santiago y carreteras troncales hacia las regiones se puede apostar tanquetas para, mínimo, si no eliminar con balas, bañar con cañonazos de excrementos o aguas residuales putrefactas a vividores que, ante los ojos distraídos de los Digesett, van hacia los elevados, pero por los carriles derivadores y, al llegar a las bocas, sorprenden a quienes cumplen alineados en los centrales, y allí arman un berenjenal insoportable.
Lo propio con los guagüeros que, a la libre, con sus “anafes” sobre ruedas zigzaguean sin cesar, sin importar chocar vehículos ajenos ni luces rojas de semáforos; a los chóferes autobuses, minibuses camiones, patanas, camiones, motocicletas, jeepetas, autos de lujo y utilitarios, concheros y taxistas enemigos de las luces direccionales, las preferencias, las señales de tránsito, los pasos peatonales, las velocidades permitidas; agentes de tránsito que en las intersecciones se dejan irrespetar las órdenes de Pare y Siga porque sus posturas no proyectan rectitud, autoridad…
En definitiva, en las calles estamos bregando con un mundillo plagado de violentos, enemigos del orden público, del mantenimiento de los vehículos que conducen… Enemigos de la vida de seres humanos, perros y gatos. De la sociedad.
El individualismo nos mata, pocos quieren pensar en el colectivo. Es un constante retar a la sentencia atribuida al emperador romano Marco Aurelio: “Hice algo por la sociedad; por tanto, me beneficié a mí mismo”.