Las cifras que contiene el discurso de rendición de cuentas muestran la confusión oficial entre desarrollo económico, el asistencialismo y la protección. Con estos dos últimos, la presente administración pretende potenciar y crear nuevos negocios bajo el amparo y el sacrificio estatal. Y esto lo hace oponiéndose al credo que defiende, ya que los neoliberales son enfáticos en negar la intervención del estado en la economía.
De esta relación surge el parasitismo privado que perjudica sensiblemente la democracia dominicana. El sistema de financiamiento de las campañas electorales depende significativamente de las empresas privadas. Obviamente, este financiamiento no es gratuito y se produce a cambio de lograr el favor del gobierno para someter y aprobar leyes y emitir decretos y reglamentos de leyes que favorezcan y promuevan los negocios privados (Ley de Fideicomisos, de asociaciones público-privadas, , ley de energía renovable, ley de competitividad, ley de zonas francas, ley del sector turismo, para sólo mencionar algunas de ellas). Por esto, el actual gobierno dedica poca o ninguna atención a los problemas estructurales de la economía y la sociedad dominicanas (el permanente déficit fiscal, el endeudamiento, el déficit de la balanza comercial, el déficit de la balanza corriente, la insuficiencia de ahorro interno para financiar la inversión, la baja productividad, entre otros) porque resolverlos implica reducir las enormes ventajas del reducido grupo de empresas privadas que le dio su apoyo financiero.
En efecto, esta administración del gobierno transita por la misma trayectoria neoliberal de los gobiernos del PLD que le precedieron. La construcción de obras físicas es uno de los ejes fundamentales de política de inversión pública, cuyo defecto más sobresaliente consiste en que no forma parte de un plan integral de desarrollo económico y, por tanto, carece de objetivos de corto y mediano plazos, sin metas anuales ni medibles en la evaluación de la ejecución presupuestaria, en fin, este gobierno sigue la moda impuesta por quienes financiaron su campaña electoral.
Las cifras del discurso levantan cuestionamientos respecto de su consistencia. Según el presidente, la inversión total del gobierno en los proyectos de construcción que ejecuta fue de RD$90,390.0 millones equivalente al 6.1% de la formación bruta de capital acumulada en los primeros nueve meses del año pasado o de 1.6% del PIB del 2022. Los beneficios del gasto público en circunvalaciones, construcción de marginales a carreteras principales, puentes, avenidas, entre otras, si bien tienen algún efecto sobre el empleo y los beneficios de los consorcios privados, no menos cierto es que no contribuyen esencialmente al incremento de la productividad ni mucho menos a la innovación que debe promover un gobierno moderno.
También el presidente se refirió a su política industrial, que descansa en la deslocalización (nearshoring) de procesos industriales promovida por países desarrollados (especialmente Estados Unidos), que persiguen mano de obra barata en los países subdesarrollados como el nuestro, bajo el alegato de que nuestro país comparte los mismos valores. (Peter Goodman, New York Times, 2/1/2023). En otras palabras, la política industrial del gobierno del cambio, como antes, no depende de los objetivos de desarrollo de la economía dominicana, sino que acomoda sus ejecutorias a las necesidades del capital extranjero y de pocos inversionistas locales, cuyos intereses están en las exenciones fiscales que favorecen las ganancias de las empresas beneficiadas, pero que debilitan las recaudaciones fiscales y profundizan los desequilibrios fiscales. El modelo de industria que prefiere el gobierno del PRM, es el de zonas francas, que producen bienes baratos para los países centrales acompañados de elevados beneficios.
La política industrial del gobierno de Abinader sigue de cerca al comportamiento de la clase ociosa de Veblen (1899), negando la dedicación al trabajo que implica la innovación, la que constituye una de las formas de superar el equilibrio estático neoliberal (Schumpeter, 2012) para avanzar hacia el desarrollo. Por el contrario, ese pequeño grupo empresarial que define e implementa las políticas públicas del gobierno del cambio está dedicado a recibir renta. Por lo que es evidente que esta política industrial no promueve la creación de un ambiente para la innovación tecnológica, que persiga convertirnos en el Singapur del Caribe insular, en el que las empresas criollas sean capaces de integrarse a la cadena de valor de aquellos países que lideran los mercados internacionales.
En República Dominicana, la política industrial de preferencia de algunos empresarios ha sido la de adherirse al capital capital extranjero, aprovechando los beneficios fiscales y arancelarios (zonas francas y turismo). Este comportamiento empresarial se produce a pesar de que siguen vigentes las leyes que incentivan y protegen al sector industrial otorgando beneficios similares a las firmas. Según el presidente, el resultado de esta política industrial ha sido el aumento de las exportaciones de las zonas francas por US$7,768.0 millones en el 2022. Sin embargo, en el 2021 las exportaciones de bienes de las zonas francas ascendieron a US$7,719.6 millones y comparando el año 2022 con el 2021, la tasa de crecimiento de ese sector es tan solo de 0.63% y no de 9% como se establece en el discurso de rendición de cuentas.
Estas exportaciones tienen como principal estímulo la exoneración de impuestos que establecen las leyes 8-90 y la 5911 de mayo del 1962, que exoneran de aranceles e impuesto sobre la renta a las zonas francas; en otras palabras, esas exportaciones no se fundamentan en la competitividad tecnológica porque no compiten con nadie ya que sus exportaciones llegan a la casa matriz, sino que aprovechan la mano de obra barata y los incentivos fiscales que aumentan significativamente sus beneficios repitiendo procesos productivos pre-elaborados en el exterior.
Los beneficios fiscales que reviven las zonas francas se traducen en sacrificio de la calidad y cantidad de los servicios públicos que reciben los dominicanos (salud y educación, transporte, agua potable, seguridad ciudadana, entre otros), por la insuficiencia de ingresos fiscales que producen las exenciones fiscales, las cuales contribuyen en la determinación de los déficits fiscales y, por ende, en el crecimiento incesante del endeudamiento público para financiarlos. Con el agravante de que las familias dominicanas son las que financian aproximadamente el 70% de los ingresos tributarios.
Por otra parte, según el presidente, la política industrial de exenciones y privilegios fiscales creó 192,000 nuevos empleos en 2022. Esta cifra resulta inconsistente con el crecimiento de la productividad de la mano de obra, ya que durante 2000-2021 el empleo creció a una tasa promedio de 1.8% promedio anual, mientras que el producto crecía a 4.8% en promedio para el mismo período (Ortega, Acento, 18-02-2022); de manera que el crecimiento pareciera deberse al aumento de la productividad de la mano de obra, lo que no parece avalar la creación de empleos como apunta el discurso de rendición de cuentas.
De la misma manera, de acuerdo con las cifras del BC hasta septiembre del 2022, la creación de nuevos empleos fue de 51,292; esto significa que, de acuerdo con el presidente, se crearon 140,708 nuevos empleos en el sector industrial durante el último trimestre del año pasado, lo que resulta sencillamente inaudito (Discurso, pág. 13). Si se asume que el aumento de la contratación de trabajadores se nutrió del mercado de trabajo informal, éste sólo se redujo en 16,566 puestos de trabajo, lo que resulta también inconsistente. Ahora bien, si se incluyeran los 48,075 nuevos empleados públicos como parte del empleo y se le añaden los creados por el sector industrial, es posible que se llegue a la mitad de los empleos que el presidente dice que se crearon.
La bonanza económica a la que hace referencia el presidente no se refleja en los indicadores sociales que calcula el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). El salario nominal que reciben los trabajadores resulta de la sobreoferta de mano de obra, a juzgar por la tasa de desocupación ampliada que oscila entre el 10% y el 15%. Lo que implica que el ejército de desempleados determine que el 57% de los ocupados reciba un bajo salario nominal y sin seguridad social. Por otro lado, el 40.7% de la mano de obra en los últimos ocho años se emplea en el mercado de trabajo informal. Esto contribuye al empeoramiento en la distribución del ingreso que, según CEPAL-WI-MEPYD, sitúa el coeficiente de Gini en 0.64 para el 2019 (Ortega, Acento, 18-02-22), cuando en los años anteriores era alrededor de 0.50.
En torno al salario y a los aumentos registrados por sectores productivos citados en el discurso, debo decir que los salarios deben ajustarse de acuerdo con la productividad de los trabajadores. La brecha entre la productividad de los trabajadores y el salario real es enorme según lo calcula el Fondo Monetario Internacional en el Artículo IV correspondiente al 2019, en su página 6. Los neoliberales argumentan que el salario real debe ser igual a la productividad, cuando se igualen, entonces los trabajadores estarán bien remunerados, de otra manera el excedente que se produce engrosa los beneficios privados.
No haré referencia al “índice pollo” que le propusieron al presidente, sencillamente me parece una caricatura de mal gusto. Lo que no entiendo es cómo el presidente no hizo referencia en su discurso al borrador del plan de Pro-Industria, cuyo objetivo es colocar al país en los más elevados estándares de productividad de la región para el 2030. Ese sí que sería un avance de gran importancia, mejor que subsidiar y exonerar de impuestos. Ya es hora de que el gobierno aproveche la experiencia acumulada para diseñar las políticas públicas y sustituir en ese rol a quienes sólo persiguen beneficios privados. Es preciso ocuparse de los problemas de la gente y no colocar en el primer orden de prioridad a sus amigos.