Esta primera entrega la dedico a la comparación del crecimiento económico de República Dominicana con otros países de América Latina, la estabilidad de la política fiscal y la deuda pública tratados en el discurso de rendición de cuentas que pronunció el presidente de la república el pasado 27 de febrero.
El informe sobre las acciones del gobierno o rendición de cuentas interrumpe el merecido asueto en el que se conmemora la independencia dominicana. Cada año, el presidente de la república aprovecha para destacar los logros de su gestión al frente de la administración del Estado.
Este ejercicio estratégico de la dirección política, económica y social del país no planteó un objetivo central de desarrollo económico y social, que oriente las acciones anuales del gobierno y que permita a la vez medir sus logros anuales respecto de ese objetivo de largo plazo. Por las ejecutorias descritas por el presidente, más que el alcance de metas hacia el desarrollo, lo que describió corresponde a la creación de una población de votantes dependientes del gasto público y a la insistencia del modelo de desarrollo que nos caracteriza como un pueblo sin salud, sin educación de calidad, violento, sin seguridad social y ciudadana y con hambre.
El presidente comparó el crecimiento del PIB dominicano con el de otros países de América Latina, dejando de lado las enormes diferencias de las economías latinoamericanas con la pequeña economía dominicana; asimismo, tampoco reflexionó sobre la selección del indicador que se utilizó para estos fines.
Figura No. 1
No es lo mismo el crecimiento de una economía con noventa millones de habitantes, con elevado desarrollo industrial y tecnológico que una economía de diez millones que apuesta su desarrollo en el turismo, zonas francas, inversión extranjera y un amplio sector comercial. Sabiendo que la repatriación de capitales de estas actividades retrasa la aparición y el desarrollo de otras actividades productivas.
Figura No. 2
Por eso, en lugar del PIB, si se utiliza el PIB per-cápita a precios constantes en dólares de los Estados Unidos, los resultados cambian. Sería más realista compararnos con economías similares y evitar la distorsión del promedio cuando se incluyen tanto los países grandes como los pequeños de la región (que crecen a tasas diferentes), aunque el resultado no sea tan halagador para el gobierno. En efecto, cuando se utiliza el PIB per-cácpita a precios constantes, la economía no se encuentra por encima de los países más desarrollados de la región, sino que queda por debajo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México (ver Figura 1). Entonces, resulta más conveniente comparar la economía con sus pares centroamericanos y anclar la imaginación en la realidad. En este caso, la economía dominicana resulta ser la estrella en el firmamento centroamericano, aunque la economía dominicana crezca por encima del promedio de la región latinoamericana.
De aquí que, las políticas públicas más importantes estén centradas en los subsidios, las transferencias sociales y las subvenciones. Las dos primeras pretenden apaciguar la pobreza, en lugar de mejorar los bajos salarios reales y el gasto público sirve para prolongar la espera de una renovación social y económica (Ver Tabla No. 1). Por otro lado, se ha insistido en la tradición constructora del estado que crea negocios sin supervisión alguna. De la misma manera que a través de los fideicomisos y las asociaciones público-privadas (APPs) el gobierno entrega activos públicos para ser explotados por el sector privado sin que este invierta un centavo.
Tabla No. 1
Las políticas públicas se financian con unos ingresos públicos que a veces rebasan el 14% el PIB, mientras que el gasto gira en torno al 18% del PIB, de manera que el endeudamiento público resulta ser la variable de cierre de esa brecha fiscal, la cual tiene alcance limitado para lograr la estabilidad de la política fiscal en el mediano plazo promovida por los organismos internacionales multilaterales.
Actualmente, la estructura del gasto público no es sostenible. Los gastos corrientes concentran la mayor parte de los gastos del gobierno central (GC), dejando poco espacio al financiamiento de la inversión pública con recursos internos. Durante el discurso de rendición de cuentas el gobierno se vanaglorió de las transferencias sociales, los subsidios y las subvenciones a empresas privadas. Y no hizo referencia a la lógica que encierra el elevado gasto corriente, especialmente cuando no se dedica a evitar las consecuencias de la concentración del ingreso y la desigualdad. Además, el gasto público no se ha dedicado a cerrar la enorme diferencia entre la productividad del trabajador y su salario real que genera una brecha social que comprime las esperanzas de un futuro mejor para la gente.
En tal sentido, el porcentaje del gasto corriente respecto del gasto total del GC promedió 90.9% durante el período comprendido entre 2020-2022. La actual administración de la política fiscal del gobierno ha insistido en la misma política de expansión del gasto corriente que los gobiernos del PLD, abandonando el objetivo de la estabilidad de la política fiscal, sustituyéndola por un mayor endeudamiento público. La inflexibilidad que crea esta política fiscal, sobre todo durante las variaciones cíclicas de la economía, impide ajustes que son necesarios para que el gobierno sortee los períodos de contracción económica, so pena de incurrir en mayores desequilibrios fiscales. Este gobierno repite hasta el mismo estribillo de sus predecesores y aduce el elevado costo político para no reformar lo que anda mal.
Tal fue el caso de la reforma fiscal que inicialmente planteó la presente administración y que abandonó cuando la gente propuso reducir la regresividad del sistema tributario, con la eliminación de las exenciones fiscales que llevan más de medio siglo sin que el sector privado haya dado nada a cambio. En efecto, el déficit fiscal ha inducido a mayor endeudamiento público. Las cuentas del presidente sitúan el endeudamiento del GC y el Banco Central (BC) en un 61% del PIB; en tanto que el registro de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) establece un coeficiente deuda-PIB de 45.8% para el 2022, es decir más bajo que la cifra que ofreció el presidente en discurso el pasado 27 de febrero. Estas discrepancias en el registro de la deuda son preocupantes. La DGCP registra que la deuda total fue de US$51,845.5 millones y si el PIB denominado en dólares creció en 4.9%, entonces el PIB para 2022 fue de 99,155.4 millones; por tanto, el coeficiente deuda-PIB es 52.3%, nueve puntos porcentuales menor al citado por el presidente en su discurso.
Según la DGCP, la deuda del sector público no financiero (SPNF) aumentó en US$7,232.3 millones en el 2022 respecto del 2020, lo que significa que el gobierno no redujo su deuda como argumentó el presidente. Por el contrario, el stock de la deuda del SPNF aumentó considerando solamente la deuda del BC (US$14,525.2 millones); si se incluyera la deuda del resto de las empresas públicas, instituciones descentralizadas y autónomas, así como los ayuntamientos, las APPs y los fideicomisos (por ejemplo, RD Vial que colocó bonos por un monto de US$1,046.1 millones, a través de la fiduciaria Banreservas), entonces el stock de la deuda pública sería aún mucho mayor.
En este sentido, la deuda con respecto al PIB es un indicador engañoso, porque la deuda en términos absolutos puede crecer, mientras que el cociente deuda-PIB puede reducirse por un aumento más rápido del PIB respecto al crecimiento del stock de la deuda. Lo que debía preocupar al presidente es que la tasa de interés de la deuda es mayor que su crecimiento y esto anuncia inestabilidad del endeudamiento. Seguiremos la semana entrante con otros aspectos del discurso.