En palabras del prestigioso profesor y viejo luchador medioambiental Eleuterio Martínez, en su Consultorio Ecológico del periódico Hoy (30-11-2022), “la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es una organización nacida para acompañar los esfuerzos nacionales, colectivos e individuales, públicos y privados, para el cuido de la vida, esa vida frágil, desconocida, no identificada u oculta en espacios no aptos para la agricultura o la ganadería”.
Excelente. En la definición resalta el verbo acompañar, el cual -a ojos vista- refiere a empoderamiento de las comunidades en la lucha por preservar sus recursos naturales, a considerarlas sujetos de su destino, no objetos.
Esa ha sido, sin embargo, la gran carencia en la dramática denuncia de tal colectivo sobre el supuesto inicio de un “megaproyecto turístico en el paisaje protegido playa Cabo Rojo-Pedernales, conocido como Bucanyé”, en la que tipifica como “escandaloso entramado” la titulación de 14 millones de metros cuadrados, afirma que se hizo con el mismo esquema del caso Bahía de las Águilas y exige al Gobierno que detenga la iniciativa de capital español nacida al calor del Proyecto de Desarrollo Turístico promovido por la actual gestión presidencial de Luis Abinader.
Falla de entrada el colectivo al erigirse como protagonista de un proceso sin ni siquiera consultar primero al liderazgo empresarial, académico, político, social, cultural y religioso de esa empobrecida comunidad del extremo sudoeste de la República Dominicana, en la frontera con Haití, que es la dueña de los recursos naturales mencionados.
Esa actitud de exclusión de lo local, no pega con el verbo acompañar. Denota autoritarismo, imposición, exclusión, cosificación. Más grave aún. Al ser escenificada en un año pre-electoral podría inducir reacciones politiqueras de funcionarios en campaña a quienes les importaría un comino el peso de una decisión irresponsable en contra de la vida de los pedernalenses.
Eso es inaceptable, pues, el grupo de organizaciones denunciante tiene en su estructura entidades como el Grupo Jaragua (comanejo parques Jaragua y Sierra Baoruco) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD), así como profesionales con prestancia científica y ética muy conscientes del impacto pernicioso del uso de los pueblos como objetos.
Saben muy bien que, cuando se actúa de esa manera, no llega la legitimación social, y sin ésta, se invalida el objetivo buscado, por muy ruidoso y descalificador que resulte el perifoneo mediático.
Si la intención no ha sido despreciarnos como pueblo pequeño y fronterizo; si la intención está lejos de subestimarnos en términos cognitivos, entonces tal movimiento debió comenzar desde Pedernales y con los pedernalenses.
Hay mucho de arroz con mango y desconocimiento sobre el tema en el montaje capitalino. Suponemos que eso debe de tenerlo claro, también, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara, para que no le laceren su honestidad intelectual.
Un proyecto de turismo regenerativo puede levantarse en Bucanyé, conforme la normativa (Área Nacional de Recreo, categoría 6, no parque nacional). La Ley de Áreas Protegidas 202 de 2004 lo permite.
Los manglares y cangrejos en el perímetro, sometidos hace décadas a una sistemática depredación, hasta con hornos para carbón, ante la indiferencia de las autoridades, pueden ser restaurados y protegidos para provecho de la sociedad. Son compatibles.
El ocultamiento de la realidad no es buen consejero. Hay que transparentarlo todo, incluso la historia de la porción de la parcela en cuestión y el compromiso de la gestión de gobierno con el desarrollo turístico de la provincia y el resto de la empobrecida región Enriquillo.
Transparentar, incluso, el desastre provocado por haitianos con el guaconejo, la canelilla, las abejas, las iguanas, los bosques y la pesca en los parques nacionales Jaragua y Sierra Baoruco, incluida la “protegida” isla Beata.
Pero las autoridades estatales no deberían jugar ahora a las medias tintas, a nada que huela a politiquería y connivencia, aunque ello les traiga ataques mediáticos feroces. El paso de tortuga en el cumplimiento de sus roles sería un acto de complicidad en medio de la guerra de intereses; o sea, una agresión a la comunidad pedernalense.
El pueblo de la provincia Pedernales no debería permitir que lo sigan cogiendo de baquiní. Debe “tomar el toro por los cuernos” y capear la madeja de intereses manifiesta y subyacente, que, por décadas, ha impedido su despegue y lo ha hundido en la pobreza, que ronda el 60 por ciento; mientras, otros usufructúan sus riquezas.
Hay que reclamar inversiones públicas y privadas en los mismos municipios, sin menoscabo del proyecto Cabo Rojo.
El Gobierno debe facilitar ya un proyecto privado de turismo sostenible y sustentable en la parte posible de Bucanyé. Y el Ministerio de Turismo iniciar la construcción del prometido frente marino en la playa local.