Frustrados por el poco interés mostrado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de hacer justicia, restableciendo el derecho conculcado a los servidores públicos amparados por la Ley 379-81, de acuerdo a los artículos 35, 38 y 39 de la Ley 87-01, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) convoca a los servidores públicos, a las asociaciones de servidores públicos, agrupaciones sindicales y gremiales, a los afiliados a la seguridad social en general, a participar en la Concentración de Reclamo que realizarán frente al Palacio Nacional, el próximo martes 11 de julio, a partir de las 11:30 a.m.
Los servidores públicos agrupados en el MOPESEP reclaman que el CNSS deje de negarles el derecho que tienen a permanecer en el sistema de reparto, al amparo de la Ley 379-81, sin importar la edad que tengan al momento de afiliarse, tal como lo dispone el Art. 38 de la Ley 87-01.
El Coordinador del MOPESEP, Lic. Luis Holguín-Veras, reiteró que los servidores públicos han sido maltratados por el CNSS, por lo que se sienten frustrados y desesperanzados con la actual gestión del CNSS, debido al deficiente manejo que este importante órgano rector de la seguridad social ha hecho con su reclamo.
Holguín-Veras dijo que la negación del derecho que continúa haciendo el CNSS, es un abuso y un atropello a un derecho fundamental, adquirido y laboral, que viola la Constitución Dominicana, así como las Leyes 379-81, 87-01, 41-08 y la 107-13, cometido frente a personas que dieron su vida laboral trabajando en el Estado con honestidad, responsabilidad y dedicación.
El MOPESEP afirma que el problema por el que hacen el reclamo del derecho a permanecer en el sistema de reparto viene desde el año 2004, cuando el CNSS comenzó a recibir las solicitudes de las personas que se afiliaron teniendo más de 45 años de edad, muchas de los cuales comenzaron incluso a solicitar su pensión, forzando al CNSS a emitir distintas Resoluciones que reconocían este derecho y establecía la forma de hacer la transferencia al sistema de reparto de aquellos que habían sido transferidos a una AFP.
Según entiende el MOPESEP, el problema de los servidores públicos que al momento de afiliarse tenían hasta 45 años de edad, surge cuando el CNSS asume por error, ingenuo o por perversidad, que la única forma de ser traspasado a reparto era la de los derechos del Ingreso Tardío, es decir, si la persona al afiliarse tenía más de 45 años de edad. A partir de que el CNSS asumiera erróneamente ese enfoque, desconociendo el derecho que la propia Ley 87-01 le confiere a quienes se afiliaron teniendo hasta 45 años de edad, todas las instancias de la seguridad social y las instituciones públicas asumieron esa errónea interpretación del CNSS, convirtiéndose en corresponsables del abuso y atropello cometido por el CNSS al conculcar derechos de estos servidores públicos.
Aunque el problema fue creado y mantenido por los anteriores miembros del CNSS, el MOPESEP considera que los actuales miembros de este importante órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) con su accionar se hicieron corresponsables de los daños y perjuicios causados a los servidores públicos, a quienes se les continúa conculcando su derecho a pasar al sistema de reparto y obtener la pensión del Estado que les corresponde por derecho, al amparo de las Leyes 379-81, 87-01, 41-08 y 107-13, así como por la misma Constitución Dominicana y del Convenio 102 de la OIT, ratificado por el Estado Dominicano.
El MOPESEP afirma que los servidores públicos se sienten molestos, al darse cuenta de las injusticias que se continúan cometiendo en contra de sus derechos en la seguridad social, en especial al tener en cuenta los artículos 38 y 39 de nuestra Carta Magna que dicen:
"Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal."
Para los servidores públicos resulta altamente irritante ver cómo personas que no han trabajado nunca en el Estado, o que no cumplen los requisitos para tener derecho a una pensión por vejez o antigüedad, o que no están en condición de indigencia para que se justifique que se les otorgue una pensión de subsistencia, son beneficiados con una pensión, en ocasiones con montos muy superiores a las que obtendrán aquellos que, por más de 20, 25, 30, 35 o más años laboraron en el Estado.
El MOPESEP no entiende cómo en este gobierno que encabeza el ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que ha dado muestras de sensibilidad social, las autoridades de la seguridad social pueden seguir impulsando acciones que generan la desigualdad y afectan la dignidad de las personas, ambos consagrados como derechos fundamentales en nuestra Carta Magna. Algunas de las acciones que mantienen las autoridades y con las cuales discriminan ciertos sectores de la sociedad, creando desigualdad y afectando la dignidad de las personas, son:
- a) Concesión de pensiones subsidiarias a personas que al parecer no están en condiciones económicas o sociales que justifiquen la necesidad de las mismas.
- b) Concesión de medidas privilegiadas a grupos profesionales o de servidores públicos de determinadas instituciones públicas, que no se ofrecen a los demás servidores públicos, como es el caso de los profesionales del sector salud, del sector agropecuario, los de relaciones exteriores o todos aquellos con planes de pensiones especiales.
- c) Exclusión de la aplicación del límite de los ocho salarios mínimos que establece la Ley 379-81 en al menos siete instituciones públicas, mientras este límite se sigue aplicando a los servidores públicos de todas las demás instituciones públicas. Tampoco se cumple en muchas de las “pensiones especiales” que el presidente Abinader concede discrecionalmente.
- d) Mantenimiento de un salario mínimo para los servidores públicos de RD$10,000.00 mensuales, cuando el costo de la Canasta Familiar de grupo de extrema pobreza (Q-1) sobrepasa los RD$25,000.00. Esta mala práctica se mantiene a pesar de que algunas instituciones públicas aplican ya, un salario mínimo de RD$25,000.00 para sus trabajadores.
- e) Concesión de Pensiones Especiales con montos altos a personas que parecería que no justifican que las necesitaran.
El MOPESEP no está en contra de la concesión de las pensiones a quienes les correspondan y a quienes las necesiten, siempre que sean apegadas a las disposiciones legales correspondientes. Pero sí ha señalado que es muy contrastante que frente a las más de 60 mil pensiones que el actual Gobierno ha concedido en cerca de tres años, el Gobierno les continúe negando sus derechos a menos de 5,000 servidores públicos que están amparados por distintas Leyes, por la Constitución Dominicana y por el Convenio 102 de la OIT ratificado por el Estado Dominicano.
Los servidores públicos no han pedido, ni piden una dádiva, reclaman un derecho que les asiste y que defenderán en todos los espacios.
Como el CNSS ha demostrado que no tiene interés de hacer justicia con el reclamo de los servidores públicos, el MOPESEP ha decidido escalar el reclamo y recurrir al Presidente de la República como cabeza del Estado Dominicano, que según nuestra Carta Magna es el responsable de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, así como garantizar los derechos de los ciudadanos.
En tal sentido, el MOPESEP ha convocado a los servidores públicos, a las asociaciones de servidores públicos, agrupaciones sindicales y gremiales, a los afiliados a la seguridad social en general a participar en la Concentración de Reclamo que realizarán frente al Palacio Nacional, el próximo martes 11 de julio, a partir de las 11:30 a.m.
Basta de atropellos y conculcación de derechos que tienen carácter de derecho fundamental, adquirido y laboral.
Los servidores públicos no piden una dádiva, exigen un derecho que les asiste legalmente y que defenderán en todos los escenarios que sean necesarios.
Basta de corresponder solo a los intereses de los negocios insertados en la seguridad social de forma parasitaria.
Que las autoridades honren el Estado de Derecho que declara la Constitución y cumpla con garantizar los derechos de las personas afiliadas a la seguridad social.
¡No más bla, bla blá… queremos nuestros derechos ya!