Recientes casos asociados a violaciones de la Ley de Espionaje en los Estados Unidos sugieren las consecuencias para el expresidente Donald Trump, aunque existen dudas de que se cumpla la sentencia si resulta ser condenado. La cadena CBS hizo un reportaje de algunos de esos casos como el de Kendra Kingsbury, ex analista de inteligencia del Buró Federal de Investigación (FBI).
Previo a ser condenada a prisión el mes pasado, ella pidió clemencia ante un juez tras declararse culpable del mismo cargo de la Ley de Espionaje que Trump está acusado de transgredir. La experta fue penada a 46 meses de prisión por retención intencionada de secretos de seguridad nacional, pues guardo ilegalmente 386 documentos clasificados en su residencia personal de Kansas.
Kingsbury se declaró culpable de dos cargos de violación de la Ley de Espionaje que afectaban a 20 de los documentos. “Su situación ha sido publicitada a nivel nacional, cosechando menciones junta a prominentes figuras políticas cuya conducta parece extrañamente análoga a la de la señora Kingsbury”, escribió su abogado al pedir la libertad condicional de su representada.
Robert Birchum, ex oficial de las Fuerzas Aéreas, fue condenado en junio pasado a tres años de prisión tras declararse culpable de un cargo asociado a esa legislación de Espionaje. De acuerdo con el expediente acusatorio, sacó más 300 documentos y archivos clasificados, incluida información de alta sensibilidad secreta, de lugares seguros, y los guardó en su casa en Florida.
Poseía archivos que contenían información sobre las capacidades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) que, de ser divulgada, podría “causar un daño excepcionalmente grave”, alegaron los fiscales.
Mientras Harold Martin, un excontratista de la NSA, fue sentenciado a nueve años en 2019 después de declararse culpable de un cargo de violación de la disposición de retención intencional en lo que se dijo que era el mayor robo de este tipo al gobierno de los Estados Unidos.
Entre los 50 terabytes de datos que se le acusó de robar y guardar en su casa de Maryland y en su automóvil había documentos clasificados como alto secreto que podían revelar fuentes, métodos y capacidades sensibles.
Un gran jurado federal inculpó al exmandatario (2017-2021) en junio de 37 cargos relacionados con su presunto mal manejo de archivos clasificados y la obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos de su residencia de lujo en Mar-a-Lago, Florida.
De esos cargos, 31 son por supuestas violaciones de la Ley de Espionaje. El pasado 24 de junio, Trump dijo a sus seguidores que “acusar a un expresidente de Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 es una de las teorías jurídicas más escandalosas y despiadadas jamás presentadas en un tribunal estadounidense”.
“La Ley de Espionaje se ha utilizado para perseguir a traidores y espías”, sentenció Donald Trump.
El magnate no está acusado de ser un espía, sino de violar el U.S.C 793(e), una disposición de la ley que tipifica como delito la “posesión no autorizada” de documentos relacionados con la defensa nacional, pero se declaró inocente.
La acusación de Trump alega que el expresidente guardaba documentos clasificados de altos secreto en cajas almacenadas en Mar-a-Lago. Incluso en un baño y una ducha, un salón de baile y su dormitorio. Los papeles supuestamente contenían información sobre programas nucleares estadounidenses, vulnerabilidades potenciales de Estados Unidos y sus aliados ante un ataque militar y planes para posibles represalias en respuesta a un ataque.
Una declaración de culpabilidad aumenta la probabilidad de una sentencia más leve y cargos reducidos, mientras que ir a juicio podría terminar en una absolución, pero si es declarado culpable es probable que el acusado cargue una pena más larga.
Para Trump, que es precandidato a la Presidencia por el Partido Republicano, el caso tiene ramificaciones políticas, de acuerdo con el reportaje.
“Este espectáculo, las oportunidades de recaudaciones de fondos y todas las formas en que es; es una especie de animal único en lo que respecta al sistema de justicia penal”, dijo la profesional del derecho Emely Berman, profesora asociada en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston.
Pero la mejor estrategia legal de Trump es retrasar el caso tanto como sea posible y esperar la supuesta victoria en las venideras elecciones presidenciales, si gana la candidatura en los republicanos.
“De ganar las elecciones, este caso federal desaparecerá porque él tendrá la autoridad para hacerlo desaparecer”, en opinión de Mark Zaid, un abogado de seguridad nacional. El lunes recién pasado, el equipo legal de Trump pidió al juez que supervisa el caso que retrase su juicio, potencialmente hasta después de las elecciones de 2024.