En estos momentos en que las tensiones políticas entre la República Dominicana y Haití han llegado a su punto más álgido y crítico debido al cierre de la frontera con ese país, en respuestas a la canalización para desviar las aguas del Rio Masacre, es una gran oportunidad para que se apliquen todos los controles migratorios que nuestra constitución, las leyes y los tratados internacionales nos facultan para mitigar la inmigración irregular e ilegal de sus nacionales.
El señor presidente de la República Luis Abinader Corona en sus discursos de campaña trata de vender una imagen de que en su gobierno se aplica la transparencia y aprovecha todos los escenarios para hacerlo, así lo hizo en la reciente reunión de la ONU, expresando que está enfrentando los actos de corrupción, publicando las auditorias que realiza la Contraloría General de la República, pero “del dicho al hecho hay un gran trecho”, pues todo se queda en simple publicidad política.
Señor presidente. Si en verdad usted quiere ser transparente y contribuir con el control de la inmigración irregular haitiana, a los consulados de Haití hay que prestarles mucha atención, pues son los de mayor rentabilidad y los que se manejan con más informalidad. Exija que sus cónsules depuren a todos los nacionales haitianos que solicitan visas dominicanas y que los ingresos que se generen por este concepto, que son millones de dólares, no vayan a parar a los bolsillos de dichos funcionarios, sino a la cuenta única del tesoro nacional, ya que son manejados discrecionalmente, sin rendirle cuenta a ningún organismo, constituyendo una flagrante violación a la ley No. 567-05 que rige la Tesorería Nacional y a la vez, un acto de corrupción administrativa.
Estas recomendaciones las hemos hecho en reiteradas ocasiones pues a dichos cónsules no les interesa mínimamente el país, no tienen el mínimo pudor ni conciencia al otorgar un visado; solo buscan el beneficio personal, no les importa que los solicitantes sean delincuentes, narcotraficantes, asesinos, prófugos de la justicia, miembros de pandillas criminales; no prevén las graves consecuencias económicas y sociales que esta situación le está ocasionando al país, como son los problemas de insalubridad, desempleo, educación, vivienda, inseguridad ciudadana, arrabalización y contaminación del medio ambiente, entre otros. Se ha comprobado que estos cuentan con buscones haitianos a sus servicios para la venta indiscriminada de visas.
De ahí el otorgamiento de más de cien mil de visas a supuestos estudiantes universitarios, a inversionistas, turistas, empresarios y comerciantes, los cuales no aparecen registrados en nuestras universidades, ni se conocen las inversiones, el turismo, el comercio que estos realizan. Con esta actitud permisiva el gobierno es responsable de contribuir y fomentar la inmigración irregular de nacionales haitianos.
Para transparentar dichas visas no hay excusas, ya que el país cuenta con plataformas tecnológicas modernas para sus transferencias; basta con adquirir un recibo físico o virtual por el pago de estas en una de las sucursales del Banco de Reservas, tal como se hace al solicitar un pasaporte, un permiso para armas de fuego, para el pago de los impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos y para cualquier otro documento oficial. No permitamos que personas inescrupulosas, antipatrióticas, se enriquezcan a costa de la destrucción y arrabalización de nuestro país.