En todo el continente ha retumbado el vil asesinato de un ejecutivo de seguros de salud en New York a cargo de un desalmado, actitud que en lo más mínimo resolverá los problemas de ese vital renglón en la gran nación del Norte. El momento es propicio para comparar las diferencias entre el seguro de ese país con muchos años de aplicación y la caricatura de seguro de salud que hace un par de décadas se ha instalado en dominicana, que ha devenido en un verdadero fiasco para la preservación sanitaria de la mayoría de la población.
Los seguros de salud detrás de su disfraz angelical constituyen de modo primordial una mercancía, muy trascendente producto de mercado, cuya comercialización envuelve pingües beneficios. De ahí, las empresas multimillonarias que monopolizan ese “artículo de lujo” en países tan poderosos como los Estados Unidos.
El valor de uso de la asistencia de salud ha sido arropado por el valor de cambio, más que un servicio social esto ha devenido en una ineludible mercadería de consumo personal.
Sin dudas, hay enriquecimientos desbordados y de manera obvia su contraparte conformada por enormes quejas. Para que el seguro de salud reporte cuantiosos beneficios a una elite, de manera proporcional a los usuarios o antiguos pacientes debe llevárselos el mismísimo diablo.
No obstante, sin cegarnos en Estados Unidos a rasgos generales con sus reales defectos el social security funciona de manera aceptable a una buena parte de la población, incluyendo a millares de criollos que residen en ese país. Muchos son afiliados a las secciones de Medicare y Medicaid, que son programas oficiales de asistencia médico-social.
Al igual que en otros países del tercer mundo la implementación en nuestro medio de la llamada “seguridad social” ha resultado un desengaño para quienes se ilusionaron. Se ha evidenciado que esos proyectos modernos cuando actúan como chivos sin ley se prestan para crear grandes emporios económicos particulares.
Para nada se tomó en cuenta como se desarrollaba la histórica relación médico-paciente. En este nuevo modelo, las ARS con sus disposiciones arbitrarias en la práctica ordenan al ·prestador de servicios que vende su fuerza de trabajo profesional frente al usuario (cliente) les garanticen la acumulación de grandes entradas de capital.
En el esquema de “seguridad social” a nivel de las llamadas ARS o administradoras de riesgos de salud, todos pasaron a ser subalternos de una elite que no invierte ni esfuerzos, ni produce ingresos en las acciones de salud, pero deciden a su favor todo el operativo del sistema sanitario, incluyendo el público.
No estamos descubriendo nada nuevo, ese siempre ha sido el papel de los grandes intermediarios, sacar buenas tajadas sin el menor esfuerzo.
Es muy cómodo su papel, son otros quienes tienen que exigir y/o aplicar los requisitos que ellos imponen, clasificando los servicios médicos como una mercancía de alto o bajo costo, sin disponer de un solo centavo en la prestación de servicios.
Además, ventilan el “valor económico o de cambio de las enfermedades” desde el momento que las dividen en catastróficas y no catastróficas, como si los pacientes eligieran su enfermedad. Pena de la vida el que “elige” una enfermedad catastrófica.
También ordenan límites humillantes a las coberturas de servicios de los usuarios o clientes (para expresarlo en el lenguaje contemporáneo que reemplazó el término paciente), como el suministro de medicamentos, pago de internamientos y honorarios médicos.
Internamientos y honorarios médicos son aspectos que afectan directamente al médico, quien debe costear en la mayoría de los casos el alquiler de un costoso consultorio y todo el personal que se requiere para los servicios de apoyo desde asistentes hasta el aire acondicionado de sus consultorios, los pagos de mantenimientos son muy elevados.
En tanto las clínicas además del suministro de material médico, los gastos en las infraestructuras, deben cubrir todos los servicios de hotelería que limitan de modo enorme los ingresos. Como si todo esto fuera poco, los intermediarios disponen las tarifas frente al usuario (cliente) y si el médico o la clínica no aceptan les suspenden el acceso de pacientes, de igual modo sucede con la clasificación de las patologías de los clientes o antiguos pacientes. El pago de servicios prestados se realiza en prolongados plazos que solo les favorecen a ellos.
¿Cuál ha sido el beneficio para la población? Ninguno, antes con el antiguo IDSS no contábamos con enfermedades catastróficas o no catastróficas, no existían límites para internamientos, ni entrega de medicamentos. También los seguros de las clínicas se manejaban con mayor consideración.
Es horroroso asistir a una farmacia de las habilitadas para despachar las recetas de las ARS y observar cómo la mayoría sale inconforme con las limitaciones que se imponen a las prescripciones expedidas por los médicos, de por si con muchas limitaciones.
Este aspecto empeora cuadros clínicos, porque la terapéutica es la última fase decisiva en el tratamiento de un paciente o usuario y si este proceso no se cumple a cabalidad su acción curativa será deficiente o nula. Es deplorable que todavía no se estudie este fenómeno en el orden cuantitativo.
¿Que ha progresado aquí? Está a la vista de todos, solo hay que observar los grandes edificios de las prestadoras de salud, que nos hacen imaginar los formidables beneficios obtenidos de ese gran botín que ha sido la malhadada seguridad social.
Esa es la realidad monda y lironda, exceptuando a las ARS sin fines de lucro como la del Colegio Médico, la UASD, los maestros, entre otras y Senasa, aunque en ocasiones esta última actúa despojando usuarios del renglón contributivo a esas ARS sin fines de lucro, prevaliéndose de su condición oficial.
¿Qué procede? Ponerle coto a la sangría que están succionando el derecho a la salud de los dominicanos, suprimiendo los intermediarios en los seguros de salud. Creando un organismo de verdadero control de la seguridad social a través del Estado, que no sea para acrecentar beneficios particulares, sino para aliviar el deteriorado perfil patológico de los dominicanos.
Como parte del llamado reordenamiento gubernamental debe crearse el Ministerio de Seguridad Social que asuma la administración de los seguros de salud (y las AFP), con el propósito de utilizar sus beneficios sin fines de lucro, mejorando de modo sustancial la endeble cobertura asistencial para contribuir al incremento de la muy deteriorada esperanza de vida de los dominicanos. Soñar no cuesta nada, existen utopías realizables, siempre y cuando aparezca la voluntad política para emprenderlas.