En nuestro país al igual que en muchos países de América Latina y el Caribe, los accidentes de tránsito constituyen un grave flagelo que producen constantemente, pérdidas de vidas y lesiones que suelen en muchas ocasiones afectar durante toda la vida a muchos seres humanos. Lamentablemente, aunque se han trazado metas y objetivos encaminados a la reducción de los índices de mortalidad vial en el mundo, particularmente en nuestra región los resultados no han sido los esperados y del 2000 al 2010 estos índices en lugar de disminuir se han incrementado y en la década 2011-2020, aunque se han mejorado todavía no están situados en niveles adecuados.
Es preciso recordar el proyecto “Visión Cero”, nacido en Suecia desde hace mas de 20 años y luego aplicado en otros países de Europa y América, como son, Noruega, Alemania, Suiza, Francia, Colombia y México entre otros. Nació como un proyecto de seguridad vial multinacional que busca lograr un sistema de tránsito sin muertes o lesiones graves, con un principio básico de la visión de que “la vida y la salud nunca pueden ser intercambiadas para otros beneficios dentro de la sociedad”. Los resultados obtenidos en la mayoría de estos países han sido muy satisfactorios.
Hemos escrito varios artículos con el tema de la seguridad vial, por entender su importancia desde el punto de vista humano y sus repercusiones sobre el desarrollo económico de nuestro país.
Particularmente en la República Dominicana, abordar el problema de la seguridad vial reviste una importancia mayor en vista de la relativa poca importancia que le han dado las autoridades que regulan el sector en la ejecución de los programas encaminados a mitigar las grandes pérdidas de vidas humanas que se producen en nuestras vías. Esto ha contribuido a situarnos en el tope de los países de la región con los índices de mortalidad vial mas altos. En el 2010 este índice se encontraba en 40 personas por cada 100,000 habitantes y se proyectó para el 2020 reducirlo en un 50%, es decir a 20 personas por cada 100,000 habitantes.
Aunque las autoridades regentes del sector, han indicado que en el 2020 este índice se redujo a unas 26 personas por cada 100,000 habitantes, lo cierto es que ese año 2020 y el propio 2021, no pueden tomarse como puntos de comparación, debido a que la pandemia del covid-19, afectó todas las actividades comerciales, industriales y en general, lo cual redujo significativamente el transito en todo el país y de manera proporcional debieron reducirse los accidentes de tránsito.
Entendemos que el año que debe tomarse en cuenta sería el 2019, en el que el índice de mortalidad vial se situó en 30.5 personas por cada 100,000 habitantes, o sea que todavía falta mucho por hacer para lograr una seguridad vial por lo menos dentro del índice promedio de la región que está situado en unas 18 personas por cada 100,000 habitantes. En este sentido las autoridades regentes del sector (INTRANT) juntamente con la OPS y la OMS lanzaron en diciembre del 2021 la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial (PENSV), que procura reducir en un 50% el índice de mortalidad vial para el año 2030.
Aunque no tenemos conocimiento de los avances que se han logrado después de mas de un año, de haberse lanzado este plan, se espera que las autoridades informen a la población de las medidas que se han ido tomando en beneficio de nuestra seguridad vial, ya que las personas juegan un papel de gran importancia en el alcance de los resultados esperados.
Partiendo del hecho de que los gobiernos municipales por su cercanía a la gente juegan un papel de mucha importancia en el aspecto de la seguridad vial principalmente en la infraestructura, parecería conveniente plantear algunas consideraciones que son hijas de varios programas que se han realizado en torno a este problema en países de la región.
Por ejemplo, el BID desarrolló a finales del 2019 la” Guía de intervenciones de bajo costos para mejorar la seguridad vial en México”, donde se plantean una serie de actuaciones que en países como el nuestro pueden ser aprovechadas, realizando los ajustes necesarios en función de las características propias de nuestra situación. Somos de opinión que las cosas buenas deben de copiarse, aprender de ellas y mejorarlas.
La citada guía tuvo su base en una serie de intervenciones a la infraestructura vial, realizadas por las autoridades municipales, con miras a reducir los accidentes de tránsito, con buenos resultados y a costos bajos, ya que tenemos que recordar que regularmente los municipios disponen de muy pocos recursos. Se llevan a cabo auditorías viales, lineamientos de infraestructura y de inspecciones de seguridad vial, que nutren a la guía de informaciones fácil de recopilar y que permiten la identificación de diferentes aspectos que hacen las calles mas inseguras y entonces plantea un conjunto de soluciones orientadas a la disminución de lo riesgos que se producen en las vías.
Los objetivos de la guía ajustados a nuestro país podrían ser los siguientes:
Crear conciencia en los gobiernos municipales, en todas las autoridades relacionadas con el sector y en los demás poderes del estado, de la necesidad de desarrollar acciones integrales y las inversiones necesarias.
Desarrollar un modelo de las intervenciones a la infraestructura vial, que sean de bajo costos y de alto impacto que obedezcan a inspecciones de seguridad vial, medidas correctivas y por supuesto una evaluación de estas.
Es importante destacar la importancia de que la guía promueva la educación vial, de tal manera que la población tenga un comportamiento responsable y además que se apliquen las leyes con las sanciones correspondientes que actúan como frenos a conductas inapropiadas en las vías.
Nuevamente nos toca concluir señalando que la educación será el principal obstáculo para lograr los objetivos que se propone el país con miras a una reducción significativa en el índice de mortalidad vial para el año 2030.