Recientemente el presidente de la Republica, Luis Abinader ordenó que la policía y los militares salgan a las calles a contrarrestar la delincuencia para garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos pero los derechos humanos que hay que respetar primero son los de las personas serias y honestas” (El Nacional 2 de junio , P.3).
Esta afirmación del Presidente de la República tiene elementos críticos que entran en contradicción con el establecimiento de un clima de seguridad ciudadana así como con el estado de Derecho que debe existir según lo establece la constitución de la República sin distinción de personas, menos aún entre personas llamadas “honestas y serias” y aquellas que supuestamente no lo son.
La identificación de una persona como “honesta y seria” supone una investigación sobre su expediente criminal desde el sistema de justicia. No es la policía y los militares en las calles quienes van a identificar los serios y no serios..
Todos los gobiernos que han precedido a la gestión actual desde Trujillo han tomado las mismas medidas, “mano dura contra la delincuencia”. Se ha asesinado a cientos de miles de personas en 92 años de “mano dura” y ajusticiamientos policiales y la delincuencia ha continuado y sigue hoy día con otros rostros y nuevos métodos.
El uso de “mano dura” no ha tenido impacto en ningún periodo gubernamental ni lo tendrá por varias razones:
- El uso de “mano dura” contra jóvenes y personas adultas moradores de los barrios marginados no acaba con la delincuencia. La delincuencia en nuestro país está organizada y dirigida por grandes redes cuyos directivos no residen en los barrios, son personas adineradas que nunca han ido a un barrio. El reclutamiento de los jóvenes de los barrios es el último escalón de esa red y no les afecta que los asesinen, siguen funcionando desde otros escenarios y continuarán captando como lo han hecho siempre a muchos jóvenes excluidos socialmente y sin opciones de fuentes de ingresos y oportunidades de desarrollo integral.
- El uso de mano dura debilita el sistema de justicia. Se está persiguiendo y matando personas bajo el “supuesto” de que son delincuentes sin órdenes de fiscal para apresarlas violando así el código penal y los derechos de estas personas. Todo apresamiento, allanamiento e intervención debe ir acompañada de una orden de fiscal con pruebas previas de acciones delictivas desarrolladas. No se puede armar expedientes y pruebas con personas muertas.
- La ausencia de procesos investigativos favorece ampliamente al incremento de la delincuencia y del narcotráfico. Se ha focalizado la delincuencia en los barrios, no se utiliza al Ministerio Público con sus herramientas de inteligencia criminal para desarrollar procesos investigativos.
- Se fortalece la participación de la policía en sus vínculos con las redes delictivas y en las competencias de poder entre las bandas que controlan el tráfico de drogas y las redes de atraco y robo. Está demostrado por diversos estudios y por múltiples hechos sucedidos en los últimos meses que al interior de la Policía Nacional existe una estructura vinculante con las redes delictivas tanto de narcotráfico-microtráfico como robo, atraco, sicariato, trata y tráfico ilícito de personas. El cobro de cuotas por agentes policiales a todas las redes que funcionan en los barrios es histórico y permanente. La militarización y ocupación de los barrios acompañada de asesinatos de “supuestos delincuentes” favorece a esta dinámica y se enmarca dentro de las acciones de “ajustes de cuenta” y luchas de poder por el control territorial de estas redes delictivas.
- Impide el desarrollo de programas de prevención de la violencia y la delincuencia con población joven de los barrios marginados. No es posible desarrollar procesos de intervención socio-cultural en los barrios con una militarización de los mismos. La intervención en la violencia y delincuencia debe atacar las raíces del problema, lo que no es posible con “mano dura”.
- Promueve la violencia como respuesta a situaciones de conflicto social y contra la juventud. Muchas personas han reaccionado a favor de las medidas del gobierno y estas reacciones siempre han existido en todos los gobiernos. Lo que ha favorecido históricamente que se fortalezca la violencia en la convivencia social y la brecha intergeneracional entre jóvenes y población adulta.
- Estas medidas son represivas y de coerción que provocan miedo, pánico, aislamiento e intranquilidad, no de paz y tranquilidad. Con la policía y los militares en la calle nadie se siente tranquilo en esta ciudad. Cualquier transeúnte puede convertirse en una persona “no seria” “no honesta” y por tanto en una víctima de estos contingentes mixtos. Esto ocurre tanto para los estratos pobres como para los estratos medios. No se puede vender la ciudad como segura al turismo ni al exterior si las imágenes de la misma son la de militarización.
Es lamentable que este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM presidido por Luis Abinader siga reproduciendo patrones de violación de derechos humanos y de uso de la violencia contra la población pobre y joven del país. Es una medida de criminalización de los pobres que fortalece la desigualdad social, la discriminación y estigmatización contra la pobreza. Con ello se afectan los programas sociales que se pretendan impulsar con miras a su erradicación.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY