Con motivo de la celebración de las fiestas navideñas en el año 2024 al gobierno dominicano se le ocurrió la ingeniosa idea de distribuir bonos por un valor de RD$1,500 individual pero sin el nombre de las personas que tuvieran ingresos por debajo de RD$30,000 como se estableció en el criterio para ser asignados.
Es una clara evidencia de derroche de los recursos del presupuesto publico, o más bien se buscaba beneficiar a mas de 3 millones de personas que equivale a mas de 25,000 millones de pesos, que aunque se plantea como un mecanismo para favorecer a los más pobres, sin embargo no se ha definido con claridad, considerando el mapa de pobreza, hacia quienes debía favorecerse con esta acción.
Pero a partir de que salió a relucir que en las personas beneficiarias se pudo identificar, que hasta expresidentes y vicepresidentes aparecían como beneficiarios de dicho bono navideño y raíz de eso el gobierno decidió entregar de forma indiscriminada 350,000 tarjetas, acción esta que llevo a que al ser una válvula de escape, generó tanto escándalos como el del sujeto que se le sorprendió vendiendo tarjetas de bonos en Santo Domingo como si se tratara de chip de celulares o paqueticos de llamadas telefónicas o de otros que se le pudo observar a otras personas con paquetes de dichas tarjetas comprando en supermercados.
Esto se produce en momento que no es de bonanza para las finanzas publicas, todo lo contrario, a partir de que el déficit fiscal para el año 2024 y del 2025 es voluminoso
Mientras esto sucedía, miles de personas en condiciones de indigencia se quejaban de que no habían recibido el tan mencionado bono navideño.
Lo primero es que el mecanismo para selección de personas para asignar ayuda estatal, que es Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), fueron disueltos o más bien integrado al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), que a su vez mediante una nueva ley va ser absorbido dicho ministerio por el Ministerio de Hacienda. En otras palabras el mecanismo de planificación y control del sistema de protección social en la Republica Dominicana ha sido desmantelado.
Con estas prácticas que de forma reiterada año por año han venido implementando por el actual gobierno, se ha ido desmantelando el sistema de protección social que por más de veinte años había venido construyéndose y ejecutándose y que como resultado produjo una reducción del nivel de pobreza extrema en el país.
Con estas nuevas practicas se han estado violentando los enunciados establecidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) y de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS-2030), en lo referente lograr la meta de hambre cero, a la eliminación del circulo vicioso intergeneracional de la pobreza, reducción de la desigualdad de ingresos y social.
Mientras esto sucede, la inversión de capital, que es vital para el desarrollo de obras de infraestructura que contribuyen al bienestar material de la población de forma colectiva , en el presupuesto del año 2025 ha retrocedido pues tiene una partida RD$178,917.8, menor en un 12.5% con relación al presupuesto del año 2024 y por debajo de nivel de inversioón pública del año 2023 cuando fue de RD$180,291.2 millones. Esto significa que las diversas comunidades tendrán que movilizarse para impulsar que el gobierno ejecute obras que son prioritarias en las diversas comunidades urbanas y rurales del pais.
Si el gobierno quiere en una próxima navidad hacer un aporte a la población más vulnerable y que efectivamente llegue a cada hogar que en realidad necesita de esa ayuda, debe hacerlo en en productos de consumo y distribuirlo a través de las organizaciones religiosas, barriales y ONG’s que trabajan en los diversos territorios del país, y sobre todo en las zonas donde existe mayor nivel de vulnerabilidad, de lo contrario se volverá a repetir el derroche de recursos del erario publico que se ha producido en los últimos años y que a fin de cuenta se benefician pequeños grupos de la población que efectivamente no necesitan de esa ayuda.