El viernes 4 de noviembre de 2022 es una fecha que no será fácilmente olvidada por los vecinos del Gran Santo Domingo. Puede que la exactitud del año o del día quede con el tiempo atrás; pero las memorias de lo vivido y de la angustia colectiva permanecerá en la ciudadanía, como se recuerdan los estragos de las tormentas Olga y Noel.
Santo Domingo, y con esto me refiero al Gran Santo Domingo, es un ciudad extremadamente caótica y agreste con sus vecinos. Y es así producto de más de veinte años de gestiones municipales que no han podido resolver un solo problema estructural de la ciudad y han sido los primeros violadores de las normas de planificación urbanística actualmente disponibles.
Cuando fenómenos naturales nos impactan, como las torrenciales lluvias del viernes 4 de noviembre, las desigualdades, pobrezas y vulnerabilidades de la ciudad quedan al desnudo, quedando todos sus habitantes afectados en diferente grado; pero afectados. La planificación y gestión urbanística responsable, con apoyo de la ordenación del territorio, son herramientas a disposición de los gobiernos locales que no solamente procuran generar bienestar ciudadano al procurar una ciudad habitable y ordenada; sino que al mismo tiempo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
Muestra de ello es que de nada sirve la inversión en locales comerciales o viviendas si cualquier lluvia puede dañarla o como la falta de iluminación promueve la inseguridad de un sector o como el otorgamiento de licencias a negocios en zonas tradicionalmente residenciales terminan restando bienestar a los vecinos. A esto podemos sumarle la afectación al derecho a una movilidad sostenible producto del entaponamiento constante de las vías producto a dos aspectos medulares y ligados a la gestión urbana por parte de los ayuntamientos: 1.-La ausencia o inejecución o violación flagrante de los planes reguladores de las Oficinas de Planeamiento Urbano, conforme a la ley núm. 6232 sobre el Proceso de Planificación Urbana; y 2.-Una política activa de desprecio al transporte colectivo.
Las administraciones públicas locales tienen las competencias y prerrogativas necesarias para enfrentar seriamente los males urbanos antes mencionados. La ley núm. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios prevé las competencias propias y compartidas de los ayuntamientos, entre las que se encuentran el ordenamiento del tránsito, la gestión de los espacios urbanos, la construcción de infraestructura municipal, ordenación del territorio y con ello el planeamiento urbano, la gestión del suelo y ejecución de la disciplina urbanística.
Dentro de las competencias de los ayuntamientos está la ordenación del transporte público urbano, lo cual debe verse de la mano con las competencias del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), entidad con la que comparten la autoridad rectora del servicio de transporte terrestre según la ley núm. 63-17, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito, transporte y seguridad vial. Esto significa que son los ayuntamientos en coordinación con el INTRANT que deben y tienen que idear y fomentar una política pública de transporte colectivo, algo más que necesario para garantizar la descongestión de las vías y que la ciudadanía pueda recuperar algo del bienestar de otros tiempos.
Después del colapso de Santo Domingo el pasado 4 de noviembre, en parte por el gobierno y su inoportuna gestión comunicacional, es fundamental que los vecinos de la ciudad comiencen a dialogar sobre las prioridades que los gobiernos locales tienen que tomarse en serio.
Necesitamos hablar sobre la ordenación del territorio y como garantizar la sostenibilidad del suelo. Tenemos que conversar urgente y ampliamente sobre la movilidad en la ciudad y cómo vamos a tener soluciones plausibles en un corto y mediano plazo. Es importante que llevemos a la mesa la necesidad de una gestión pluvial seria, de la construcción de alcantarillados y de un sistema de drenaje que disminuyan los impactos de las lluvias sobre la ciudad, al tiempo de recuperar y fomentar áreas verdes que no solo servirán de esponjas, sino que serán espacios urbanos de bienestar ciudadano.
Las elecciones municipales de 2024 prácticamente están a la vuelta de la esquina y la memoria colectiva no debe fallarnos para exigir a la clase política que sean responsables con los temas que nos importan. El Gran Santo Domingo no puede darse el lujo de mantener autoridades que solo estén pendientes de lo cosmético y no propongan soluciones reales y posibles a nuestros problemas.