Contrario a lo ocurrido en ocasiones anteriores, las respuestas y reacciones de la cúpula empresarial y de los pequeños y micro empresarios en cuanto al impacto que podría tener los reajustes recientes del salario mínimo no han sido monolíticas. De un lado, la Confederación Patronal Dominicana COPARDOM sostiene que “de ninguna manera podrá afectar los precios, el desempleo ni la inflación”, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) prevé que “podría” tener efecto inflacionario, y de otro lado, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPyME) advierte que el aumento salarial podría provocar despidos e incrementar la informalidad en las MiPymes.
Con respecto al supuesto impacto negativo en el empleo que se le atribuye, los datos sobre empleo de la ENFCT del Banco Central y las precarias estadísticas de utilidades y otras financieras de las empresas indican que el incremento en la masa salarial que implica aumentos del 20%, 30% o 40% en los salario mínimo actuales son sostenibles por los niveles de rentabilidad empresarial, de costos laborales salariales y no salariales y las ganancias de productividad y de crecimiento económico logrados en los últimos dos decenios.
Estimaciones preliminares realizadas con los datos de la ENFT indican que el aumento aprobado de 19% para los trabajadores que ganan salario mínimo incrementará en unos 20 mil millones la masa salarial o el monto total de las erogaciones de las empresas por remuneraciones salariales. Sólo las ganancias anuales obtenidas por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) en un año duplican este monto adicional en la masa salarial.
La prosperidad de las empresas radicadas en el país desmiente las melodramáticas predicciones de quiebre masivo que están proyectando CODOPYME y otras asociaciones empresariales que ocurrirá a partir de la aplicación de las nuevas tarifas. Los datos disponibles no sustentan el argumento de los empresarios de que el monto de reajuste que demanda la representación sindical en el CNS no puede ser asumido por las empresas.
En relación con el supuesto efecto inflacionario que tendría el reajuste del 19%, lo primero a precisar es que los incrementos de productividad logrados por la economía dominicana en un contexto de estabilidad de precios proporcionan una mayor holgura para la negociación de salarios mínimos de mayor alcance, evitando presiones inflacionarias y despidos generalizados de trabajadores.
En segundo lugar, la evolución histórica de los precios y de los reajustes al salario mínimo muestra claramente que en las últimas tres décadas y media, en los años de posteriores a las crisis económica de los 90 y la década pasada – años de recuperación del crecimiento económico- se produjeron aumentos al salario mínimo que alcanzan o superan el 20%, y sin embargo esos reajustes no desencadenaron reducciones importantes en el empleo ni aumentos de precios insostenibles, ni menos aún quiebres masivos de micro, pequeñas y medianas empresas.
Los años de elevada inflación son los años de mayor reajuste al salario mínimo, pero esta pro ciclidad no implica una determinación en el sentido inverso del salario con respecto a la inflación, y es lo esperable, como resultado de la política salarial anti cíclica por justicia social y por depresión de la demanda agregada por la reducción en el consumo de los hogares y las personas. Los reajustes de salarios mínimos realizados en los últimos 25 años muestran que los estos últimos no se asociación con aumentos significativos en la tasa de inflación.
Por las razones expuestas, es predecible que el último incremento de un 19% al salario mínimo no resulta ser inflacionario ni destructor de empleo. La lógica desde la perspectiva de la teoría económica es la siguiente, a saber: dado que RD es uno de los países en América Latina y el Caribe con los salarios mínimos más bajos, esta situación impide que los trabajadores dominicanos que perciben salarios cercanos al mínimo puedan tener capacidad de ahorro, por lo que el incremento del 19% lo consumirán o se gastarán en bienes y servicios. Esto estimula la demanda de la economía y se traduce en ventas para las empresas, pese al incremento de nómina.
Más allá de imperativos de justicia, redistribución y cohesión social, subir salarios, hoy, es bueno para la economía dominicana, pues el incremento de los sueldos sostiene el consumo privado, alienta la productividad y disminuye la irritante desigualdad. La experiencia de otros países de la región sugiere que la aplicación de aumentos significativos de salario en contexto de crecimiento económico vigoroso, de aumento en el empleo y de caída en el desempleo y baja inflación, como el que vive la economía dominicana, puede conducir a mejoras reales del salario mínimo, sostenibles en el tiempo y sin ocasionar impactos negativos.
En lo que sí los voceros de las organizaciones del sector empresarial han “coincidido” de nuevo es en ser reiterativos en sus argumentaciones para oponerse a los montos de reajuste salarial demandados por la representación sindical en el CNS. El principal argumento que esgrimen persistentemente los empresarios para justificar los bajos niveles de salario en RD es el supuesto alto nivel de los costos laborales no salariales (seguridad social y otros impuestos de nómina, cesantía, etc.) en el país.
Los voceros empresariales repiten insistentemente desde fines de la década de los 90 que el país tiene “la carga laboral más alta” (65% en promedio) en toda la región de Centroamérica y Caribe, lo que estarían incidiendo en la baja generación de empleos y afectando la competitividad de la economía dominicana en relación con nuestros mayores competidores de la subregión, en la que dichos costos fluctúan entre 43 por ciento y 52 por ciento del salario base. Sin embargo, las evidencias estadísticas disponibles al menos no confirman, sino que más bien refutan esta afirmación.
De acuerdo con estimaciones utilizando los datos de la ENFT del BCRD, el porcentaje de todas las compensaciones y beneficios recibidos por los trabajadores –incluidos los desembolsos obligatorios de los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a INFOTEP-, representan sólo el 29% de sus salarios bases. Los desembolsos por vacaciones, dividendos, bonificación, cesantía, preaviso, regalía pascual, beneficios marginales y pagos en especie que habrían de hacer las empresas son apenas el 7.63% de la masa salarial.
De ser fiables los datos de ingresos laborales que reportan a los encuestadores de la ENFT los trabajadores entrevistados, los costos laborales no salariales, en relación con los salarios bases que pagan las empresas a sus trabajadores en República Dominicana serán relativamente muy bajos, en comparación con la media regional, y en particular, con respecto a los niveles en los países de la subregión de Centroamérica y el Caribe.
En particular, el argumento de que los bajos los salarios son inevitables para continuar atrayendo la Inversión Extranjera Directa (IED) y preservar la competitividad externa es falaz. Visto como costo laboral, desde la perspectiva del proceso productivo las remuneraciones al factor trabajo no están afectando la rentabilidad ni la competitividad de las empresas que operan en República Dominicana.
Si bien los costos de operación de las empresas y el clima de negocios afectan la competitividad de las empresas y la generación de empleos formales, en relación con las economías que en la región compiten con la nuestra, el costo del factor trabajo en RD es, salvo en El Salvador, es el más bajo en la subregión de América Central. Tampoco los costos no salariales (contribuciones a la seguridad social, vacaciones, cesantía y preaviso eventualmente, y otras compensaciones no salariales) están incrementando la carga laboral en un nivel superior al que predomina en la región, como sostiene la cúpula del empresariado.
El importante aumento de la productividad laboral de hace unos dos decenios, junto al estancamiento por varios años del salario real, ha tenido un impacto significativo en la reducción de los costos laborales unitarios de las empresas. Actualmente éstos son menos del 10% de los que eran en el año 2000, al reducirse a una tasa de promedio anual de 14.5%. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que una parte de las ganancias de productividad y de la riqueza que se genera con un mayor crecimiento económico no se reparte de manera equitativa entre los trabajadores y los sectores de ingresos medios, por lo cual, tanto el aumento de productividad como la reducción de los costos laborales unitarios de las empresas no se han traducido en mejoras salariales significativas en esos segmentos mayoritarios de la población.
Con relación a los sectores de zonas francas y turismo, las condiciones que justificaron la existencia de un régimen especial de bajos salarios parecen haber desaparecido. Dado el dinamismo, productividad laboral y rentabilidad de estos sectores, las prerrogativas de las que disfrutan son inaceptables en términos de justicia social. Frente a los países competidores del área de Centroamérica y el Caribe y China –y la industria nacional, en el caso de las zonas francas- los salarios mínimos que se pagan en República Dominicana permanecen muy por debajo, lo que indica que hay espacio para mejorarlos significativamente sin afectar la competitividad.
Como recomendación final, el salario mínimo debe ser parte de la política social del Estado dominicano. La regulación del salario mínimo orientada a dar cumplimiento al mandato constitucional de un salario justo debe ser asumida por el Estado dominicano como una política pública que trascienda el ámbito laboral, pues es un instrumento efectivo de redistribución del ingreso y de combate a la pobreza estructural, como muestran las experiencias de varios países de ALC.
Como actor fundamental del diálogo tripartito, el Gobierno dominicano, al que le corresponde la rectoría en la aplicación de la normativa y las políticas laborales, debe asumir su rol mediador en las discusiones sobre salario mínimo, pero sin eludir su responsabilidad en fomentar políticas públicas del mercado laboral que mejoren la inclusión social y protejan a los trabajadores. No se trata sólo de que intervenga en la negociación, sino de que inste a las partes, con todos los medios a su alcance, a que negocien un reajuste más allá de la inflación acumulada.
Una política salarial más activa, capaz de reducir la pobreza alimentaria y proteger a los grupos más vulnerables en el mercado de trabajo (que son los que perciben menores ingresos), debe prevalecer como medida de intervención sobre la política de asistencia y protección a los grupos en situación de pobreza. Esta última debe ser un complemento, no un sustituto de la primera. El pírrico presupuesto del Ministerio de Trabajo frente al monstruoso presupuesto dedicado a los programas de asistencia a los pobres concentrados en la Vicepresidencia de la República no respalda este criterio de prioridad en la política social del Estado dominicano.