Una de las condiciones mínimas del derecho al trabajo es el salario digno, que el Estado está en la obligación de garantizar. Es un derecho que está protegido por la Constitución dominicana y los tratados internacionales relativos a los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas estableció que una remuneración justa debe (i) servir para el sustento de sí mismo y el de su familia, (ii) cubrir la alimentación de los miembros del hogar, así como también la salud, vestimenta, vivienda y educación, (iii) suplir las necesidades básicas domiciliarias, como la electricidad y el agua potable, y (iv) tiene que alcanzar para la recreación.
Sin embargo, los ajustes del salario mínimo que realizó esta administración no son proporcionales a la realidad social actual de los dominicanos. Éste va desde los RD$11,900.00 hasta los RD$21,000.00. Mientras que la canasta básica en el quintil más pobre de la población tiene un costo de RD$25,078.36 y el promedio nacional es de RD$42,269.58, según el reciente informe del Banco Central. Lo que significa una disminución en el poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más pobres. Además, el 77.56% de los trabajadores reciben una mensualidad menor a los RD$28,000.00, de conformidad con la Tesorería de Seguridad Social. Esto evidencia el estado de vulnerabilidad en el cual son colocados la mayoría de los empleados. La media no produce lo suficiente ni siquiera para alimentarse adecuadamente.
Esta situación tiene sus efectos colaterales. Por ejemplo, muchos jóvenes bien formados académicamente, incluso con asistencia económica del Estado, prefieren emigrar en busca de desarrollarse y aprovechar las oportunidades que otros países les ofrecen, a causa del mísero salario que perciben. También la necesidad y el hambre trae como consecuencia la prostitución, la delincuencia, la violencia doméstica, etc. Por estas y otras razones, el salario no puede verse simplemente como un valor numérico, ya que es un medio para salir del estancamiento, progresar y alcanzar un nivel de vida más digno.
A raíz de la alta inflación y la disminución del poder adquisitivo de las personas, recientemente el sector empresarial, como el CONEP, sugirió que se haga un ajuste salarial de forma voluntaria[1], “cuando el mar bota peje…”. No obstante, el gobierno entiende que debe existir un consenso para no afectar a ningún sector productivo del país[2]. Lo cierto es que no existe un salario mínimo justo, sino indigno, el cual devenga la mayoría de los trabajadores. El Estado dominicano tiene una deuda social con este sector y está en la obligación de saldar, más aún en medio de este aumento del costo de la vida.
[1]https://www.diariolibre.com/economia/empleo/2022/08/22/el-conep-sugiere-un-ajuste-voluntario-de-salarios/2022260
[2]https://www.diariolibre.com/economia/empleo/2022/08/26/vicepresidenta-se-refiere-al-aumento-salarial/2030273