“La ignorancia sobre la íntima naturaleza de nuestra resistencia a cambiar es lo que mata al cambio, y no la resistencia en sí misma”-Douglas Smith.
Es de conocimiento generalizado que la mayoría de los países de la región han evidenciado en los últimos años una creciente brecha respecto a los países desarrollados en el ámbito de la productividad total de factores. En lugar de cerrarse, estas diferencias continúan aumentando, lo que hace urgente enfocarnos en aquellos factores o infraestructuras funcionales internas que puedan apoyar la productividad y competitividad de la economía.
Al identificar las fuentes del crecimiento del producto desde la perspectiva de una función de producción e incorporar metodologías novedosas, se evidencia que naciones con características estructurales como la dominicana aún tienen un largo camino por recorrer, especialmente en lo que respecta al crecimiento de la tecnología de producción, aproximada mediante la Productividad Total de los Factores (PTF) sobre el crecimiento experimentado por el producto en un período de tiempo.
La preocupación no debería centrarse exclusivamente en cuánto crecimiento adicional se conseguiría aumentando la inversión en la economía dominicana para incrementar el nivel de capital físico. Un aspecto crucial es el rol de determinadas políticas que no solo pueden mejorar la calidad del trabajo o promover un mayor nivel de empleo, sino también estimar los efectos en la eficiencia de la economía derivados de la adopción de mejores tecnologías, normas técnicas de consenso internacional, buenas prácticas y mediciones trazables al sistema internacional.
En este contexto, un elemento de especial relevancia es la llamada infraestructura de la calidad (IC) o sistema nacional de calidad. Este sistema fue establecido en nuestro país mediante la Ley núm. 66-12, cumpliendo ya 12 años de vigencia. Si la decisión es orientar la economía dominicana al comercio internacional, independientemente del proceso de desglobalización del que somos testigos y las violaciones a los acuerdos de la OMC, debemos desarrollar las capacidades técnicas para cumplir con las reglamentaciones, normas técnicas y certificaciones exigidas por los mercados de destino.
Las debilidades internas que impiden el cumplimiento confiable de la diversa normatividad existente en los mercados organizados, como los rigurosos reglamentos de la Unión Europea que afectan a muchos productos industriales y agropecuarios dominicanos, o las regulaciones de la FDA, pueden limitar seriamente la capacidad competitiva de nuestras empresas.
Son cada vez más los círculos gobernantes que reconocen la necesidad de avanzar hacia políticas que permitan el desarrollo productivo e impacto sectorial, especialmente en los ámbitos de la calidad, productividad, investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico. Por tanto, nuestro Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal) amerita una mirada estratégica que permita su desarrollo a largo plazo y logre el reconocimiento regional e internacional de sus competencias técnicas.
Después de doce años transcurridos desde la promulgación de la mencionada ley, redactada por el autor de estas líneas junto al Instituto de Metrología de Alemania (PTB), sentimos la urgencia de una mayor difusión y culturización en torno al tema. Es necesario que los sectores empresariales comprendan los múltiples beneficios del sistema derivados de la normalización, mediciones confiables, acreditaciones de entidades competentes, evaluaciones de conformidad, y certificaciones de cumplimiento por entidades acreditadas.
Es igualmente importante entender que existe un ámbito institucional de actuación voluntaria, exceptuando la metrología legal. Las normas, calibraciones, certificaciones y obtención de sellos de conformidad, inspecciones y evaluaciones del cumplimiento desde el Indocal son de carácter voluntario. Nadie puede obligar a recurrir a estos servicios técnicos, a menos que sea por la convicción de su gran utilidad para competir en los mercados.
El otro ámbito es el del cumplimiento obligatorio, correspondiente a los reguladores del Estado cuya misión es vigilar y hacer cumplir los reglamentos vigentes relacionados con los objetivos legítimos del Estado, como la seguridad nacional, la prevención de prácticas engañosas, la protección de la salud y seguridad humanas, la vida animal o vegetal, y el medio ambiente.
Debemos normalizar los productos industriales, ya sea con normas internacionales o nacionales derivadas de las primeras. Debemos asegurar la confiabilidad de las mediciones en todos los procesos industriales y de servicios con patrones trazables, lo que resulta en menos pérdidas y mayor rentabilidad. Debemos exhibir certificaciones para productos, procesos, sistemas, instalaciones, buenas prácticas de manufactura e higiene, sumando credibilidad en los mercados y confianza entre los usuarios y consumidores.
Aunque la decisión de recurrir a estos servicios es voluntaria, los que están obligados a vigilar el mercado para asegurar el cumplimiento de los reglamentos técnicos y otras exigencias de cumplimiento obligatorio son Pro-Consumidor, los ministerios y sus instancias especializadas, o cualquier otro organismo competente acreditado por el Estado.
Debemos caracterizar nuestro Sidocal, evaluar las demandas objetivas del sector empresarial, determinar las brechas existentes, buscar evidencias empíricas sobre la situación real de la calidad en nuestras empresas y actuar en conjunto con ellas para pasar de un discurso vacío sobre competitividad y desarrollo tecnológico a una fase de cambios estructurales efectivos que modernicen verdaderamente la economía dominicana.
Quien resulte electo como director ejecutivo del Indocal en el concurso recientemente anunciado por el MICM, ministerio que preside el Consejo Dominicano para la Calidad, deberá, sobre los avances alcanzados hasta ahora, profundizar en la trascendencia técnica que este instituto representa para las empresas y organizaciones dominicanas.