Toda la literatura que aborda la gestión integral del riesgo de desastres indica que en nuestro país los principales peligros están asociados al alto nivel de exposición de la población a las amenazas naturales; obviamente, igual existen otras de carácter humano.

Los riesgos que mayormente inquietan a los dominicanos son de origen natural y están asociados a eventos hidrometeorológicos. Las lluvias que suelen ocurrir por tormentas tropicales, huracanes y ciclones resaltan en el conjunto. De igual manera, se suman otros peligros geológicos debido a las 14 fallas que tenemos.

En los últimos 30 años las pérdidas económicas que originaron los eventos de lluvias superan los 50 millones de dólares, según estudios realizados por el Banco Mundial y el MEPyD. Y para un país como República Dominicana, cuyos pasos hacia el desarrollo no son tan rápidos, el minimizar el costo que dejan los desastres es uno de los principales retos de sostenibilidad del progreso en el tiempo.

Frente a esa realidad, la gestión financiera y aseguradora del riesgo de desastres debe profundizar sobre las pérdidas históricas que hemos tenido como nación y por eventos catastróficos. Es apremiante proyectar acciones cohesionadas entre los distintos sectores (público-privado), con el propósito de minimizar los costos que dejan las tragedias que impactan con mayor severidad a las poblaciones vulnerables.

Como el país cuenta con un seguro parametrizado, acordado con el Banco Mundial, la cobertura de esa facilidad debería focalizarse hacia las poblaciones vulnerables que sufren ese tipo de tragedias.  Se trata de fondos que se mueven a partir de la magnitud del daño ocurrido; según los resultados de los modelos de análisis y cálculos predeterminados, con el objeto de hacer frente a la crisis.

En República Dominicana, los hogares pobres y la clase media no tienen cultura de asegurar sus bienes ante situaciones de emergencias. Y esa situación se encuentra con un esquema frágil de seguros públicos que por décadas arrastran un déficit en la prestación de servicios, complicando la garantía de una protección y sostenibilidad real.

Los reportes de diferentes estudios estiman que los daños anuales promedios por desastres generados por lluvias e inundaciones están por encima de los 420 millones de dólares por año. Y los sectores más impactados son los dedicados a la producción agrícola, infraestructura y sociales.

Ocupando el puesto 8 entre los países de mayor riesgo y vulnerabilidad al cambio climático, y con un fondo contingente de un 1% del ingreso corriente del Estado para calamidades, establecido en la ley 147-02 de gestión de riesgos, motivar e impulsar a que los seguros y financiamientos sean inclusivos es de gran interés como medidas preventivas.

Veo con agrado la consulta interactiva que ha iniciado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para hacer un diagnóstico sobre seguros inclusivos y financiamientos de riesgo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual busca cerrar brechas de protección, hacer resilientes a la población y reducir la vulnerabilidad ante riesgos climáticos.

La consulta se desarrolla en el marco de un convenio tripartito donde están el Foro de Desarrollo de Seguros (IDF), el Ministerio de Desarrollo y Cooperación Alemán (BMZ) y el PNUD. El esfuerzo es parte de la coordinación de la plataforma pública privada que reúne a la industria de seguros, el Banco Mundial, la ONU y sociedad civil.

Fuentes consultadas:

  • Banco Mundial. “Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en República Dominicana” (2015).

Congreso Nacional “Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos de República Dominicana” (2002).