La respuesta recibida por el gobierno, luego de dar a conocer el contenido de su proyecto de ley de Modernización Fiscal, ha sido de muy amplio alcance, y de gran coincidencia en el rechazo de los diferentes aspectos que aborda la esperada reforma fiscal.
El sector industrial, los sectores de clase media y populares, junto a inversionistas, asociaciones empresariales y grupos sectoriales, además de economistas y profesionales de diversas áreas, han dicho que la propuesta requiere modificaciones.
El presidente rápidamente respondió que el gobierno está dispuesto a dialogar y sentarse a conversar para que los sectores aporten a esta propuesta, que luce no ser definitiva.
Algunas de las críticas posiblemente han exagerado las consecuencias de la reforma, otras han abultado los números del impacto, y por las reacciones no se quedará ningún sector indiferente a lo que el gobierno ha propuesto.
El gobierno no puede volver a recular, como ya lo hizo en el 2021 y en el 2022, con propuestas que se elaboraron y que nunca se oficializaron formalmente. Eran documentos de trabajo, es lo que se informó y no había intenciones de realizar ninguna reforma en las dos oportunidades.
Ahora el gobierno sí tiene la voluntad de poner en marcha una reforma fiscal. El propio presidente estaría dispuesto a pagar el costo político de una reforma, porque no será candidato presidencial, pero el PRM y los legisladores si deben reflexionar sobre las implicaciones políticas que tendría la propuesta en manos de los legisladores.
Como las críticas sin muchas, y en algunos casos hay razones más que suficientes para tomarlas en cuenta, el gobierno podría dejar que sean los legisladores los que tomen la decisión. Sin embargo, esa posibilidad no parece quedar bien establecida en el horizonte de las reformas.
La otra posibilidad es que el gobierno retire la reforma, la retome y comience discusiones con los diversos sectores. Pero serían discusiones en las que participarían otros ministros y funcionarios, y no solamente la cabeza y el equipo técnico del Ministerio de Hacienda.
Una opción adicional es que sea el propio presidente de la República, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, quien asuma la responsabilidad por el proyecto y ofrezca una breve disertación diciendo que lo retira para dar paso a una discusión sincera y documentada, con los sectores que se involucran, con el propósito de modificarla y mejorarla, y que no resulte tan lesiva a los sectores que más requieren del apoyo gubernamental, y que sostengan ingresos adicionales por encima del 1.5% del PIB.
Esta opción podría darse un tiempo de dos meses, y que en ese tiempo se redacte una propuesta técnicamente viable, redactada con los principales consensos, y con la asistencia de especialistas que apoyen la redacción y defensa de la propuesta.
Obvio, al margen de estas conversaciones podrían quedar los partidos políticos, que tienen otros objetivos y que no tienen posibilidad de apoyar ninguna iniciativa en este sentido.
Entendemos que persistir en la propuesta de modernización fiscal, sin acoger modificaciones fundamentales, representaría un serio riesgo para la gobernabilidad, la paz social que hemos disfrutado, y a la larga afectaría fuertemente el gran impacto que ha tenido el presidente Luis Abinader en su primer periodo de gobierno.