Retórica, pura y simplemente

Se esperaba que el presidente pronunciara un discurso que rompiera con la tradición política y que evitaría extensas descripciones de construcciones de obras, el otorgamiento de subsidios, tierra, exenciones y transferencias sociales.  Desafortunadamente, el presidente siguió la tradición, concentrándose en tres elementos: los subsidios del gobierno, la construcción de obras físicas y las interpretaciones erróneas de los efectos de las políticas económicas que aplica. Peor todavía, resulta que en su intervención faltó la definición del objetivo de desarrollo de su modelo de cambio y lo que logró durante estos dos años de gobierno.

Para paliar los aumentos de costos provocados por la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno subsidió los combustibles, la producción agrícola y las importaciones de ciertos rubros primarios como el trigo. En primer lugar, cabe aclarar que los combustibles no están subsidiados, ya que no se venden por debajo del precio de paridad de importación. Ahora bien, el gobierno no cobra el impuesto de 16% establecido por la Ley 495-06, dejando intacto los beneficios de los importadores, transportistas y distribuidores. Por otro lado, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) aprobó dos resoluciones (la 07-13 y 365-bis-15) que aumentan el precio del gas licuado de petróleo (GLP en RD$40.0 por galón; o sea que, si se hubiese querido ayudar a los hogares más necesitados, se hubieran eliminado esas dos resoluciones. De manera que el gobierno mantiene beneficios excesivos en el caso del GLP y mejora sustancialmente las ganancias de los negocios de combustibles.

Igualmente, el presidente se refirió a los subsidios de la producción agrícola, particularmente en la adquisición de insumos, la preparación de los terrenos y el suministro de semillas, además del beneficio que reciben los productores del gobierno a través de las mejoras en los caminos y los sistemas de irrigación. En otras palabras, el gobierno subsidia los costos de la producción agrícola, pretendiendo reducir los precios de venta de los bienes primarios de origen local, lo que no ocurre porque esos ahorros se transforman en ganancias para los productores.

En el 2020, la inflación anual en este renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 7.7%, según el índice de precios al consumidor calculado por el Banco Central (BC). Este elevado nivel de inflación se alcanzó a pesar del efecto a la baja que causó el cambio de base del IPC que realizó el BC durante ese año. No obstante, durante los doce meses del 2021, el cambio de base del IPC en ese renglón a enero-diciembre fue de 8.1%. En otras palabras, el aumento de la inflación en dicho rubro no consiguió el efecto que perseguía la política de subsidios agrícolas, aunque el presidente afirmó que los consumidores se han beneficiado de dicha medida.

Esta administración también subsidió los programas del Instituto de Estabilización de Precios (INESRE), los programas sociales como Supérate, Bono-gas y los Comedores Económicos. Según el presidente se asignaron RD$14,540 millones, en adición a esto el gobierno pretende invertir RD$41,700 millones en el programa social Supérate, para un total de RD$56,240.0 millones. Estas medidas, si no están acompañadas de un aumento de los salarios, que equivalga al aumento de la productividad de los trabajadores en cada sector, serán paliativos con una duración temporal. El mercado de trabajo debe tener un ajuste automático por inflación, tal y como lo tienen la Superintendencia de Bancos y el BC. Una medida de esta naturaleza que llegue al resto de los trabajadores, sin duda que mejoraría la distribución del ingreso en el país.  Por supuesto, esto debería estar acompañado de un estímulo a la competencia de las firmas para evitar la corrección de las tasas de beneficio (que forman parte del precio de venta) para restablecer su participación en el precio de venta, lo cual ocurre considerando que la mayoría de los mercados domésticos tienen una estructura monopólica u oligopólica.

A pesar de todos estos compromisos financieros que ha creado el gobierno central (GC) durante esta administración de gobierno, el presidente afirma que ha podido reducir la deuda pública como porcentaje del PIB, al pasar de 49.7% en el 2020 a 47.5% a junio del 2021. Esto no quiere decir en modo alguno que la deuda pública se haya reducido; por el contrario, la deuda del sector público no financiero (SPNF) se ha incrementado, pero al mismo tiempo el producto interno ha crecido en mayor proporción al aumento absoluto experimentado por la deuda pública, ocasionando una reducción del cociente deuda-PIB. Por tanto, el presidente no puede mostrar como avance de su administración el hecho de que ha reducido la deuda pública.

En el 2020, la deuda pública interna y externa del SPNF era de US$44,622.3 millones, equivalente a un 56.6% del PIB, según la Dirección General de Crédito Público (DGCP) y en el 2021 era de US$47,674.1 millones (50.4% del PIB). En tanto que, a junio del 2022, el total de la deuda del SPNF es de US$51,804.4 millones (47.5% del PIB). Es decir, que la deuda del SPNF durante el período 2020-2022 se incrementó en US$7,182.1 millones. Por lo que, esta errónea apreciación de que los compromisos financieros del sector público se han reducido, fruto de una política financiera prudente del gobierno, proviene del uso del cociente deuda-PIB cuyo denominador ha crecido más rápidamente (PIB) que su numerador (Deuda). En tal sentido, al observar la evolución de la deuda pública como porcentaje del PIB en la Tabla 1, queda claro que la deuda pública en términos absolutos no se ha reducido, sino que lo que se ha reducido es el cociente deuda-PIB. En el 2020, el PIB era de US$78,923 millones, el año siguiente pasó a US$94,714 millones y se espera que el producto interno aumente a US$109,080.0 millones.

Tabla 1. Deuda del Sector Público No Financiero

**Proyección del FMI

Fuente: con datos de la DGCP, https://www.creditopublico.gob.do/inicio/estadisticas

La política de subsidio agrava la estructura de gasto del gobierno, en el que predomina el gasto corriente respecto del gasto de capital. Esta estructura limita la expansión de la capacidad productiva debido al constreñimiento de la inversión pública. Además, esta política populista crea rigideces en el ámbito fiscal difíciles de corregir por el carácter politiquero de las mismas. En efecto, el uso de los ingresos del gobierno se limita debido a excesivos e injustificados incentivos y exenciones fiscales, a los que superficialmente hizo referencia el presidente pero que tampoco valoró sus resultados.

Tradicionalmente, desde 1966 hasta la fecha, los gobiernos han concentrado la inversión pública en la construcción de obras infraestructuras. No ha existido, tal vez con la excepción de la Estación Experimental de Juma, Bonao, la expansión de la capacidad productiva mediante investigación financiada por el gobierno. Además, cabe destacar que las construcciones de las presas de Taveras y Valdesia, tenían el objetivo de aumentar la productividad agrícola y reducir precios, elevando el poder adquisitivo de los salarios. Durante la primera administración de Balaguer, los objetivos de las obras de infraestructura estaban atados a planes de desarrollo y por tanto, la inversión pública apoyaba el crecimiento y el desarrollo económicos. Las demás administraciones del gobierno sólo han perseguido estimular negocios privados. Lo que actualmente es más claro con la proliferación de fideicomisos y asociaciones público-privadas.

Por otro lado, el gobierno anunció que el BC tiene las reservas internacionales (RI) más elevadas de su historia. Pareciera que al presidente no le informaron de los efectos negativos que tiene la acumulación de RI. Esta acumulación aprecia el tipo de cambio, abarata las importaciones y amplía el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual precisa de ser financiado con RI. Por ejemplo, la cuenta corriente en el 2021 experimentó un incremento del déficit por US$1,351.4 millones y el saldo de la cuenta corriente para ese mismo año cerró con un déficit de US$2,668.7 millones. Una política cambiaria bien manejada podría provocar aumentos de la producción interna, reducción de las importaciones y aumento de las exportaciones, con lo cual podría reducirse el déficit de la balanza comercial y de la balanza corriente.

Al presidente tampoco le informaron que las RI no están disponibles en su totalidad, que solamente una parte de estas lo estaría luego de que se cumpla con los compromisos monetarios y financieros del país. Pero, además, la situación del BC no es holgada si se considera que el tamaño de los pasivos remunerados del BC (US$16,1365 millones) son mayores que las RI (activo) US$14,057.5 millones y que por tanto las RI no pueden usarse según las necesidades del país. Por tanto, este no es un motivo de alivio ni alegría.

Este gobierno tiene un comportamiento similar a los del PLD. Haciendo propaganda manejando incorrectamente indicadores económicos y dejando de lado los efectos sociales de sus políticas. Por ejemplo, el empleo formal se contrajo en 1%, en cambio el empleo informal creció y el costo de la canasta familiar aumentó; lo cual no es consistente con el asombroso crecimiento económico. Las pruebas nacionales muestran una educación deficiente y la pobreza monetaria se incrementó a pesar de los subsidios sociales y la concentración de las riquezas en el país sigue en aumento. Como se puede apreciar, las políticas económicas y sociales no favorecen a la población sino a un pequeño grupo de dominicanos. Por consiguiente, el cambio que se pregona es sólo retórica vacía para la gran mayoría.