Abordar el tema dominico haitiano es un reto, pues cualquier juicio de valor que se emita generará argumentos a favor y en contra, debido a la pasión y polarización que se evidencian entre los que, por un lado, hablan de racismo e indilgan el epíteto de patriotero a todo el que manifiesta que la situación por la que atraviesa Haití pone en riesgo la seguridad y soberanía nacional y hasta los servicios públicos; y, por el otro, los que califican de traidores a los que descansan en la retórica de la solidaridad o niegan el relato tradicional de los historiadores dominicanos que ubican en el 1844 un grito de independencia que otros ven como una acción de simple separación.
A riesgo de que me ubiquen en un lugar u otro, me tomaré la libertad de compartir mis pareceres desde un ejercicio marcado por mis convicciones y, por qué no, por los anhelos de un ciudadano que ama a su patria y tiene una visión desprejuiciada sobre el tema migratorio, consciente de que este fenómeno es inherente al ser humano, que le ha acompañado desde que se comenzó a abrir oportunidades fuera de África, en un infinito recorrido que le llevó a madurar su proceso evolutivo hasta el homo sapiens, que va modificando el entorno que le sigue conduciendo a otros procesos de cambios físicos y espirituales que le alejan de su ser biológico y social actuales.
Pues bien, unas declaraciones constituyeron el detonante para que mi columna de hoy se arrime al tema: el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró, de acuerdo con una información servida por este medio, “que a causa de un aumento equivalente a un 35 % de los partos de haitianas que han acudido a las diferentes maternidades del país, las mujeres dominicanas tendrán que irse al sector privado a recibir asistencia” porque los espacios habilitados para las compatriotas se achican. Y es que, como afirma la nota a que hacemos referencia, en el 2022 las parturientas haitianas representaron un 33.1 %; una cifra mayor que en 2020 y 2021 que fueron un 30.5 % y un 27.2 % respectivamente.
La misma información de referencia atribuye al doctor Yotin Ramón Pérez, haber afirmado en un artículo publicado en la Z Digital que la salud materna es un derecho humano fundamental y esencial, por lo que todas las mujeres independientemente de su origen o estatus migratorio deben tener acceso a atención de calidad y segura durante el embarazo y el parto. Este es un juicio que compartimos, pero nos preguntamos, ¿no es responsabilidad del Estado proteger primero a sus ciudadanos? ¿Cómo se puede explicar entonces que nuestras parturientas no encuentren espacios en nuestros hospitales? ¿Puede la solidaridad rebasar los límites de lo razonable? Hace unos meses pregunté a un alto funcionario cubano sobre las acciones que tomaban frente a la migración irregular haitiana y me respondió sin dudar un segundo: "los deportamos de inmediato, porque una cosa es la solidaridad y otra nuestra responsabilidad como Estado".
El Estado haitiano ha colapsado; allí lo que existe es un conglomerado humano sumergido en el caos, y presionando, en medio de su sufrimiento, desesperanza y desesperación, hacia nuestro país. Copan ya todos los espacios de nuestra red productiva, mientras el Gobierno posa con discursos que chocan con una realidad que amenaza con deshacer nuestra integridad identitaria y territorial, nuestra soberanía y la existencia del propio Estado; cuestión que parece estar llegando al punto de no retorno.