El título de esta entrega podría considerarse un oxímoron. Quizás, incluso, una especie de paradoja. Pero lo cierto es que el FMI ha considerado recientemente sobre República Dominicana que: “En el último medio siglo, la República Dominicana se ha transformado, primero de una economía basada principalmente en la agricultura a otra más orientada a la manufactura, apoyada por el crecimiento de las zonas de libre comercio, y posteriormente a una economía impulsada por los servicios, reforzada por la explotación del potencial turístico del país y la expansión del sistema financiero. En la actualidad, el país mantiene una combinación equilibrada de industrias y sectores, incluidos la agricultura, la industria manufacturera y los servicios, y ostenta el sexto PIB per cápita más alto de América Latina si se tiene en cuenta el poder adquisitivo, superando a gigantes regionales como Brasil y México.”

Ahora bien, son diversas las barreras que afectan el clima de negocios en nuestro país y, por ende, nuestra capacidad de convertirnos en una economía avanzada en las próximas décadas como augura el FMI. Pero estos desafíos han sido ya objeto de innumerables ponderaciones, análisis multisectoriales y de diversidad de propuestas, iniciativas, programas, estrategias e incluso leyes.

Puede afirmarse que República Dominicana tiene ya altos niveles de certeza sobre cuáles son sus desafíos en su aspiración a convertirse en una economía avanzada, pero también y tal vez más importante aún, podría decirse que se tiene una idea muy clara de cómo debe enfrentar esos retos. El problema, entonces, no parece ser necesariamente de identificación de problemas y de diseño de estrategias, si no, más bien, de ejecución, propiamente dicho.

Y es que, por ejemplo, para el año 2012 fue promulgada la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (END). La END responde no solo a un mandato constitucional – artículo 241 de la Constitución- y legal -por disposición de la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública-, sino, de manera particular, a la necesidad de producir un cambio en el modelo de desarrollo del país.

Ciertamente, en los últimos 40 años la República Dominicana ha hecho gala de grandes éxitos y avances, pero también es cierto que persisten importantes deficiencias, muchas de ellas de índole estructural, aplicado a distintos marcos conceptuales tal como refiere Gabriel Yoguel. Y es que, el crecimiento económico experimentado por el país parece no generar suficientes empleos dignos, tampoco reducir sustancialmente la pobreza, a lo que se suma una falta de competitividad internacional que afecta a nuestra producción nacional.

Para enfrentar este panorama, la END articuló cuatro ejes estratégicos de acción, entorno a los cuales se establecen 19 objetivos generales, 58 específicos y 460 líneas estratégicas de acción. Algo importante a resaltar es que en el marco de la END se reconoce que el buen funcionamiento de las instituciones públicas es solo un componente de todo un entramado económico, social e institucional que tiene el país, razón por lo que se propuso la concertación de tres Pactos Nacionales:

  1. para la reforma del Sistema Educativo: firmado en abril de 2014 pero que, aún hoy, no ha dado los resultados esperados pues prevalece aún una situación extremadamente grave relativa a la calidad de la educación, exacerbada por los efectos de la pandemia Covid-19
  1. para la solución de la crisis del sector eléctrico: firmado en marzo de 2021 consagrando más de 200 puntos de consenso y más de una docena de disensos cuya discusión fue postergada para discusiones posteriores. Sin embargo, este pacto todavía -tampoco- ha rendido frutos relevantes y, de hecho, uno de los aspectos cruciales de su contenido -la aplicación de un aumento gradual de la tarifa eléctrica hasta llegar al punto de equilibrio o “tarifa técnica”- fue suspendido en 2022 por el clamor social que sufría y aun sufre los estragos de una economía en inflación y con poco dinero circulante; y,
  • para la sostenibilidad fiscal: que no ha sido firmado pues se ha ido “pateando hacia adelante”, haciéndose cada vez urgente su diseño, discusión y aprobación.

En fin, queda claro que, para acompañar el acelerado crecimiento económico en República Dominicana, hay que diseñar y promover, también, las reformas jurídicas adecuadas que se orienten a mejorar la capacidad institucional y la calidad del Estado de Derecho. Todo lo anterior nos conduce a destacar cuatro áreas de reformas en las que nuestro país ha tenido iniciativas importantes pero que todavía necesitan de impulso y que son necesarias, a nuestro juicio, para alcanzar exitosamente y en algún momento el rango de “economía avanzada”.

  • Reformas jurídicas efectivas que mejoren la calidad del clima de negocios, y creen incentivos adicionales para atraer inversiones

Nuestro país goza de estabilidad política, económica, democracia, economía abierta a nuevas inversiones, buen trato a los extranjeros, entre otras cualidades. Todo esto nos ha ayudado a forjar un buen clima de negocios, que se ha nutrido de disposiciones legales y de estrategias concretas, algunas de las cuales enumeramos a continuación de modo meramente enunciativo. A saber:

  • La Ley de reestructuración mercantil (Ley 141-15)

Que ayuda a atraer la inversión de nuevos capitales para el fomento de la economía, sobre la base de una normativa que establece mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores y lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes, a través de los procedimientos de reestructuración o liquidación judicial.

  • La Ley de Garantías mobiliarias (Ley 45-20)

Considerada como una necesidad de la población, al fungir como una herramienta de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. El dictado de esta ley responde a la END cuando dispone como uno de sus ejes la elevación de la eficiencia, la capacidad de inversión y la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes)

  • La Ley de Asociaciones público-privadas (Ley 47-20)

Dictada partiendo de la Visión de Nación planteada en la END, esta ley permite al Estado articular la provisión de infraestructuras y servicios públicos de mayor calidad, sobre la base de tener al sector privado como un aliado indispensable para la inyección de recursos y de aportación de estrategias innovadoras, todo esto con miras a la promoción del crecimiento equilibrado y sostenido de la economía y el incremento del bienestar social. Esta ley consagra los mecanismos institucionales y contractuales de alianzas público-privadas, que funcionan bajo un esquema de confianza y cooperación con los sectores públicos, en el marco de una correcta asignación de riesgos a ser asumidos por los agentes (públicos o privados) que tengan la mayor y mejor capacidad para gestionarlos.

  • La lucha contra la corrupción y aumento de la transparencia

Al margen de los procesos judiciales por supuestos actos de corrupción que de manera masiva se han iniciado, particularmente a partir del año 2020, se destacan las estrategias y desarrollos de políticas basadas en estándares internacionales como las normas ISO, vinculadas al establecimiento de sistemas antisoborno, anticorrupción y sistemas de cumplimiento en sentido general que, obviamente, sirven para mitigar en muy gran medida la comisión de actuaciones corruptas.

En ese sentido, sobresalen varias entidades públicas y empresas propiedad del Estado dominicano que han obtenido una certificación ISO 37001 sobre Sistemas Anti-Soborno, tales como el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) que la obtuvo en el año 2020 gracias a la visión y determinación del entonces ministro Juan Ariel Jiménez y su equipo, constituyéndose en la primera entidad pública de la República Dominicana en certificarse en la materia. Posteriormente, han obtenido esta certificación también la Dirección General de Aduanas (DGA), el Servicio Nacional de Salud (SENASA) y el Banco de Reservas, siendo esta última la única entidad de intermediación financiera que, por el momento, cuenta con una certificación internacional de esta naturaleza.

  • La Ley de Mejora regulatoria y simplificación de trámites (Ley167-21)

Dictada como respuesta a la necesidad identificada en la END de que el Estado debe ser pro-competitivo y debe buscar fórmulas de reducir los costos, trámites y plazos en el funcionamiento de la Administración Pública y en la prestación de servicios a las personas. Esta ley busca la modernización de la Administración Pública sobre la base de la prevención, descontinuación o eliminación de la duplicidad de procedimientos, servicios, autorizaciones y solapamientos de funciones, a los fines de mejorar el entorno de la seguridad jurídica y la certidumbre legal. Esta Ley tiene una arista especial que se refiere a la simplificación de trámites, consistente en la estandarización y optimización de aquellos procedimientos administrativos que hayan sido sometidos a análisis de calidad regulatoria, a través de la mejora de los procesos internos que los entes y órganos de la Administración Pública realizan, permitiendo la mejora o disminución de pasos y plazos para su atención y costos de tramitación.

  • Programa Burocracia Cero

Este Programa es un reflejo tangible de los esfuerzos por la simplificación de trámites, aunque es previo a la Ley 167-21 sobre Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, ya que fue credo mediante Decreto No. 640-20. Este programa se ha estado aplicando desde hace aproximadamente tres años y funciona coordinado por el Consejo Nacional de Competitividad, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y que ya ha colaborado con 63 instituciones del Estado, en un proceso que pretenden no solo una transformación tecnológica sino también cultural. Bajo este programa se han intervenido casi 300 trámites administrativos que actualmente operan en el marco de la plataforma del Portal único del Estado, habiéndose logrado, según las autoridades a cargo, una reducción promedio del tiempo del 46% y que proyecta traducirse en un ahorro de aproximadamente un 2.2%del PIB para cuando se concluya la primera etapa del programa en el año 2024.

  • Reformas del marco regulatorio eléctrico, que acompañen la implementación de las políticas orientadas a mejorar la distribución, eliminar los apagones y aumentar el uso de energías renovables.

Este ámbito sigue siendo un problema acuciante en la República Dominicana. Evidentemente, no podemos afirmar todavía que los problemas principales del sistema eléctrico estén resueltos. Sin embargo, esfuerzos importantes sí han sido realizados, tales como:

  • El diseño y firma de un Pacto eléctrico

Con un borrador listo desde el año 2017 que, por falta de consenso de los actores del momento no fue firmado sino hasta 2021, con 212 puntos de acuerdo y 14 puntos de disenso que serían sometidos a discusiones posteriores. El pacto define una agenda de desarrollo para mejorar el servicio de electricidad, reducir las pérdidas y regular las empresas del sector, con el objeto de lograr un sistema más competitivo y menos oneroso para el Estado. Implicó la aplicación gradual de la llamada “tarifa técnica”, mediante un aumento paulatino de las facturas de electricidad, pero esto fue suspendido en 2022. Claramente, los objetivos del Pacto Eléctrico no se han cumplido y, de hecho, a nuestro juicio, aún nos encontramos muy lejos de lograrlo.

  • La liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE) y la fusión de los tres consejos de las empresas distribuidoras de electricidad en uno solo.

Realizado mediante el Decreto 342-20 que transfirió al Ministerio de Energía y Minas las atribuciones, funciones y facultades de la CDEEE. Esto ha significado, según han hecho público las autoridades, una reducción de costos de administración que han sido incorporados a la Cuenta Única del Tesoro.

  • La transformación de Punta Catalina en empresa

Mediante Decreto 142-23 se creó la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina como una sociedad anónima, regida por la Ley 479-08 General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, teniendo como únicos accionistas al Ministerio de Hacienda y al FONPER. Hacemos énfasis en que se ha afirmado que esta empresa genera beneficios anuales al Estado dominicano por más de doscientos millones de dólares.

  • El auge de Proyectos energías renovables:

En los últimos 10 años, la industria de la energía renovable ha ido en aumento en República Dominicana con la instalación de diferentes empresas de generación de energía solar, eólica, biomasa, entre otras. Según datos recientes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), actualmente en el país hay un total de 17 grandes centrales de energía renovable en construcción las cuales se estima que entrarán en funcionamiento a finales de este 2023. El plan consiste en que para 2025 se tenga 25% de energías renovables y 30% para 2030, según lo prevé el Acuerdo de París. Sin embargo, según datos del Monitor Energético de julio del 2023 emitido por el Viceministerio de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), la meta de generación eléctrica en base a energías renovables no alcanzará el 25% hasta dentro de once (11) años, es decir, hasta el 2034.

  • Reformas laborales que acompañen las políticas para reducir la informalidad.

Sobre este punto, destacamos lo siguiente:

  • La Reforma al Código de Trabajo (Ley 16-92)

El código laboral tiene más de tres décadas. Desde hace años, tanto desde el sector empresarial como del sector de los trabajadores, se han planteado propuestas para de alguna forma actualizar el Código de Trabajo y ajustarlo a las “necesidades”, según la óptica de cada promotor de propuestas.

Por ejemplo, las propuestas del sector empresarial han consistido en cuestiones (algunas más controversiales que otras) como:

  1. limitar la cesantía;
  2. el aumento de horas a la jornada regular de trabajo;
  • flexibilizar el mandato legal de que el 80% de empleados deben ser dominicanos y el 20% restante extranjeros;
  1. entre otras.

 Por otra parte, el sector de los trabajadores, aparte de rechazar muchas de las propuestas presentadas por el sector empresarial, propugnaban por:

Modificar la estructura del Comité Nacional de Salarios;

  1. Aumento de la libertad sindical y sus mecanismos de protección;
  • Que la conciliación entre empleadores y empleados resulte más efectiva, en aras de disminuir la litigiosidad laboral;
  1. Entre otras.

 Actualmente, desde el Ministerio de Trabajo se ha afirmado que en los próximos meses estará lista la propuesta de modificación del Código de Trabajo, la cual busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores dominicanos, aumentar la productividad de las empresas y reducir las judicializaciones de las relaciones laborales. Se afirma que el 87 % [a febrero de 2023] del contenido ha sido consensuado y que son pocos los temas que quedan por acordar. Entre las novedades que se han ventilado que traerá la nueva normativa laboral, se destacan:

  • La Creación del Instituto de Bienestar de los Trabajadores;
  • La creación de un fondo para la protección de las personas desempleadas;
  • El aumento de la regulación del teletrabajo;
  • Mejoras en las licencias de maternidad y paternidad;
  • Los aspectos sobre trabajo doméstico;
  • Niveles de informalidad

Entre los principales desafíos que tiene el país de cara al sector laboral, es lograr una reducción sustancial de la informalidad. Se entiende que la formalidad en el empleo es fundamental para garantizar la protección laboral, la seguridad social y los derechos de los trabajadores. Según datos del Banco Central, entre enero y marzo 2023 se computó en casi un 51% el sector informal. Las reformas al código laboral deberán versar, también, sobre este problema.

  • Implementar un marco jurídico que impulse la innovación y la tecnología, aprovechando las oportunidades que presenta la cuarta revolución industrial.

La implementación de un marco jurídico que impulse la innovación y la tecnología es crucial en la era actual, caracterizada por la disrupción de múltiples tecnologías con la inteligencia artificial, edición genética, el internet de las cosas, nanotecnología, blockchain, entre otras. Estas tecnologías están cambiando el mundo de manera significativa y a un ritmo acelerado.

Un marco jurídico adecuado puede proporcionar un entorno propicio para la innovación y el desarrollo tecnológico, al establecer reglas claras y justas que promuevan la inversión y la competencia, protejan los derechos de propiedad intelectual y aseguren la equidad y la inclusión. Además, puede ayudar a mitigar los riesgos y desafíos asociados con las nuevas tecnologías, como los problemas de privacidad y seguridad, el desplazamiento laboral y las cuestiones éticas.

En este ámbito, destacamos algunos elementos importantes:

  • Reglamento Seguridad Cibernética dictado por la Junta Monetaria

En fecha 1 de noviembre de 2018 la Junta Monetaria dictó un Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información, dictado debido al proceso de “digitalización e interconexión acelerada de todos los servicios y sistemas financieros” para lo cual resulta fundamental “establecer mecanismos de protección de la información” y así evitar “el acceso y uso ilegal de la misma, así como de la infraestructura tecnológica que soporta la operatividad de dichos servicios y sistemas.”

La importancia de un marco jurídico para la seguridad cibernética y de la información radica en su capacidad de proporcionar una estructura estandarizada y coherente para la implementación de controles de seguridad. En otras palabras, un marco jurídico sólido en este sentido juega un papel crucial en el camino del Estado dominicano a convertirse en una economía avanzada, en la medida en que la era digital actual, la economía de cualquier país -incluyendo el nuestro- depende en gran medida de su capacidad para proteger su infraestructura crítica, sus sistemas de información y los datos de sus ciudadanos de amenazas cibernéticas, lo cual resulta atractivo para atraer inversiones, fomentar la innovación y mejorar la competitividad económica.

  • Política Nacional de Innovación 2030

Elaborada por el Gabinete de Innovación de la Presidencia de la República, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Project Management Institute (PMI). La política se centra en tres desafíos principales: talento humano, gobernanza efectiva e inversión en innovación.

Con esta política se busca lograr varias cosas:

  1. El fomento de la cultura de innovación;
  2. Participación ciudadana en la construcción de la política de innovación;
  3. Identificar desafíos y plantear soluciones, identificándose tres desafíos principales: educación, creación de un ecosistema de innovación y financiamiento;
  4. Fortalecimiento del talento humano, en el sentido de fortalecer el talento humano en República Dominicana para convertirse en un hub tecnológico;
  5. Inversión en innovación, concretamente en redes de conectividad para garantizar la competitividad en la economía digital;
  6. Creación y estandarización de la red de laboratorios de innovación, construyendo nuevas formas de gestionar la relación del ciudadano y de las empresas con los gobiernos a través de la estandarización de los laboratorios de innovación.
  • Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)

Sobre la base de la Política Nacional de Innovación 2030, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y el Gabinete de Innovación iniciaron las mesas temáticas para la formulación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la cual cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), organización encargada de guiar la metodología y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La idea es configurar un instrumento de política pública que responda a las necesidades que como país tenemos, aprovechando esta tecnología como motor para el desarrollo industrial, socioeconómico y tecnológico.

En conclusión, a República Dominicana le falta mucho camino por recorrer, pero en términos generales nos atrevemos a afirmar que el camino que hasta ahora hemos recorrido es al parecer el correcto.

economía dominicana en vías de desarrollo Luis A. Sousa