Siempre que hago referencia nuestro derecho de ciudadanía a elegir a las autoridades que nos representan, preciso referirme a todo el poder que cedemos a las personas por las que votamos en elecciones populares y que, llegadas al poder, gobernarán en nuestro nombre, aprobarán leyes en nuestro nombre, y, potencialmente, podrían de modificar y transformar las estructuras del Estado mismo al tener, la facultad de constituirse en Asamblea Nacional Revisora y reformar la constitución en nuestro nombre.
Ante el discurso reiterado del presidente reelecto de la República de “ponerle candados a la Constitución” y un reciente proceso electoral que deja casi sin contrapesos al poder del partido político que representa, parece inminente una nueva reforma constitucional.
Debe preocuparnos, como preocupó el proceso de reforma anterior (del que nace la Constitución de 2010), el problema de representatividad que existe en la actual composición de las cámaras legislativas que sería, eventualmente, la que conformaría la asamblea revisora.
Una constitución supone ser el producto de toda la sociedad, que no de un grupo o un partido político, ni de una facción que apenas representa poco más de una cuarta parte de la globalidad de la población con vocación electoral. Recordemos que en las elecciones presidenciales y congresuales recientes hubo un nivel de abstención de 45.6 %. Y pretender hacer uso circunstancial del poder absoluto no hace más que repetir las mismas prácticas antidemocráticas que han realizado otros grupos políticos en ese mismo escenario de poder.
Sería ingenuo creer que se alinean las estrellas y no se hará uso de ese poder. La esperanza sería que se haga con la conciencia de que no sería el pueblo dominicano decidiendo reformar la constitución.
Esta mañana el Consultor Jurídico, Antoliano Peralta, indicó que se redacta una propuesta de reforma que supone “cerrar la posibilidad de que se produzca una reforma a la Constitución con facilidad para propiciar un tercer mandato”. En otra ocasión el presidente ha indicado que el objetivo del “candado” es garantizar un Ministerio Público independiente. Suponemos que tendremos más clara su idea de “candados” cuando se haga pública la propuesta que trabaja la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Considerando la deficiencia de representatividad de un Congreso que se constituirá en Asamblea Nacional Revisora, habría que preguntarse si el candado, blindaje o cierre de posibilidad no es a nadie más que un 70% de personas, constituido por quienes votaron en contra del oficialismo y por quienes no votaron. En ese caso, entonces, el producto de esa potencial reforma, no sería el producto del pueblo dominicano.
Por otro lado, habría que preguntarse sobre qué realmente va la reforma. Cómo se haría blindable la posibilidad de reforma, si no es modificando los procedimientos de reforma instituidos en la Constitución, para lo cual ya hay un mecanismo agravado que requiere un referendo aprobatorio. Esto último abriría todo un abanico de posibilidades que, con las prácticas antidemocráticas que hemos estado observando, nos debe colocar en alerta como sociedad.
En El Federalista, Hamilton reflexionaba sobre los obstáculos que enfrentaría la nueva Constitución de Estados Unidos y distinguía entre los siguientes: “el evidente interés que tiene una clase de hombres en todo Estado de resistir cualquier cambio que amenace disminuir el poder, los emolumentos o la influencia de los cargos que ejercen con arreglo a instituciones establecidas, y la dañada ambición de otra clase de hombres, que esperan engrandecerse aprovechando las dificultades de su país o bien se hacen la ilusión de tener mayores perspectivas de elevación personal”.
Con suerte -mucha-, ninguno de aquellos será nuestro caso. Como sociedad vigilante de los usos desnaturalizados del poder, nuestro poder está en cuidar del producto más esencial, que es nuestra Constitución; y en velar por que nuestra democracia resulte fortalecida del proceso que se avecina.