La reforma al sistema tributario dominicano era inminente y se hace imperativa desde hace más de diez años. Por efecto de la situación macroeconómica, la economía pospandemia y una serie de factores internacionales que han ido afectando la situación financiera del país, la República Dominicana tiene de los ingresos tributarios con relación al PIB más bajos de toda Latinoamérica con un 13,1%, que lo coloca como un país vulnerable ante una crisis económica internacional y en posición desfavorable para hacer frente a las necesidades financieras generales de la nación.
En sentido general, los sistemas tributarios exitosos del mundo tienen elementos de progresividad, eficiencia y simpleza. En otras palabras, el Estado extrae de las personas lo justo y al mismo tiempo, se recauda de una forma simple y eficiente por parte de la Dirección General de Impuestos Internos o la Dirección General de Aduanas, como entes recaudadores principales del Gobierno. En un sistema tributario progresivo, el que más gana, más paga. En cambio, en los sistemas tributarios regresivos, el menos pudiente, lleva la mayor carga tributaria, lo cual entendemos es lo que se configura en nuestro país ya que se puede identificar perfectamente con el alto porcentaje de evasión fiscal, lo cual ineludiblemente afectan la presión tributaria haciéndola cada vez más baja y colocando al país con una de las menores presiones tributarias de Latinoamérica y El Caribe.
Contrario a lo que el proyecto de ley de reforma tributaria promete, que es una “Modernización” y “simplificación” del sistema, esta reforma no necesariamente “simplifica” sino todo lo contrario, lo complica mucho más y le deja nuevas cargas a un pueblo que desde mucho antes ya se siente sacrificado. Evidentemente, el sistema tributario ideal, no es tan sencillo de alcanzar y prueba de ello es el hecho de que, a pesar de varias reformas fiscales en el pasado, no se ha podido contrarrestar los altos niveles de incumplimiento por parte de los contribuyentes. A pesar de no ser una tarea fácil, lo que siempre deberían tomar en cuenta los gobiernos es tratar de lograr o acercarse a el punto óptimo de tributación, donde reine el principio de equidad, con la respectiva reducción de ineficiencias y eliminación de las distorsiones que se generen en el proceso. Entendemos que los temas de evasión y el enfoque se le dé a éste será vital en lograr los objetivos de recaudación que tiene el gobierno. Las auditorías rigurosas, la educación tributaria, la facturación electrónica y en general leyes claras y consecuencias reales serán fundamentales para palear estas prácticas engañosas por parte de ciertos contribuyentes.
Por su parte, la existencia de varias leyes especiales que otorgan exenciones fiscales, así como otros beneficios tributarios que van dirigidos a grupos económicos de alto e importante capital, aportan a la regresividad del sistema. A su vez, el ITBIS (que ahora se proponen llamar IVA como en la mayoría de los países) es el impuesto indirecto que más recaudaciones le representa al Estado de parte de la clase media y los pobres, pues representan un porcentaje importante de las recaudaciones totales del país; sin embargo afecta a la clase de menos recursos pues es la que lleva esta carga en el bolsillo cada vez que va al supermercado o paga ciertos servicios; entonces si la carga tributaria mayor recae sobre los contribuyentes de menos ingresos se crea desigualdad y como consecuencia, reduce la capacidad adquisitiva de los menos pudientes; esto es regresividad. Según los datos presentados por el mismo ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente en la presentación de la propuesta de Modernización Fiscal, el incumplimiento de los contribuyentes en el ITBIS se estima en un 47%. Nos preguntamos entonces, ¿ampliar la base de dicho impuesto es la solución al problema de la evasión? Desde luego que no, al menos tenemos experiencia de que ésta no es la cura de este mal.
Según varios estudios que hemos consultado, en la República Dominicana la estructura regresiva del sistema fiscal desperdicia las oportunidades de impulsar una sociedad más justa, pues se queda corta al cumplir un rol redistributivo y, además, no lograr recaudar lo suficiente frente al alto gasto público que amerita. El alto nivel de exenciones fiscales a sectores productivos y empresariales rara vez compensa el costo social del sacrificio tributario, lo cual sin lugar a duda limita la capacidad redistributiva del sistema fiscal del país. Esto fue evidenciado en el estudio realizado por la DGII en el 2016 donde determinó que los gastos tributarios le costaron al Gobierno aproximadamente el 6.4% del PIB en ingresos que se dejaron de percibir, colocando al país en el tercer lugar entre los más altos de América Latina y el Caribe, detrás de Guatemala y Uruguay, lo cual nos lleva a entender que el gasto ha aumentado después de la reforma tributaria del año 2012. La existencia de varios regímenes especiales o simplificados con incentivos fiscales, a pesar de que tienen objetivos de desarrollo de importantes sectores de la economía por un determinado espacio de tiempo, muchas veces generan distorsiones importantes en el sistema tributario, ya que muchas empresas “estacionan” su renta y practican el llamado “enanismo fiscal” con el objetivo de lograr pasar por debajo de los umbrales gravados y obtener salidas fraudulentas a la aplicación de ciertos impuestos; en otras palabras, el contribuyente que más posibilidades tiene de pagar mayor cantidad de impuestos se hace “pequeñito” fiscalmente para aprovecharse de un régimen que no le corresponde, cuando éste realmente tiene un mayor nivel económico y debería pagar mayor cantidad de impuestos.
Sin lugar a duda, la informalidad y la evasión fiscal, que son de los obstáculos más significativos en la recaudación ineficiente del Estado dominicano, no los resuelven una simple reforma de ley o un aumento de tasas: no existe la panacea definitiva contra la evasión fiscal. Lo que sí existe son diversos mecanismos para monitorear a los contribuyentes, un Fisco más involucrado en el día a día de los procesos administrativos, la facturación electrónica, cruces administrativos, el uso de tecnologías nuevas y modernas, entre otros. Pero primero, el Estado debe identificar y transparentarle al pueblo cuál la presión tributaria que se busca o pretende alcanzar, para entonces poder determinar realmente en qué se van a enfocar para generar mayores recaudaciones. Aunado a esto, y a pesar de todos los esfuerzos que se encausen para lograr tales objetivos, es importante que el Estado reconozca que el déficit fiscal o la deuda no se va a resolver en un año o en dos; se requieren de esfuerzos continuos y constantes para lograr la recaudación que se aspira y mantener una presión tributaria alta.
En ese sentido, es incuestionable que gasto público sigue siendo el más importante de los focos, pues es obvio que mejorar su calidad se hace imprescindible para cualquier reforma fiscal sea al menos mínimamente representativa al cabo de un tiempo. Sobre este aspecto, hemos visto como la nómina pública del Estado ha ido en franco aumento, así como altos gastos en publicidad, así como otros gastos que, a pesar de poderse reducir, se ha decidió no hacerlo. Entonces, nos preguntamos ¿la reforma tributaria es para aumentar los ingresos y racionalizar el gasto para reducir la deuda y déficit fiscal, ¿o para aumentar el tamaño del gobierno? En las mismas palabras del presidente Abinader en el 2021, “al gasto público hay que ponerle lupa”. Sin embargo, con esta propuesta de reforma fiscal no hemos podido identificar cuales son los reales intentos de llevar el gasto público al menos en proporción lógica a los ingresos que tiene el Estado, sino lo contrario, el objetivo es gastar más.
A pesar de lo incómodo de la situación, aplaudimos el interés del Gobierno del presidente Abinader de abocarse a introducir la reforma fiscal pues definitivamente es necesaria. No obstante, sostenemos que con la promulgación de la misma no necesariamente se resolverán los problemas del déficit estructural que se han venido arrastrando durante décadas, esto ha sido así durante más de 25 años con el pasar de distintos gobiernos de turno. Los últimos tres gobiernos siempre registraron más altos niveles de gastos que de ingresos, y eso no es secreto para nadie. Entonces, si este gobierno tiene interés de realmente hacer las cosas distintas, y esta vez para bien, el ejemplo debe comenzar en casa.
Sin desmedro de lo anterior, estamos de acuerdo en la propuesta de eliminación parcial del cobro de anticipos a las empresas y de las exenciones a sectores que ya han logrado importante solidez para empezar paulatinamente a contribuir al Fisco, tomando en cuenta que dichos regímenes fiscales han agotado un tiempo considerable haciendo uso de los beneficios fiscales dispuestos en la ley. No obstante, no estamos de acuerdo en que dichas leyes de incentivo sean completamente eliminadas de manera inmediata, sino que sean revisadas y de manera organizada puedan ir realizando aportes de impuestos según ciertos elementos como tamaño, ubicación, entre otros. Además, es un tema de timing, ¿realmente es el mejor momento para tomar estas decisiones de afectar sectores como el turismo y otros que han aportado tanto a la economía dominicana y a su posicionamiento internacional? Consideramos que se puede evaluar y planificar un desmonte escalonado y consensuado con este y otros sectores que estarían siendo afectados de aprobarse dicho dispositivo.
Por su parte, sostenemos que existen varios elementos que deben ser revisados en la propuesta tales como el impuesto a la propiedad inmobiliaria pretendiendo gravar inmuebles de RD$5MM, gravar los intereses percibidos por una persona física para aumentar la base imponible de tus ingresos gravables a un 25% o 27%, el aumento a los alcoholes, entre otros que nos parecen que ya de por sí son sectores que vienen cargados desde antes de la propuesta de la reforma. Sostenemos que es la perfecta oportunidad para más que promulgar una ley para recaudar más, sea una ley para eficientizar las recaudaciones, lograr los objetivos del Gobierno de turno, mantener una estabilidad económica, pero, además, asegurar un sistema tributario más equitativo, transparente, y capaz de promover el desarrollo económico sostenible.
En palabras de mi profesor de Maestría de Derecho Tributario en Costa Rica, el Lic. Adrian Torrealba Navas: “Toda reforma fiscal debe ir en torno a tres principios: (i) equiparación y equidad, (ii) si tengo problema de evasión fiscal, la solución nunca es aumentar las tarifas porque castigas a los que no son evasores y promueves aún más la misma; y (iii) las reformas fiscales no pueden desincentivar las economías, sino incentivarlas.
De modo que, el mayor reto pendiente es lograr una reforma tributaria integral en donde a través del Congreso se logren escuchar las posiciones de los representantes de cada sector productivo del país para profundizar e identificar las verdaderas oportunidades en aras de lograr un sistema tributario progresivo, menos distorsionado, y para mejorar la calidad de vida de toda la colectividad.