Cuando en el año 2012 los poderes del Estado decidieron aprobar y promulgar la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el mandato en materia fiscal no podía ser más claro en su direccionalidad: impulsar y aprobar un Pacto Fiscal Integral. La respuesta de los hacedores e implementadores de las políticas públicas desde 2012 hasta la fecha ha sido un desprecio olímpico a dicho mandato, lo que ha generado un espacio de dificultad tributaria asombrosa y de ineficiencia en el gasto público pasmoso.
Hay señales en el entorno para impulsar una reforma fiscal (¿o tributaria?), y dichas señales han llegado acompañadas de algunas pistas discursivas y propuestas interesadas desde ciertos nodos de poder económico y profesionales supuestamente independientes. Sin embargo, algunas de esas propuestas parecen dirigirse únicamente a arañar superficialmente lo integral y, por consiguiente, a sumergirnos en un proceso de simple reforma tributaria, es decir, que el enfoque fundamental se dirija al aumento en los ingresos tributarios, obviando el tratamiento en cuanto a la calidad del gasto público.
Si este último camino llega a ser elegido para afrontar la problemática de insuficiencia relativa en los recursos públicos de origen impositivo, estaremos asistiendo a una clara decisión sociopolítica que puede dirigir la mayor carga tributaria de la reforma hacia grupos de menores ingresos relativos, pues algunas de las propuestas que obvian la integralidad del proceso sugieren medidas que se inclinan a profundizar aún más la alta regresividad del sistema tributario dominicano.
En ese contexto de posible proceso fiscal con sesgo tributario emerge la pregunta siguiente: ¿dónde realmente se encuentra la brecha fiscal significativa que puede solventar el aumento de nuevos recursos tributarios y evitar aumentar aún más el perfil regresivo del actual sistema tributario?
Un equipo interinstitucional integrado por profesionales de los ministerios de Hacienda (MH), de Economía y Planificación (MEPyD) y del Banco Central (BCRD) publicó en el año 2018 una interesante serie de incumplimiento fiscal con observaciones del periodo 2007-2017; dicho estudio irradia bastante luz para responder a la anterior interrogante.
Pues bien, al proyectar hasta el año 2023 la serie antes señalada, haciéndolo en modalidad conservadora, de tal manera que se tome en consideración la contracción económica acaecida en el país por la recién pasada crisis sanitaria (2019-2020), el resultado obtenido nos conduce a que en el año 2023 el incumplimiento fiscal ronda el 10.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos absolutos equivale a unos RD$714,320 millones que se evadieron, eludieron o, en menor medida, fueron objeto de declaración tardía en el referido año.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, estimó con fines presupuestarios en 4.5% el gasto tributario dirigido a exenciones de regímenes de incentivos en el año 2023. Cabe señalar que gran parte de ese gasto tributario fue inicialmente aprobado con una temporalidad determinada, para la mayoría con límite de beneficios para 10 años; sin embargo, gran parte de esas exenciones tributarias han echado raíces tan sólidas que llevan más de cuatro décadas renovándose, transformándose de esa manera en irritantes privilegios que socavan las finanzas públicas y, por tanto, la posibilidad de realizar más inversión en bienes y servicios públicos.
Por consiguiente, al combinar ineficiencia administrativa en la recaudación de impuestos con los irritantes privilegios de exenciones fiscales a entidades productivas de supuesta competitividad, se identifica un amplio y jugoso espacio fiscal de alrededor del 14.9% del PIB del año 2023, acercándose esas prácticas combinadas a la indecente cifra de un billón de pesos entre incumplimiento y regalía tributaria recurrentes al conglomerado empresarial de escala mayor.
Sin duda, esa brecha fiscal señalada constituye un excelente lugar para acceder a los tan necesitados nuevos ingresos fiscales. Acceso que muy bien se puede lograr mediante el aumento efectivo de la recaudación de las leyes vigentes, más la eliminación de las ganancias extraordinarias que, graciosamente, transfiere el Gobierno Central a empresas que, por los años en el mercado, no precisan de sostener esos privilegios de exenciones impositivas y cuyo sostenimiento es una fuente que catapulta la desigualdad social en la sociedad dominicana.
Aun consiente de que no toda la eliminación de exenciones fiscales se traduce en nueva recaudación, dado la ponderación en el PIB de las exenciones, sus eliminaciones pueden llevar a elevar con grado de significación los montos fiscales adicionales deseados para atender necesidades sociales y fines de producción interna.
En el camino hacia una reforma fiscal efectiva que se precie por mejorar la justicia social, es recomendable que, además de preocuparse por aumentar los ingresos tributarios, aborde de manera seria la ineficiencia administrativa en materia recaudatoria, lo mismo que la eliminación de privilegios fiscales de dudosa justificación en cuanto a su vinculación al bien común.
Ese enfoque se revela como una senda promisoria para fortalecer el sistema tributario, impregnarle más equidad al tiempo que se mejoran las finanzas públicas y, consecuentemente, poder incrementar la inversión en bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo y el beneficio de muchos, y no solo de unos pocos.