La declaración del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la República Dominicana, publicada en julio pasado, ofrece un panorama detallado de la situación económica del país y de las políticas recomendadas para fomentar el crecimiento económico y mantener la estabilidad macroeconómica. Además, aborda cuestiones fiscales importantes.
En lo que respecta a la cuestión fiscal, la propuesta del equipo técnico requiere un análisis que considere tanto los aspectos positivos como los beneficios potenciales de un enfoque más equitativo que el actualmente prevaleciente en el país, especialmente en relación con la reforma fiscal integral sugerida por el FMI.
La declaración destaca varios aspectos positivos del perfil económico de la República Dominicana:
- El robusto crecimiento económico experimentado en las últimas dos décadas.
- La efectiva recuperación del crecimiento económico tras la pandemia.
- El regreso de la inflación a niveles meta el año pasado.
El equipo sugiere la normalización gradual de la política monetaria y la reposición de espacios fiscales y externos. Específicamente, en términos fiscales, recomiendan una revisión integral que incluya:
- La ampliación de la base tributaria.
- Una reforma fiscal que evite la evasión.
No obstante, la declaración omite la necesidad de equidad que debería acompañar dicha reforma en una economía con las características y funcionamiento de la República Dominicana.
En general, la propuesta de una reforma fiscal integral tiene elementos positivos. Sin embargo, necesitaría un enfoque con mayor contenido social para buscar una justicia fiscal que combata la alta desigualdad de ingresos en la sociedad dominicana.
El personal técnico del FMI aboga por la reducción de exenciones fiscales. No obstante, no distingue entre las exenciones de alcance social y aquellas que constituyen privilegios en sectores productivos de gran tamaño y mayores ingresos. Estos privilegios, además, se mantienen por décadas, distorsionando el mercado, que, según otros documentos del FMI, debería funcionar libre de distorsiones.
El informe no menciona que reducir las exenciones fiscales destinadas a fines sociales podría imponer una carga desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos, agravando las desigualdades en lugar de disminuirlas.
La declaración también incluye una revisión de subsidios y beneficios fiscales, con el objetivo de mejorar la eficiencia fiscal. Es crucial proteger los subsidios dirigidos a los grupos más vulnerables. Una revisión mal implementada podría reducir beneficios esenciales para los sectores menos favorecidos, en lugar de enfocarse en la reducción de subsidios ineficaces, como los privilegios otorgados a grandes empresas durante períodos prolongados.
El FMI sugiere que la ampliación de la base tributaria sea un objetivo importante en la reforma fiscal. Sin embargo, es esencial considerar cuidadosamente las implicaciones de eliminar exenciones actuales del ITBIS sobre productos y servicios, ya que podría impactar negativamente a los grupos de ingresos bajos.
La reforma debe garantizar que la carga fiscal no se desplace hacia los contribuyentes de bajos ingresos, quienes ya enfrentan una carga tributaria relativamente alta en comparación con sus ingresos. Las reformas deben diseñarse de manera que no aumenten la presión fiscal sobre los segmentos más vulnerables de la población.
El FMI destaca la importancia de reformar el sector eléctrico para mantener un alto crecimiento económico. Sin embargo, es crucial asegurarse de que los costos no se transfieran a los consumidores finales, especialmente a los hogares de bajos ingresos. Un enfoque progresivo que proteja a los consumidores más vulnerables durante la transición hacia un sistema eléctrico más eficiente es esencial.
Para que las políticas propuestas sean efectivas y equitativas, deben integrarse con un enfoque que priorice la equidad social y reduzca las desigualdades. La reforma fiscal no debe imponer una carga adicional a los sectores de menores ingresos, y la ampliación de la base tributaria y la revisión de subsidios deben realizarse de manera que beneficien al bienestar colectivo sin perjudicar a los grupos vulnerables.
El equipo técnico del FMI, al alejarse de su propuesta de una reforma fiscal integral, omite considerar medidas relacionadas con el gasto público, lo que sugiere una preferencia por una reforma exclusivamente tributaria. Esta parcialidad contradice la integralidad mencionada en su declaración.
Un enfoque balanceado de justicia fiscal debe asegurar que la reforma sea equitativa y eficiente financieramente, y que también promueva la justicia social y el bienestar colectivo. Esto implica no solo buscar la equidad en la carga tributaria, sino también asegurar que el sistema fiscal en conjunto contribuya a la cohesión social y a la reducción de desigualdades.