Mision Justicia

Reflexiones del Observatorio latinoamericano contra la trata de personas

Nuestro país está a un paso muy cercano de modificar la Ley de Trata de Persona y Tráfico Ilícito de Migrantes, lo cual esperamos sea un hecho concreto en la próxima legislatura.

Por Sonia Hernández

El mes pasado tuve la oportunidad de participar y ser ponente en el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, titulado: “Capitalismo y Patriarcado. Acciones institucionales y comunitarias para la erradicación de la trata de personas”, celebrado en Ciudad México.

Este congreso es celebrado cada año por el Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas a fin de articular encuentros con actores clave del sistema de justicia, sociedad civil y académicos para promover discusiones y propuestas en torno a políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, en donde la participación de los pueblos y comunidades sea el eje central.

El congreso se convierte, por ende, en un espacio regional de articulación de diversos actores clave; su producción colectiva de conocimientos se utiliza para incidir en la prevención, persecución, erradicación de la trata de personas en el continente americano y la protección integral de sus víctimas, con un enfoque de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, interculturalidad y acceso a la justicia.

Como este año el congreso tuvo un enfoque patriarcado, tocó un tema sumamente controversial, pero con una postura interesante, y fue la presentación de la prostitución como antesala de la trata de personas.

Nunca antes había participado en un foro donde abiertamente se tratara el tema de la prostitución como una causante de la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta postura provocó un enfrentamiento entre grupos de mujeres presentes a favor de la prostitución, y otro grupo de mujeres abolicionistas; un enfrentamiento largo y rudo en medio de un congreso de contexto regional, que por cierto se celebraba en las instalaciones de la cámara de diputados de Ciudad México.

Al día siguiente de la discusión, una de las mujeres del grupo abolicionista era la que impartiría la conferencia magistral, la cual se titulaba: “Ninguna mujer nace para puta”, autora del libro del mismo nombre. Sonia Sánchez inició a narrar su impactante y escalofriante historia de vida, de cómo pasó de la prostitución a ser víctima de trata de personas con fines de explotación sexual.

Desde muy joven se prostituyó y terminó siendo explotada sexualmente, no importa el escenario frente al cual se encontraba, siempre recibía violencia y coerción por parte del cliente, de ahí su análisis para sostener que la prostitución abre el camino a la violencia y a la explotación, razón por la cual promueve un movimiento para su abolición.

Ella refiere el término de prostitución en lugar de trabajadora sexual, ya que este tipo de actividad no es lo que ella considere un trabajo: de acuerdo a su postura y experiencia, la prostituta se somete a la voluntad de quien busca y paga por su servicio, y por consecuencia del poder que adquiere frente a ella, termina desencadenándose en violencia y coerción en su perjuicio. Al final establece, ¿quién va a creer o respetar una prostituta si ya esta condición la despoja de muchos derechos?

De tal forma, la autora establece que el Estado que no prohíbe la prostitución provoca que la persona prostituida sea el resultado del accionar proxeneta del Estado, es decir que el Estado es el proxeneta por cuanto brinda y facilita la prostitución; este Estado se caracteriza por la incapacidad que tiene como aparato de resolver los problemas económicos que afectan a ciertas poblaciones y por eso “te utiliza” como parte del mecanismo de resolución, otorgándote la concesión clientelar.

Una teoría radicalista, profunda y de gran análisis que envuelve ciertos matices a considerar para mejoría del Estado en la solución de problemas de sus ciudadanos. Por eso su postura de que el universo de la prostitución es un pendiente de todos los sistemas políticos, de todas las ideologías y de todas las culturas del mundo.

Todo lo anterior deja entrever los planteamientos interesantes que se suscitan en espacios de intercambio de experiencias profesional y personal. Sonia Sánchez, sobreviviente de la prostitución y la trata de personas, trae su voz a estos espacios como esa voz de la sobreviviente que trae consigo una visión y estructuración del problema desde su posición como víctima.

Nosotros como ciudadanos, actores o auxiliares del sistema de justicia, como profesionales, sociedad civil, hemos entendido el alcance de este problema mediante estudio, análisis, prácticas… pero la mejor fuente para entender la perspectiva de la prostitución, la trata de personas, la explotación sexual o cualquier delito es la voz de la víctima.

El Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas se organiza a través de sus capítulos o espacios nacionales para generar sinergias en las orientaciones generales y acciones de incidencia política y social. Este 2022, su postura se orientó a la reflexión de los países frente a la prostitución y sus políticas públicas para su erradicación o su elección de continuar siendo ‘‘Estado proxeneta’’. Un contexto y reflexión muy diferente a otros capítulos, pero que la final persigue el mismo fin: eliminar la explotación sexual. En tal virtud, la voz de la víctima es poderosa para entender los problemas que acarrea.

Nuestro país está a un paso muy cercano de modificar la Ley de Trata de Persona y Tráfico Ilícito de Migrantes, lo cual esperamos sea un hecho concreto en la próxima legislatura, y entre los argumentos a considerar apelamos como sociedad civil sea tomado en cuenta la voz de la víctima. No obstante, las importantes reflexiones que a nivel internacional aportan los encuentros internacionales para la eficiente aplicación de una apropiada política pública que responde ante las aristas y efectiva ley contra la trata, esperamos sea igual tomado en cuenta para la implementación de las futuras políticas públicas que se deben aplicar a favor de la víctima.

Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia (IJM).

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