Control en los niveles de inflación, baja en la cotización del dólar (esta semana se cotizó a RD$53.2×1), y un incremento de la inversión local y extranjera en grandes proyectos turísticos, constituyen tres factores que vislumbran una rápida recuperación de la economía en República Dominicana.

Estos factores tienen como base de sustentación el aumento de las divisas a través de las remesas de la diáspora dominicana en más de $5,263 millones de dólares a junio de este año; un mayor flujo de llegada de turistas al país, con casi dos millones en el mismo período, y el interés de potenciales inversionistas extranjeros en desarrollar proyectos en una nación con grandes perspectivas de crecimiento.

Esos cambios económicos que benefician al país, y que favorecen a la administración del presidente Luis Abinader y su partido el Revolucionario Moderno (PRM), son malas noticias para la vista y oídos de los políticos opositores que lideran los de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), quienes reniegan esos logros porque les son adversos a sus intereses.

De acuerdo con proyecciones de expertos del Banco Central y el Ministerio de Turismo, las remesas de los dominicanos en el exterior podrían superar este año los $10 mil millones de dólares, y el número de turistas sobrepasar los cinco millones de visitantes.

Está sobreentendido que la crisis económica que afectó República Dominicana y el resto del mundo en los últimos tres años estuvo motivada en la pandemia del Covid-19, el incremento de las materias primas y productos de bienes y consumos internacionales por desabastecimiento, y el alza de los precios del petróleo.

De igual manera, la pandemia afectó el turismo, la construcción y la minería, afectando los ingresos y causando presión en los gastos fiscales del gobierno.

La estabilidad política del país, más el marcado interés del gobierno dominicano por consolidar un sistema de justicia funcional e independiente de toda influencia político- partidarista siguen jugando un rol preponderante para un mejor desenvolvimiento de la ciudadanía.

Reportes económicos revelan que la inversión extranjera sigue indetenible en República Dominicana, actividad que, en su mayor parte, se ha centrado en la construcción de inmensos proyectos habitacionales, hoteles y villas turísticas, ante la gran demanda de alojamiento por parte de vacacionistas locales y extranjeros.

Confianza en las instituciones de decisión. Es algo que de cierta forma ha calado entre inversionistas, y que la actual gestión del presidente Luis Abinader ha desplegado esfuerzos porque así sea.

El desorden en la administración del Estado y todas sus dependencias que creíamos conocer, y que pasó a ser una norma desde hace más de 20 años, afectando severamente los sectores productivos, la banca y el comercio, ha sido tan vergonzoso que no hay parámetro para cuantificarlo.

Pasadas administraciones que manejaron los fondos del Estado prefirieron en su mayoría satisfacer sus apetencias personales, aumentar sus cuentas bancarias y la de sus más cercanos acólitos, en perjuicio del país, poniendo en práctica los más sofisticados y vulgares actos de corrupción, contribuyendo con ello a llevar más miseria e ignorancia a los sectores más necesitados.

Más que acabar con la pobreza, la incrementaron, empobrecieron ciudades, pueblos y barrios con sus irresponsables y despreciables actos reñidos con la ley.

Para asegurar sus fechorías, corrompieron no solo el sistema judicial para que los blindaran o protegieran, sino que comprometieron a los organismos militares y policiales, a empresarios y comerciantes.

Escuchar los informes de los sometimientos judiciales a los involucrados en robo al erario, asociación de malhechores, estafa y sobornos cometidos en pasadas administraciones, no solo es difícil de asimilar por los cuantiosos montos sustraídos, sino que se nos hace cuesta arriba determinar cómo pudo sobrevivir el país ante los desfalcos cometidos en su contra.

Al presidente Luis Abinader le entregaron un país en banca rota, un Ministerio Público corrompido y comprometido políticamente, un sistema sanitario colapsado por la pandemia, un mercado internacional cerrado por la misma causa y con muy pocos recursos para enfrentar las grandes necesidades que demandaba la nación.

A pesar de ello, el presidente Abinader mantiene su lucha de levantar el país del caos económico y la inseguridad ciudadana que dejaron los corruptos, intentando resolver las dificultades que genera administrar una nación con los pocos recursos económicos encontrados.

Ante una administración interesada en salvaguardar con honestidad los recursos del Estado, y una efectiva redistribución de esos recursos para el saneamiento de la economía del país, es lógico que empecemos a ver un poco de luz al final del túnel.

Una administración pública transparente, respaldada por un sistema judicial fuerte e independiente genera confianza no solo en los pequeños y grandes inversionistas locales, sino también en las corporaciones y empresarios internacionales.