Enero 2024. Me encuentro sentada en la fiscalía de una provincia del país, esperando mi turno para la celebración de una vista. De momento entra una señora y pregunta si ya llegó el sistema para ella poder presentar su denuncia, ya que el día anterior estaba dañado, a lo que la secretaria le manifiesta que aún no se ha reparado. La señora desesperada pide que por favor la ayuden, que fue víctima de un atraco y están utilizando su identidad amenazándola a ella y a su familia, pidiéndole dinero, que la tienen ubicada y teme por su vida. La fiscalía le insiste que debe volver después cuando se reestablezca el sistema para poder recibir su denuncia y atender su caso.
Algunos abogados presentes, indignados con la respuesta dada a la señora, empezamos a indagar sobre el caso sucedido en su contra, descubriendo así que debía presentarse a otra jurisdicción que era la que le correspondía, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos. ¡Qué fácil fue darle una respuesta un tanto satisfactoria a una usuaria que buscaba ser atendida por las autoridades, solo con escucharla! Y digo un tanto satisfactoria porque ahora faltaba presentarse a esa otra fiscalía y ver cómo sería atendida, demostrar que llevaba ya dos días perdidos intentando presentar una denuncia y que finalmente alguien tome en serio su caso.
Esa falta de orientación y atención al ciudadano es una realidad presente en algunas fiscalías del país. Usuarios llegan sin la asistencia de abogado, no reciben la información adecuada de parte del servidor público a cargo, pierden tiempo y recursos sin respuesta satisfactoria para su caso y todo esto provoca frustración e impotencia al máximo nivel.
Hablar del acceso a la justicia es referirnos a un derecho fundamental que permite a cualquier persona poder hacer valer su derecho de forma justa y equitativa ante la ley, sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión; es el derecho que tienen todas las personas a utilizar las leyes, las normas, los juicios y otras herramientas de la justicia para conseguir y proteger sus derechos, como por ejemplo poner una denuncia para proteger tu derecho.
El acceso a la justicia existe y es garantizado en todo Estado social y democrático de Derecho; lo vemos en la práctica cuando las personas acuden ante un tribunal o una autoridad judicial para protección efectiva de un derecho vulnerado, garantizando así que ciertamente las personas puedan acudir ante ellos a reclamar por su derecho. Pero, para que esto sea posible, es importante que las personas conozcan cuáles son sus derechos y como funcionan los procesos legales, y sino tienen la forma de obtener estos conocimientos el Estado debe garantizarles esa asesoría y orientación legal gratuita sobre su caso.
Garantizar el acceso más amplio posible a la justicia para proteger los derechos, satisfacer las necesidades básicas y promover la participación ciudadana, resulta indispensable para el desarrollo social, económico y político de cualquier país. Sin embargo, encontramos que la falta de acceso a la justicia se encuentra presente en muchos países de la región, siendo un desafío en el cual los sistemas de justicia de América Latina deben lidiar y confrontar a diario.
En nuestros países, vemos que la falta de acceso a la justicia afecta particularmente a grupos vulnerables, los que históricamente han sido marginados social y económicamente como son los sectores pobres, las mujeres, los inmigrantes, grupos LGTBQ, entre otros.
Asimismo, existen múltiples factores que dificultan el acceso a la justicia como es la misma pobreza, la escasez de servicios legales de forma gratuita y por último, no menos importante, la desconfianza del sistema de justicia. Estos 3 factores impactan negativamente y manera general el acceso a la justicia en los países de América Latina.
Partiendo de esa realidad, ¿cómo podemos entonces fomentar el acceso a la justicia? Su solución requiere promover e implementar cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas que terminen con la desigualdad y la pobreza. Se puede comenzar por ejemplo con implementar estrategias que promuevan la educación sobre derechos, la representación legal gratuita para acceso a la justicia y el trato justo e igualitario que toda persona debe recibir.
Del mismo modo, la participación ciudadana de las personas y comunidades recurrentemente usuarias del sistema de justicia pueden contribuir a la formulación de estrategias y políticas públicas para su mejora; así, se crearán las condiciones para empoderar a esas mismas personas y comunidades de como acceder a la justicia, brindándoles la información y herramientas necesarias para que conozcan la ley, sus derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos.
A ese fin, necesitamos crear proyectos educativos sobre la ley y los derechos para todos los sectores; necesitamos proveer información y materiales de ayuda a todas las personas, especialmente a aquellas que se representan a sí mismas, y proveer información y materiales para los abogados que ofrecen sus servicios a estas personas.
República Dominicana no es el único país con dificultades para garantizar el acceso a la justicia. Hemos tenido logros notables y a gran escala en el ámbito judicial y sus respuestas a los usuarios, pero hace falta más aquí, y en muchos otros países.
Es importante como ciudadanos conocer nuestros derechos e incluso reclamarlos ante la negativa de acceso a la justicia; se hace imperante crear un mecanismo en el cual todo servidor público que reciba a una persona en su dependencia se vaya con una respuesta asertiva u orientativa de su caso, y no llena de incertidumbre, frustración e impotencia.
Empatía y vocación de servicio son las cualidades que deben adornar a todo empleado del sector público, pues los servidores públicos son eso, personas que ejercen un servicio para todo el público, un servicio de ayuda, de información y orientación al usuario; su objetivo debe ser el lograr que un usuario salga de su entorno no con una respuesta positiva o negativa sobre su caso, sino con la atención merecida de una persona que se acerca a una autoridad para pedir ayuda.
Si la servidora pública que recibió a la señora del caso mencionado al inicio de este escrito hubiera tenido un poquito más de empatía y vocación de ayudar a un usuario, la hubiera escuchado, orientado y solo con eso, aún sin resolverle su caso, ella se hubiera marchado feliz como de hecho se fue cuando los abogados presentes le prestamos atención. Muchas veces los usuarios requieren más ser escuchados que resuelto su caso de inmediato.
En lo que el país implementa su mejora en el acceso a la justicia para todos, hagamos nosotros nuestra parte, como usuarios, como auxiliares de la justicia, como ciudadano común, y proveamos empáticamente una ayuda legal a quien necesita ser orientado.
Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, actualmente socia del despacho legal Global District Law y consultora experta en materia de trata de personas. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.