Días pasados fue anunciada la selección de la República Dominicana como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el período 2024-2026. Este consejo, compuesto por 47 Estados Miembros, tiene la responsabilidad de fortalecer, promover y proteger los derechos humanos en el mundo.
El Consejo de Derechos Humanos fue creado en marzo de 2006 mediante la Resolución No. 60/251 de la ONU, como un órgano intergubernamental del Sistema de las Naciones Unidas, sustituyendo a la antigua Comisión de Derechos Humanos. Desde sus inicios se estableció que, por razones de equidad geográfica, 13 de los Estados Miembros deben pertenecer al Grupo de naciones africanas, 13 de Asia y el Pacífico, 6 de Europa Oriental, 8 de América Latina y el Caribe, y 7 al Grupo de países de Europa Occidental y otros Estados.
El período de duración de los miembros del Consejo es de tres años y no pueden optar por la reelección inmediata después de dos mandatos consecutivos. De manera anual se renueva el tercio de sus miembros.
La función principal del Consejo, cuya sede se encuentra en las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, radica en fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y abordar situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales; por ende, deben formular las recomendaciones pertinentes a los países para restituirlos, repararlos y/o establecer las sanciones pertinentes en los casos que la ameriten.
Como se observa, los Estados miembros del Consejo tienen toda la facultad de discutir todas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. El Consejo sesiona ordinariamente tres veces al año en los meses de marzo, junio y septiembre, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, pero tiene facultad a convocar reuniones urgentes a fin de responder situaciones de emergencia en materia de derechos humanos.
De conformidad a lo circulado por la prensa local ante el anuncio de esta selección a nuestro país, la República Dominicana “busca asumir, por primera vez, los compromisos de trabajo que tiene definidos en ese sentido, a propósito del interés del presidente de la República Luis Abinader, de colaborar a nivel internacional con el fortalecimiento de los derechos humanos”.
Del mismo modo, el canciller Roberto Álvarez resaltó que el “ocupar un asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos otorgaría al país el espacio idóneo para posicionarse como líder regional en temas vinculados con los derechos fundamentales y, a su vez, impulsar un diálogo participativo y abierto desde la visión de un país receptor y emisor de migrantes”.
Confieso que la afirmación anterior me llena de esperanza; quiero sentirme confiada de que, siendo parte por primera vez del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, servirá de motor a nuestras autoridades para la creación e implementación de muchas políticas públicas en protección de derechos fundamentales. La política exterior busca promover los valores democráticos y los derechos humanos consagrados en la constitución y en los tratados internacionales, por lo que siendo parte del Consejo de Derechos Humanos actualmente me conduce a creer que esto será posible.
Y es que formar parte del Consejo no es algo que surge por casualidad; significa que el país se presentó ante miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales acreditados en el país, funcionarios del Gobierno dominicano, empresarios, líderes de opinión y representantes de la sociedad civil a fin de postularse; así, alcanzó una gran cantidad de votos frente a otros Estados para ser ganador, un total de 137 votos de 186 válidos.
Definitivamente esta posición es un reconocimiento de la comunidad internacional a la política exterior dominicana que ayuda a fortalecer el liderazgo del país, ya que el Consejo de Derechos Humanos constituye uno de los principales órganos del Sistema de las Naciones Unidas.
El canciller lo anunció como una entrada histórica de la República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y está en lo cierto. Tal como él lo manifestó, constituye un hito para el país y reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con la promoción, protección, defensa y cumplimiento de los derechos humanos a nivel global, como lo contempla la política exterior nacional en su eje número tres”.
A partir de ahora, quedamos a las expectativas de resultados; esta gran oportunidad de formar parte del Consejo de Naciones Unidas, debe impulsarnos como país a mejorar estratégicamente nuestra legislación y políticas públicas en la protección de derechos fundamentales, de las víctimas, de toda persona sometida a opresión. Conforme establece la Constitución Dominicana, el Estado se fundamenta en la protección de la dignidad de la persona y esa dignidad está completamente atada al reconocimiento y protección de derechos fundamentales de toda persona.
Tal como he compartido en entregas anteriores, y una buena forma de dar inicio a implementación de leyes que protegen los derechos fundamentales de personas, es con la adopción de una ley de protección a víctimas del delito y una nueva ley contra la trata de personas.
Ambas son iniciativas legislativas que han sido presentadas al congreso cuya finalidad, en el caso de la ley de víctimas, es resguardar los derechos de toda persona víctima del delito, igualándolo con la ya protección legal que ha dispuesto el Estado Dominicano a favor del acusado; y en el caso de violaciones graves a los derechos humanos como es el delito de la trata de personas, es disponer de una gama de disposiciones ajustadas a la realidad del país para la prevención y persecución del delito, la protección y restitución integral de la víctima a fin de lograr la reparación justa y sostenible de la cual ha sido cohibida durante tanto tiempo.
Estamos en deuda con la víctima, es hora de legislar a su favor.
Sonia Hernández es abogada penalista, ex procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, actualmente socia del despacho legal Global District Law y consultora experta en materia de trata de personas para Misión Internacional de Justicia, República Dominicana (IJM). Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.