Ahora sí estoy sumido en una especial, particular perplejidad al contemplar y escuchar con desdén el colmo de la oposición y algunos comunicadores de callar al presidente Luis Abinader. Exigen que no inaugure obras por período electoral a razón de su candidatura a la reelección. Y que ni siquiera realice rueda de prensa, lo que me hace recordar tristemente la ley mordaza que le aplicó Balaguer a J. Fco. Peña Gómez para imponer su dictadura del silencio.
Están pidiendo algo que ellos no hicieron cuando gobernaron 20 años, jamás dejaron de usar los recursos del Estado y en medio de la Pandemia tocaban las puertas de madrugada para entregar por votos una fundita o la llamada tarjeta Solidaridad, despertando con temor a los durmientes. Esa oposición alicaída no posee ni un ápice de autoridad moral para emprender peticiones de restricciones electorales a un candidato como Abinader, respetuoso de las leyes y normas electorales, como nunca fueron capaces de exhibir los peledeístas. Hoy exigen con hipocresía lo que ellos desconocieron con sordera extrema y sin sancionar a ninguno de los suyos.
Lo lamentable es, que encuentran socios comunicadores que les hacen el juego en su truco, deprimido por no poder levantar cabezas en la competencia electoral; la frustración los invade y sueltan palabrerías sin sentido, tal como dijera un senador al sugerir que dejaran entrar al entonces primer ministro Ariel Henry por un asunto humanitario. ¡Qué mala fe!
Todo este escarceo nos pinta ante los extraños con una actitud tonta, porque de cumplirse tal despropósito paralizaríamos el país y silenciaríamos al presidente, una forma de despojarlo de su vestimenta de presidente y, por tanto, de su cotidiana ejecutoria en su calidad constitucional. Amén, de que Abinader es el símbolo de la transparencia, la honestidad y la decencia que muchos no exhibieron, y hoy acuden a falacias como si fueran modelos moralistas. ¡Qué sean otros los peticionarios, no ustedes! Hay que tener autoridad moral para hablar. Quien no exhibe autoridad moral, no tiene competencia para hacer reclamos de comportamiento y queda, asimismo, desautorizado para pedir exigencias en esta materia.