Un juego pesado que los más adultos acostumbraban a jugar con los más pequeños, era el de “ver a Dios comiendo arroz”, que consistía en que con las dos manos se levantaba por la cabeza a un inocente niño hasta que no pudiera resistir más.

Pero el acuerdo entre República Dominicana, Centroamérica, a excepción de Costa Rica y Estados Unidos (DR-CAFTA) no es un juego. Fue un acuerdo de libre comercio entre nuestro país los países centroamericanos y Estados Unidos, se inició su negociación en enero del año 2003 y finalmente se firmó en el año 2005, pero República Dominicana se incorpora a dicha negociación un poco tardío en julio del año 2004 y el acuerdo entró en vigencia en este país en marzo del año 2007.

A propósito, lo dicho por el equipo negociador, que casualmente era encabezado por la actual Embajadora Dominicana en Estados Unidos Sonia Guzmán y que además estuvo compuesta por Carolina Medina Hija del presidente de ese entonces Hipólito Mejía (2000-2004) y actualmente secretaria general del partido gobernante PRM, entre otros.

Según comentarios del mismo equipo negociador dominicano en ese entonces, la República Dominicana no pudo hacer una buena negociación dentro del acuerdo comercial, pues además de llegar tarde y no tener mucho tiempo para analizar detenidamente los documentos del acuerdo, estos estaban en inglés y las conversaciones también en ese idioma, lo que generaba mucha confusión entre la comisión negociadora dominicana y tuvieron que aprobar aspectos que fueron impuestos por Estados Unidos, amén de la presión que tenían de la presidencia dominicana, de que debían avalar esos aspectos del acuerdo.

La desaparición de la producción nacional de arroz implicaría la eliminación de más de 90,000 empleos directos, 320,000 empleos indirectos y la pérdida de ingresos por parte de los productores nacionales de más de 45,000 millones de pesos.

Grosso modo, los cinco temas, que incluye el DR-CAFTA son: asuntos institucionales y de administración del tratado; comercio de bienes; comercio de servicios e inversión; contratación pública de bienes y servicios y otros temas no comerciales pero relacionados con los bienes que se comercian bajo en este tratado, en particular propiedad intelectual, normas laborales y normas ambientales.

La prisa con que entró República Dominicana llegó a dicho acuerdo comercial, ha implicado una serie de desventajas para el país, tanto ante Centroamérica como ante Estados Unidos, pues existen aspectos que afectan la producción nacional y en particular la producción agrícola.

Dentro de los acuerdos en lo que respecta a los productos agrícolas, el más sensible ha sido el del arroz, pues se plantea la eliminación total de los aranceles en la importación de arroz proveniente de Estados Unidos, país que es el quinto mayor productor de arroz del mundo, para el año 2025. Actualmente la tasa arancelaria para entrada de arroz es de 23.76% y ya para este mismo año 2022 se ha planteado un desmonte a la mitad hasta llevarla a 11.88%.

Eso significaría que en función del subsidio que tienen los productores de arroz norteamericanos, viéndolo de forma simple, el arroz importado a precio del consumidor dominicano, en lo inmediato podría pasar de 30 pesos a 22 pesos la libra.

¿Pero qué implicaciones tendría lo señalado anteriormente, en el mediano y largo plazo?:

En primer lugar, la desaparición gradual de la producción nacional, que en el año 2022 fue de más de 14 millones de quintales y con esto conociendo la forma monopólica como se autoriza históricamente las importaciones de arroz por parte del gobierno y sobre todo las más recientes, en la medida que desaparece la producción nacional el precio podría sobrepasar los 30 pesos la libra al consumidor.

En segundo lugar: La desaparición de la producción nacional de arroz implicaría la eliminación de más de 90,000 empleos directos, 320,000 empleos indirectos y la pérdida de ingresos por parte de los productores nacionales de más de 45,000 millones de pesos.

La alternativa es que el gobierno defina una política clara con relación a la situación actual, para que la producción local mejore su competitividad y mientras tanto destinar recursos para el subsidio de la producción de arroz, porque la producción de arroz como hemos visto, además de ser el producto de mayor consumo de los dominicanos, tiene un impacto económico y social de primer orden, sobre todo en las regiones donde se produce este grano.