La sociedad dominicana no se opone a que el gobierno gaste, ponga impuestos, se endeude y de subsidios.

Por eso un partido libertario no es mayoría, en la UASD no hay bustos de Menger, Bastiat, Mises, Rothbard o Friedman, no se enseña filosofía de los campeones de la libertad económica y Thomas Jacob entiende que nos falta un buen trecho para ser país modelo del Oboxplanet le inspiró Hans Hoppe.

La mejor descripción de nosotros es ser un amasijo de creencias con mayoría de centro izquierda desde el 1996. En consecuencia, no es sorpresa que ahora gaste, cobre, tome prestado y reparta más que antes.

También que a la hora de introducir reformas siga siendo excepción el abril funesto que se pudo evitar con mejor tacto político. En el caso de las tributarias, llevamos casi tres décadas aceptando reformas porque llegaron calibradas con los límites de tolerancia en vigencia para cada momento.

Lograr esos ajustes es más arte que ciencia y las circunstancias no son siempre iguales. Se llegan a ellos con diálogo para consensuar lo consensuable, una dinámica mucho mejor para recibir retroalimentación que la experiencia reciente de someter proyecto y esperar reacciones por la prensa, redes sociales, vistas públicas y protestas.

La tarea ahora del gobierno es dar prioridad a presentar una reforma impositiva tomando en cuenta el caudal de opiniones sensatas de dominio público generó este proceso.  Los aspectos espantosos deben desaparecer como bajar la deducción del IPI; eliminar exenciones del ITBIS a productos básicos; gravar el ahorro a niveles rechazará todo el que tiene depósitos en los bancos regulados; intentar gravar aquí actividades dinámicas ligadas al sector externo en proporción mayor a la de los pares con que competimos; obligar a declaraciones juradas a millones personas dependen salario tiene retención obligatoria.

En el mismo proyecto presentado al Congreso hay una admisión de incapacidad de cobrar impuestos que, obviamente, causa irritación a todo el que ahora se le quiere imponer cargas adicionales para compensar esa evasión.  La oportunidad ahora se tiene para analizar una propuesta de que el impuesto sobre la renta se cambie por un impuesto a las ventas brutas, algo que Andy Dauhajre ha explicado de manera magistral.

De las mismas protestas frente al congreso tiene argumentos para mantener la eliminación de la Ley de Cine. “Sin Ley No Hay Cine” es una admisión de que todos estos años la ley se enfocó en el cineHasta, dedicarme al cine hasta que esté viva la ley.  El gobierno no está prohibiendo que se haga cine, simplemente explica que la actividad debe ser financiada con el propio dinero de los empresarios privados, no con los fondos que éstos iban a pagar de impuestos.

El Ministerio de Hacienda tiene todos los datos para explicar que una empresa acogida a la Ley de Cine hoy que “patrocina” una película de 67.5 millones supone una inversión de riesgo de apenas el 5% del total de fondos con que se queda la empresa por concepto de ganancias después de impuestos más el 50% de la subvaluación de ingresos gravables. Es decir, empresario con una disponibilidad de fondos por ganancias y evasión de 1,230 millones no pone un peso propio en una película criolla.

En conclusión, a sentarse para presentar un proyecto con impuestos mejor sazonados y que también incluya otros aspectos sensatos de reducción de gastos señalados en los debates. Con eso estoy seguro estará dentro de los niveles de tolerancia de una sociedad no ha demostrado rechazo de principio a los gastos, impuestos, deudas y subsidios.  Está todavía muy lejos el día que a los impuestos lo definamos con mayoría aplastante como lo hacía el gran guerrero libertario Murray Rothbard. Aprovechen la oportunidad.