Recientemente se difundió públicamente un estudio realizado por el MINERD que muestra en el año escolar 2022-2023 el registro en los centros educativos de un total de 1,422 estudiantes embarazadas de las que unas 112 su embarazo es el resultado de violación sexual, 28 por causa de incesto. Igualmente 3,105 que son madres y unos 1,158 padres adolescentes.
Resulta muy importante que el Ministerio de Educación visibilice públicamente una situación que ha sido y es la realidad de la población estudiantil en nuestros centros educativos. Las aulas albergan una población infantil y adolescente victima de acoso, abuso sexual, uniones tempranas tanto femenina como masculina.
Estudios cualitativos que hemos realizado en las escuelas (2011) (2017) (2019) presentan una interacción entre estudiantes marcada por el acoso sexual y los relatos de prácticas de explotación sexual, abuso sexual y manejo de una vida sexual activa en población infantil y adolescente femenina y masculina. La doble moral que ha marcado el abordaje de la sexualidad en la escuela ha favorecido a que estas situaciones no se incorporen a los procesos educativos con un enfoque de género y derechos para incidir en la ruptura de estos círculos de violencia sexual. Por el contrario, el personal docente, orientación y directivo se mantiene de espalda.
La situación de las adolescentes embarazadas y madres en los centros educativos se convierte en muchos casos en “un problema” que genera discriminación, bullying y exclusión social. Muchas familias y docentes entienden que las niñas y adolescentes que no son madres ni se embarazan no “deben” juntarse con las que son madres, se entiende que “contaminan” a las demás lo que provoca que muchas de ellas se trasladen al programa de adultos independientemente de la edad lo que no ocurre con padres adolescentes que pasan desapercibidos.
La situación de las adolescentes embarazadas y madres en los centros educativos se convierte en muchos casos en “un problema” que genera discriminación, bullying y exclusión social.
El estudio publicado por el MINERD interpela a esta institución en sentido general y de forma particular al personal docente, directivo y de orientación de los centros educativos, a las asociaciones de padres y madres de las escuelas y a la sociedad en su conjunto. No podemos seguir con la doble moral y un abordaje superficial de la educación sexual que excluye este contexto social. La comunidad educativa debe repensar el currículo escolar desde la cotidianidad y la realidad cotidiana del estudiantado.
La ausencia de educación sexual integral con perspectiva de género impacta negativamente en la población infantil y adolescente de este país y si la escuela continúa negándole empoderamiento como sujetos titulares de derechos sexuales y reproductivos seguirán exponiéndose a riesgo de abuso sexual, explotación sexual, uniones tempranas y embarazados no deseados sin procesos de acompañamiento, orientación y herramientas para su prevención como ha sucedido hasta ahora.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY